Cada 5 de febrero México se mira al espejo constitucional. Se repiten los rituales cívicos, los discursos solemnes y la narrativa —ya casi automática— consistente en que la Constitución de 1917 fue “avanzada”, “progresista” y “adelantada a su tiempo”. El problema es que, más de un siglo después, seguimos discutiendo el texto mientras eludimos una pregunta más incómoda: ¿qué tan viva está la Constitución en la conciencia y en la práctica social de quienes supuestamente la encarnan? La Cuarta Encuesta Nacional de Cultura Constitucional, elaborada por el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aplicada en septiembre de 2024 a 1,200 personas en todo el país, ofrece una fotografía precisa —y preocupante— de nuestra relación con la Constitución. No se trata de una crisis de redacción normativa, sino de una fractura cultural.
El primer dato es brutal en su sencillez: casi el 94% de las personas reconoce conocer “poco” o “nada” la Constitución. Solo el 6.5% afirma conocerla “mucho”. Este dato, por sí solo, desmonta una ficción muy extendida en la discusión pública: la idea de que la Constitución es un referente cotidiano para la ciudadanía. No lo es. Para la mayoría, sigue siendo un documento distante, técnico, ajeno, reservado a juristas, políticos y tribunales.
Esta distancia cultural contrasta con otro fenómeno menos discutido pero igualmente revelador: la profunda transformación material del propio texto constitucional. En palabras del Prof. Edgar S. Caballero González, “De los 136 artículos que integran la Constitución, solo 16 permanecen intactos desde 1917. Apenas el 12.5% de los artículos conserva su estructura original y menos del 5% del texto literal promulgado hace 109 años sigue vigente. La Constitución de Querétaro tenía 21,371 palabras; el texto actual supera las 86,000. Es decir, hoy es 4.03 veces más extensa que la original, con un crecimiento superior al 300%”. En otras palabras, no estamos frente a un texto históricamente estático, sino ante un documento que ha sido modificado de forma casi permanente, sin que ello se haya traducido en una apropiación social equivalente.
Sin embargo, esa lejanía no implica indiferencia. Cuando se pregunta si la Constitución responde a las necesidades actuales del país, el 53% considera que ya no lo hace. Aquí aparece una paradoja central de nuestra cultura constitucional: se desconfía del texto sin conocerlo, se le juzga sin apropiárselo. No es una crítica informada al diseño constitucional, sino una percepción generalizada de ineficacia normativa, de incumplimiento estructural.
Esta percepción se confirma cuando el 88% de las personas afirma que la Constitución se cumple “poco” o “nada” en México. No es un juicio técnico, es un juicio experiencial. La Constitución falla no porque esté mal escrita, sino porque no se traduce en derechos efectivos, en seguridad jurídica, en igualdad material. El problema no es solo constitucional; es institucional, político y cultural.
Frente a este diagnóstico, la ciudadanía no parece apostar por rupturas radicales. La mitad prefiere cambiar la Constitución “solo en parte”, mientras que un tercio opta por dejarla como está. Apenas el 12.8% propone una nueva Constitución. La ciudadanía no percibe una necesidad urgente de refundación, sino de corrección, ajuste y, sobre todo, cumplimiento.
Pero quizá el dato más revelador —y más inquietante— es otro: el 53% considera que las personas que no saben de leyes no deben opinar sobre los cambios a la Constitución. Esta respuesta desnuda un problema profundo de cultura democrática. La Constitución es, formalmente, el pacto político fundamental; pero culturalmente sigue siendo vista como un asunto de expertos, no como un bien común deliberable.
Aquí se revela una contradicción estructural: aunque el 62% cree que los ciudadanos deben participar en la aprobación de reformas constitucionales, una mayoría simultáneamente considera que quienes no tienen conocimientos jurídicos no deberían opinar. Queremos participación, pero condicionada; democracia constitucional, pero tutelada; soberanía popular, pero con asteriscos.
Este es el verdadero déficit constitucional de México: no la falta de reformas, sino la ausencia de una cultura constitucional robusta. Una cultura en la que la Constitución no sea solo un texto que se invoca en ceremonias, sino un marco de sentido compartido; no un documento que se reforma compulsivamente, sino una norma que se conoce, se discute y se exige.
Durante décadas, hemos apostado por la inflación constitucional como sustituto del cumplimiento. Más de 259 reformas después, el problema persiste. La encuesta confirma que reformar no equivale a fortalecer, y que sin apropiación social no hay constitucionalismo efectivo.
Construir cultura constitucional implica algo más complejo —y menos vistoso— que reformar artículos: educación cívica sustantiva, pedagogía constitucional accesible, deliberación pública real y, sobre todo, coherencia entre norma y realidad. Implica aceptar que la Constitución no se defiende solo desde el púlpito institucional, sino desde la experiencia cotidiana de justicia o injusticia.
A 109 años de su promulgación, la Constitución mexicana no enfrenta un problema de edad, sino de arraigo. Mientras siga siendo un texto que se celebra pero no se vive, que se reforma pero no se cumple, seguiremos atrapados en una paradoja constitucional: tener una de las constituciones más reformadas del mundo y, al mismo tiempo, una de las menos apropiadas culturalmente por su ciudadanía. Tal vez el verdadero acto conmemorativo pendiente no sea otro desfile cívico, sino una pregunta colectiva incómoda pero necesaria: ¿qué estamos haciendo —como Estado y como sociedad— para que la Constitución deje de ser un símbolo y se convierta, por fin, en una práctica?
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