Los acontecimientos registrados los pasados 13 y 17 de febrero merecen algo más que una lectura episódica. No constituyen meras anécdotas del acontecer político, sino manifestaciones sintomáticas de una cuestión más profunda: la fragilidad estructural del modelo de servicio público y representación popular que México ha tolerado —y, en cierta medida, normalizado— en las últimas décadas.
Por una parte, Marx Arriaga, ex titular de la Dirección General de Materiales Educativos, realizó un acto de protesta previo a su separación del cargo, presuntamente vinculado a desacuerdos sobre contenidos de los Libros de Texto Gratuitos. Por otra, el diputado federal Sergio Mayer Bretón solicitó licencia para participar en un programa televisivo de entretenimiento.
Ambos actos son jurídicamente posibles. Ninguno, en sentido estricto, infringe una prohibición expresa. Sin embargo, la legalidad formal no agota la discusión institucional.
En el primer caso, el debate no gira en torno a una persona, sino a un principio: si las decisiones didácticas o curriculares, pueden modificarse por presiones coyunturales y no por criterios académicos sólidos, el Estado pierde consistencia como garante del derecho a la educación y del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.
En el segundo caso, el problema no es la licencia en sí misma —figura prevista por la normativa del Congreso— sino el mensaje institucional que transmite. El artículo 51 constitucional establece que los diputados representan a la Nación. La suplencia garantiza continuidad jurídica, pero no sustituye la dimensión simbólica y deliberativa del mandato. Cuando el encargo legislativo puede suspenderse para integrarse a la lógica del espectáculo, la representación se vacía de densidad republicana.
El punto no es moralizar trayectorias individuales. El punto es advertir que ambos episodios revelan una concepción laxa del servicio y la representación popular: una en la que el cargo, lamentablemente, no se sujeta a estándares exigentes de profesionalismo y dedicación.
Esta discusión cobra mayor relevancia si se contrasta con modelos institucionales donde el servicio público particularmente se estructura sobre bases meritocráticas rigurosas. En Francia, el Institut national du service public (INSP) forma a altos funcionarios mediante procesos académicos especializados. En Japón, el acceso al servicio civil se realiza a través del Comprehensive National Civil Service Recruitment Examination, evaluación altamente competitiva y técnica.
Es cierto que estos mecanismos se refieren al servicio civil profesional y no a cargos de elección popular. Pero la comparación resulta ilustrativa en un sentido más amplio: las democracias consolidadas comprenden que la función estatal requiere preparación sistemática, evaluación constante y una ética institucional robusta. La política puede ser electiva, sí, pero la gestión pública no puede ser improvisada. Cuando esta cultura institucional es débil, el Estado entero se resiente.
No es casual que México ocupe el lugar 121 de 143 países en el World Justice Project Rule of Law Index. Tampoco es irrelevante que, según Education at a Glance 2025 de la OCDE, el país mantenga niveles de escolaridad terciaria y posgradual considerablemente por debajo del promedio de economías desarrolladas.
Estos datos no son accesorios. Un sistema educativo con limitaciones estructurales reduce la formación de capital humano especializado; un Estado con déficits de profesionalización reproduce ciclos de improvisación; una representación popular y política sin estándares exigentes normaliza la intermitencia en el ejercicio del mandato.
Los dos casos mencionados no son equivalentes, pero comparten un denominador común: evidencian la insuficiencia de una cultura institucional que conciba el servicio público y la representación popular como una función de alta responsabilidad cívica, ética, técnica y simbólica.
En suma, si México aspira a fortalecer su Estado de derecho, mejorar sus indicadores educativos y consolidar su democracia representativa, debe avanzar hacia una redefinición sustantiva del servicio público. No basta la legalidad mínima; se requieren estándares máximos. Conformarse con menos, no es opción.
Mientras no asumamos esa transformación cultural e institucional, continuaremos ocupando posiciones rezagadas en los índices internacionales y reproduciendo un modelo indeseable de mediocridad en perjuicio del bienestar público.
Y es en esa brecha entre investidura y desempeño, desafortunadamente, es donde comienza la erosión silenciosa de la República.