La campaña internacional “Derechos humanos: lo esencial de cada día” de Naciones Unidas, presentada con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos 2025, propone un criterio simple y a la vez exigente: la vigencia de los derechos humanos se demuestra en la vida ordinaria. Caminar sin miedo, beber agua limpia, informarse sin restricciones indebidas, estudiar, descansar sin violencia y expresarse libremente son actos que revelan, de forma directa, si la Declaración Universal de 1948 funciona como un compromiso vivo o permanece únicamente como una afirmación retórica.
En su mensaje, el Alto Comisionado Volker Türk recordó que, frente a desigualdades crecientes, conflictos prolongados y una crisis climática acelerada, los derechos humanos constituyen una brújula indispensable para orientar la acción pública y estabilizar la convivencia social. Lo esencial, entendido desde esta perspectiva, no es un ideal abstracto, sino una condición práctica para la dignidad.
El contraste con la situación mexicana documentada en 2025 es significativo. Según el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, más de 115 mil personas permanecen desaparecidas, mientras que más de 72 mil restos sin identificar fueron reportados por morgues estatales entre 2006 y 2023. Si bien la tasa nacional de homicidios se redujo ligeramente a 24.9 por cada 100 mil habitantes, seis ciudades superaron los 100 homicidios, lo que indica una persistente crisis de violencia. A ello se suma que aproximadamente 70 % de las armas de fuego utilizadas en delitos proviene del contrabando desde Estados Unidos, lo que evidencia vulnerabilidades estructurales del Estado para controlar su propio territorio.
En el sistema de justicia penal, las debilidades son profundas: sólo 16 % de las investigaciones penales se resolvieron en 2022. Entre las personas que confesaron delitos, 38 % afirmó haberlo hecho tras golpes o amenazas; de 6,226 denuncias por tortura, únicamente 82 llegaron a proceso y sólo 10 concluyeron en sentencia. La prisión preventiva afecta al 37 % de la población penitenciaria, y más del 20 % lleva más de dos años encarcelado sin condena.
El deterioro institucional se manifiesta también en la eliminación del órgano garante de transparencia, así como en la ampliación del papel militar en funciones civiles, con 232,761 elementos desplegados en territorio nacional y control permanente sobre la Guardia Nacional. Entre 2018 y 2024, organizaciones especializadas documentaron 3,408 agresiones contra periodistas y 46 asesinatos, lo que confirma que el ejercicio de la libertad de expresión enfrenta obstáculos severos.
Por su parte, los datos comparativos del Rule of Law Index 2025 refuerzan este diagnóstico: México ocupa el puesto 121 de 143 países a nivel mundial, el 28 de 32 en América Latina y el 38 de 41 entre países de ingreso medio-alto. La evaluación es consistente: el país registra desempeños bajos en límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, justicia penal y seguridad, factores indispensables para sostener un Estado de derecho funcional.
La distancia entre el ideal planteado por la ONU y la realidad documentada por los informes no invalida la aspiración de “lo esencial”; por el contrario, subraya la necesidad de reconstruir las condiciones institucionales que permiten su realización. Estos avances, aunque relevantes, se ven limitados por estructuras debilitadas: una impunidad persistente, capacidades forenses insuficientes, militarización prolongada, debilidad de las fiscalías y una erosión sostenida de los contrapesos.
Si se busca que los derechos humanos se expresen efectivamente en la vida cotidiana, será necesario fortalecer la independencia judicial, profesionalizar la investigación criminal, restituir mecanismos de transparencia, acotar con claridad la intervención militar en tareas civiles y generar políticas que reduzcan la violencia y fortalezcan la confianza pública. Solo así lo esencial podrá dejar de ser una expectativa y convertirse en una realidad compartida.
La distancia entre el ideal y el país real es amplia, aunque no irreversible. Reducirla exige instituciones que funcionen, controles que operen y decisiones sostenidas, no proclamaciones circunstanciales. Solo entonces los derechos humanos podrán pasar de ser una aspiración normativa a una realidad efectivamente observable.