La represión nunca silencia. Siempre multiplica la protesta. Nepal y Francia lo acaban de demostrar. México debería tomar nota en este aniversario 215 de su Independencia.
En Nepal, el gobierno intentó callar a los jóvenes prohibiendo 26 redes sociales. No era una medida menor: en un país con una de las poblaciones más jóvenes del mundo y con millones de personas que dependen de las plataformas digitales para comunicarse y sobrevivir, la prohibición fue percibida como una afrenta a la libertad y a la dignidad. El resultado fue inmediato. Decenas de muertos, más de mil heridos y la renuncia del Primer Ministro. Lo que se intentó sofocar se convirtió en una ola incontenible. Censurar no silencia, radicaliza. Ese es el eco que llega desde Katmandú.
En Francia, el movimiento Bloquons tout (“Bloqueemos todo”) nació en redes sociales sin liderazgos visibles. Con una organización horizontal y una consigna simple, convocó a un paro nacional contra las medidas de austeridad. Inspirado en la memoria de los “chalecos amarillos”, pero con una dinámica distinta, mostró que la indignación ciudadana puede organizarse y presionar a un gobierno sin necesidad de estructuras tradicionales. El respaldo posterior de sindicatos y partidos de izquierda no hizo más que legitimar lo que ya era evidente: la protesta no requiere líderes carismáticos, basta la certeza de que los derechos están en riesgo.
Nepal y Francia, con contextos tan distintos, comparten una lección común: la protesta es un derecho, no una amenaza. La libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica están protegidos en nuestra Constitución, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No son concesiones que el poder otorga ni favores que puede retirar. Son límites jurídicos que lo obligan. Reprimirlos es siempre un error: destruye la legitimidad del poder y abre la puerta a la violencia y a la ingobernabilidad.
México no está ajeno a estas enseñanzas, ejemplo de ello, son las familias que buscan a sus desaparecidos y convierten el dolor en exigencia de justicia, o las comunidades que defienden el agua, el territorio y el medio ambiente.
Cada una de estas protestas recuerda que los derechos no se conceden, se ejercen. Y que cuando la respuesta es indiferencia o represión, lo que se erosiona no es la protesta, sino la credibilidad de las instituciones.
El 215 aniversario de nuestra Independencia no debe reducirse a banderas, discursos y ceremonias oficiales. La Independencia de 1810 fue, en su esencia, una gran protesta contra un poder colonial que había dejado de escuchar. Hoy, a más de dos siglos de distancia, la lógica sigue siendo la misma: cuando los cauces de participación se cierran, la sociedad busca otros. Lo vimos en Nepal, lo vimos en Francia. Lo podríamos ver en México.
La verdadera pregunta no es si habrá protesta, sino cómo responderá el poder. Sofocar voces no resuelve conflictos; los multiplica. Descalificar movimientos sociales no resta legitimidad a sus demandas; la traslada al gobierno que los ignora. Pretender que la protesta es un simple problema de orden público es desconocer su naturaleza como derecho fundamental y como expresión legítima de la democracia.
Honrar la Independencia hoy no es repetir discursos heroicos, es garantizar que los ciudadanos puedan disentir sin miedo.
Nepal mostró el costo de la represión. Francia, la fuerza de la organización ciudadana. México tiene ante sí la posibilidad de aprender de ambos: escuchar antes que reprimir, dialogar antes que imponer, abrir espacios antes que cerrarlos.
La protesta no es un obstáculo para la democracia. Es la más clara expresión de su vitalidad. El verdadero homenaje a nuestra Independencia es asegurar que la libertad de expresión y el derecho a la protesta se ejerzan plenamente.
Solo así podremos decir, con sentido real, que seguimos siendo un pueblo libre e independiente.