¿Un gringo en Gobernación?

Ser funcionario del gobierno plantea como requisito ser mexicano por nacimiento

¿Un gringo en Gobernación?
Nación 15/12/2021 02:55 Actualizada 03:00
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Al exgobernador de Baja California Jaime Bonilla se le vio otra vez ayer en el Palacio Nacional, segunda visita en menos de tres semanas. —¿Ya salió con chamba?— saltó la pregunta a su salida, pero Bonilla nada dijo y se fue. La frecuencia de estas visitas a su amigo AMLO y su apresurada salida de la sede del Ejecutivo acrecentaron la versión de que ya había un acuerdo para su incorporación a un cargo dentro del gobierno de la 4T, según le prometió el propio Presidente en octubre pasado, a unos días de que concluyera su breve mandato.

En la mira del cuestionado y polémico exgobernador que fracasó en su leguleya intentona de prolongar a cinco años el periodo de dos para el que fue electo, siempre ha estado —según sus cercanos— la secretaría de Gobernación, pero siquiera pensar que fuera para él la titularidad de esa cartera, resulta francamente un despropósito, dada la reciente designación para el despacho del Palacio de Cobián de Adán Augusto López, amigo, paisano y hombre de todas las confianzas del Presidente de la República.

Sin embargo, aseguran los que saben, ya fue nombrado para una subsecretaría del ramo. ¿Cuál de las dos que prevalecen en el organigrama? ¿La de Derechos Humanos, Migración y Población, en lugar de Alejandro Encinas o la de de Desarrollo Democrático y Asuntos Religiosos, en lugar de Rabindranath Salazar? Porque la de Gobierno —que encabezaron en su momento el actual director del IMSS, Zoe Robledo, y Ricardo Peralta— ya no existe, pues según informó la Segob el 31 de agosto de 2020, fue desaparecida de la estructura de Bucareli por razones austeridad ante el impacto de la pandemia.

Reabrir esa subsecretaría para dársela a Bonilla y presuntamente aliviar las múltiples tareas que en esa área recaen directamente en el secretario Adán Augusto López, pondría en entredicho dos aseveraciones de AMLO: la de su compromiso con la austeridad y la de que en este año ya no haría más cambios en el gabinete, según aseguró el pasado dos de diciembre.

Malo sería el mensaje que con ese nombramiento enviaría, sobre todo en momentos en que crece la confrontación de Bonilla con su sucesora en el palacio de gobierno de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, quien lo acusa de malos manejos de recursos públicos durante su administración.

Peor aún, reabriría el debate sobre la nacionalidad (o doble nacionalidad) del exgobernador de Baja California que el excandidato del PRD a la gubernatura Jaime Martínez Veloz presentó como uno de los argumentos centrales para impugnar la candidatura de Bonilla por Morena y su triunfo electoral en junio de 2019.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó días después que Bonilla renunció en 2012 a su nacionalidad estadounidense y que se le expidió el certificado de nacionalidad mexicana 1483. Sin embargo, Martínez Veloz asegura que Bonilla contendió en 2016 por el cargo de director del Distrito de Agua de Otay, California, cargo para el cual se exige la nacionalidad estadounidense y un juramento de apoyo y defensa a la Constitución norteamericana, igual que el que hizo en agosto de 2008 para aspirar a ese mismo cargo.

Ser alto funcionario del gobierno mexicano plantea como requisito ser mexicano por nacimiento, condición preponderante en quienes recae la tarea de la gobernanza del país. Meter ese debate en el confrontado clima político, sugiere otro desgaste innecesario para la 4T. Hasta el momento de escribir esta columna no había confirmación oficial de la eventual llegada a Bonilla a una subsecretaría que no está vacante, sino cancelada del organigrama.

Instantáneas:

1. FRENO AL “ACUERDAZO”. ¿Qué suspendió la Corte del llamado “acuerdazo” hasta que resuelva el fondo de la controversia constitucional presentada por el Inai y que admitió a trámite ayer? Que considerar de seguridad nacional e interés público las obras prioritarias del actual gobierno no sea pretexto para reservar información sobre ellas y fomentar la opacidad, a menos que se demuestre que se afectan esos principios. Mantiene, por lo pronto, el objetivo administrativo de agilizar trámites para su realización.

2. REVOCACIÓN. En el acuerdo de admisión de la controversia constitucional presentada por el INE contra el recorte de su presupuesto en 2022, la Corte rechazó la suspensión de la medida y recordó al órgano electoral que debe realizar el próximo 10 de abril la consulta sobre revocación de mandato, o de lo contrario podría incurrir incluso en responsabilidades penales.

3. FIRMAS. Poco más de tres mil maestros del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical decidieron apoyar el proceso para la realización de la consulta nacional de revocación de mandato. De esta manera se suman en los 32 estados del país a la captación antes del 25 de diciembre próximo, de los casi tres millones de firmas (3% de la Lista Nominal de Electores) que se requieren para convocarla y llevarla a cabo el 10 de abril del año próximo. Hasta los primeros minutos de ayer el INE tenía registradas y avaladas un millón 164 mil 881 firmas, por lo que restan un millón 593 mil 346 que deberán de obtenerse en el transcurso de los próximos diez días. Es decir, 159 mil 335 diarias, lo que se ve muy cuesta arriba si usamos como referencia que durante los 45 días que lleva el proceso se captaron un promedio de 25 mil 886 diarias.

4. ¿MISOGINIA EN LA CNBV? El pasado 29 de noviembre renunció a la vicepresidencia Jurídica de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Mónica Brenda Villarreal. Sorprendió y preocupó entre el personal de la CNBV que, a su recién nombrado presidente Jesús de la Fuente Rodríguez, molestara tanto que una mujer le renunciara y que le levantara un acta administrativa por hacerlo, además de hacerla abandonar el edificio sede de inmediato, acompañada por personal de seguridad. Si a De la Fuente Rodríguez —nombrado para el cargo el pasado 28 de octubre— no parecen preocuparle las eventuales reacciones de los colectivos feministas por esta denunciada reacción misógina, seguro que no le importa la que podría salir de Palacio Nacional, donde la estrategia para posicionar a Claudia Sheinbaum como candidata presidencial, enfatiza en la paridad de género tanto en su gabinete como en sus recientes propuestas, avaladas por el Senado, de Loretta Ortiz como ministra de la Corte, y de Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México. Mónica Brenda Villarreal asumió el cargo al que ahora renuncia en noviembre de 2019, cuando la CNBV todavía era presidida por Adalberto Palma.

 

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