Cuando declaró el jueves pasado que “no tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada” e instruyó se concluyera la iniciativa en sus términos originales para hacerla pública y enviarla a la Cámara de Diputados pasado mañana martes, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió al menos estas tres lecturas:
1. Que se cansó de esperar un acuerdo que ya vislumbra inalcanzable con sus aliados el Verde y el PT para completar la mayoría calificada de dos terceras partes del total de los votos legislativos, requerida para cualquier enmienda constitucional.
2. Que tiene un plan alternativo -visto, de entrada, prácticamente imposible- para conseguir el voto de algunos integrantes de las fracciones aliadas o de un buen número, nada pequeño, por cierto, de posibles “maiceados” del PAN y el PRI, para sumar al voto de los 257 diputados de Morena los 77 que le faltarían para alcanzar los 334 necesarios.
Y 3. Que les cobrará caro el abandono a verdes y petistas, en una arriesgada jugada: aceptar el costo político del rechazo a su iniciativa de reforma y romper la alianza electoral con el Verde y el PT en los comicios federales intermedios de 2027, con la intención de que Morena obtenga por sí solo la mayoría calificada del Congreso, muestre el tamaño real de su representación (algo así como lo que fue el Plan C de AMLO) y exponga a sus aliados a una drástica disminución de votos que, en un caso extremo, podría llevarlos a la pérdida del registro.
El desacuerdo entre la coalición gobernante -no dirimido a lo largo de veinte mesas de diálogo que desde el 16 de enero pasado encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, tiene que ver con propuestas que para Sheinbaum son irrenunciables porque, asegura, son demandas del votante: reducir sustancialmente el costo de las elecciones, disminuir el financiamiento público de los partidos políticos y eliminar y/o achicar las diputaciones y senadurías de representación proporcional.
Según encuestas de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral que encabeza Pablo Gómez, 70 por ciento de la ciudadanía está a favor de esas propuestas, que son exactamente las mismas que rechazan el Verde y el PT, partidos bisagra que han vivido y consolidado su presencia “vendiendo caro su amor” en alianzas que garantizan su acceso a las prerrogativas electorales y a un mayor número de curules y escaños.
Aceptar el fin de las plurinominales es para el Verde y el PT como darse un tiro. A lo mejor todavía guardan una última carta negociadora que sería aceptar la disminución a cambio de ir mano en varias gubernaturas.
Desalienta que el debate esté atorado por intereses económicos y desplace temas cruciales como el de la representación de las minorías, el piso parejo para los contendientes, la imparcialidad, credibilidad y funcionalidad de los órganos electorales y destacadamente en estos momentos, el blindaje de los procesos contra la infiltración del crimen organizado.
Por lo que se sabe hasta ahora, la propuesta presidencial respecto a la composición del Congreso va por 508 diputados: 300 de mayoría, 200 de representación proporcional con cien de ellos elegidos como primera minoría y otros cien por el sistema de listas nacionales abiertas, no determinadas por las cúpulas partidistas, a las que se agregarían ocho elegidos por la diáspora mexicana; y por 96 senadores: 64 elegidos por mayoría relativa (dos por cada estado) y 32 de primera minoría (uno por entidad), sin que los haya de representación proporcional.
En cuanto al financiamiento público de los partidos se plantea una reducción sustancial de 25% para el ordinario en año no electoral. Para el extraordinario en año electoral aumentaría 50% sobre el monto aprobado para un año no electoral.
El consejo general del INE se reduciría de once a nueve integrantes que durarán un período de nueve años sin posibilidad de reelección. No se conoce hasta ahora cómo serían electos, ya sea mediante el voto popular o vía la Cámara de Diputados como actualmente se hace. Además, el INE ya no tendría 300 juntas distritales permanentes, sino temporales.
Se supo, por otra parte, que la iniciativa establece que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) se mantienen, pero se reducen de siete a cinco sus consejeros, quienes ya no serán designados desde el INE, sino desde el Senado.
Instantáneas:
1. PAZ. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó ayer a la organización política Construyendo Sociedades de Paz no usar el acrónimo CSP, tras la demanda que la consejería Jurídica de la Presidencia presentó por considerar que generaría confusión entre los votantes usar siglas que son iguales a las del nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta asociación política que aspira al registro condicionado como partido y que lidera el hoy diputado morenista Hugo Erik Flores acató la orden y anunció que lo que antes fue Encuentro Social, ahora será nombrado Partido PAZ. Para Flores, la Presidenta en realidad buscó deslindarse de cualquier vínculo con ese partido de cuyo desprestigio culpó al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y al expresidente municipal de Tijuana y excandidato a gobernador de Baja California, Jorge Hank Rohn.
2. REMESAS. Las remesas enviadas a México disminuyeron el año pasado en casi tres mil millones de dólares al pasar de 64 mil 700 millones de dólares en 2024 a 61 mil 700 millones de dólares en 2025, de acuerdo con las más recientes estadísticas del Banco de México. No obstante, y pese a las agresivas políticas antiinmigrantes, persisten dinámicas y mantienen hoy su relevancia, considera el exdirector del Instituto Nacional de Migración y profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, Tonatiuh Guillén. Realmente es admirable y poderoso el esfuerzo de las y los mexicanos en Estados Unidos. Tanto así que el mayor crecimiento de las remesas ocurrió justo al iniciar la pandemia en 2020, en el momento más difícil para las familias tanto en México como en Estados Unidos.
3. ADEUDO FISCAL. Elba Esther Gordillo deberá pagar 19 millones 269 mil 323 pesos por el impuesto sobre la renta (ISR) correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, determinó la SCJN al dejar firme el jueves pasado la sentencia de un tribunal colegiado que la obliga a cubrir el adeudo fiscal y aprobar por unanimidad el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama con el que se revocó la decisión tomada en mayo de 2025 por la ministra en retiro y expresidenta de la Corte, Norma Piña Hernández.
4. UN SENTIDO PÉSAME para el gobernador de Puebla, Eduardo Ramírez Aguilar por el fallecimiento de su madre, la señora Natividad Aguilar. Mis deseos de pronta resignación para el mandatario, su familia y sus seres queridos.
@RaulRodriguezC
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