Reactivos y productos químicos esenciales —sustancias cuyo manejo en México está sujeto a controles para prevenir su desvío hacia la producción de drogas sintéticas como el fentanilo y las metanfetaminas— continúan ofreciéndose al público abiertamente en plataformas en línea de distribuidores del sector, con mecanismos de compra o cotización habilitados como si se tratara de insumos de bajo riesgo.
La Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas establece que dichas sustancias están sujetas a control en actividades como producción, enajenación, adquisición, importación, transporte, almacenaje y distribución con el propósito de “prevenir, detectar y evitar su desvío” hacia drogas sintéticas. Por eso establece obligaciones de registro y trazabilidad a través del Sistema Integral de Sustancias administrado por la autoridad sanitaria.
El 6 de octubre pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra ocho personas físicas y doce empresas mexicanas, señaladas por integrar una red que —según Washington— provee precursores químicos y equipo de laboratorio a estructuras criminales.
En el centro de ese entramado la OFAC ubicó a “Sumilab”, empresa del giro de insumos y consumibles para laboratorio que según el Tesoro estadounidense está principalmente vinculada a la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y que es parte de el grupo empresarial sinaloense de la familia Favela López, de acuerdo con diversas fuentes periodísticas.
El precedente de las alertas públicas sobre la falta de controles en este mercado se remonta al menos a 2020 cuando la OFAC detectó que se violaban regulaciones mexicanas y facilitaban la producción de opioides sintéticos.
Tras los señalamientos y las investigaciones sobre ventas con controles limitados de sustancias de alto riesgo, se informó de la implementación de medidas temporales de mayor control en fabricantes y distribuidores, con auditorías a distribuidores primarios que derivaron en el retiro de algunos jugadores del mercado.
En ese mismo periodo, una de las respuestas corporativas citadas en el sector fue la suspensión de ventas en México de un químico sensible bajo marca internacional, medida que fue presentada como reacción a los señalamientos y al escrutinio público.
Sin embargo, otros actores del sector sostienen que los controles no se consolidaron y que el mercado mantuvo prácticas que permiten la oferta abierta de productos regulados, mientras que en testimonios e información sectorial se afirma que, aun con sanciones y cambios corporativos, “Sumilab” habría continuado operando mediante ramificaciones y cambios de razones sociales, conservando —según esas fuentes— elementos de continuidad operativa.
Las empresas sancionadas por la OFAC son, además de “Sumilab”, las siguientes: “Agrolaren”, “Distribuidora de Productos y Servicios Viand”, “Favelab”, “Favela Pro”, “Qui Lab”, “Sore Lab”, “Marcelab”, “Comercial Viosama del Noroeste”, “Prolimph Químicos en General”, “Proveedores de Servicios de Salud Mental del Pacífico” y “Roco del Pacífico Inmobiliaria”.
Como se asegura que el foco del caso no se limita a un solo acreedor hay preocupación e inquietud entre los afiliados a la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para Laboratorios (DICLAB) por los señalamientos contra otros actores importantes del sector que, sin estar incluidos en la lista de sancionados de la OFAC, son referidos en las investigaciones periodísticas hechas al respecto.
Es el caso de “Viresa” (Vidriería y Reactivos SA de CV), “Jaxaquim”, “Distribuidora Khemia” y “Centro Integral de Servicio para Laboratorio” (“Cislab”) S de RL de CV), con productos químicos esenciales ofrecidos en internet, con búsqueda y disponibilidad habilitadas para sustancias reguladas.
Además de la oferta abierta, el tema se cruza con el gasto público pues algunas de las empresas señaladas o sancionadas por las autoridades estadounidenses mantuvieron contratos con gobiernos estatales y entidades públicas.
Ese elemento amplifica el alcance del problema al incorporar compras institucionales dentro de un mercado donde la norma exige trazabilidad y controles de cadena de suministro para sustancias reguladas.
Instantáneas:
1. PLAN B. El llamado Plan B de reforma política electoral que enviará la presidenta Sheinbaum a la cámara de Diputados luego de que el miércoles pasado su primera iniciativa en la materia fuera desechada tras no alcanzarse la mayoría calificada de 334 votos para aprobar una enmienda constitucional por el sufragio en contra del PT y el Partido Verde, aliados de Morena, no solo incluiría propuestas de cambios en las leyes electorales secundarias. También lo hará en algunos preceptos de la carta magna. No, por supuesto, en los que ya fueron desechados, sino en otros. Uno de ellos sería flexibilizar la consulta popular regulada por el artículo 35 constitucional que, por ejemplo, en sus términos actuales, descarta que se someta a ella la materia electoral. Dicho de otro modo: propondría llevar a plebiscito una reforma electoral. Y esto requeriría que Verde y PT votaran a favor con Morena.
2. PARA EL REGISTRO. El miércoles pasado votaron en la sesión plenaria de la cámara de diputados 494 legisladores, es decir, solo faltaron seis para que estuvieran sus 500 integrantes. Fueron 259 votos los que se emitieron a favor y 234 en contra. En la bancada de Morena fueron tres los renegados que votaron en contra pese al acuerdo tomado previamente en una reunión privada del grupo parlamentario. Se trata de Giselle Arellano Ábila, Alejandra Chedraui Peralta y Santi Montemayor. Otras cuatro guindas se ausentaron: Manuel Espino (que trae un tema de salud), Jesús Jiménez, Iván Peña y la ministra en retiro de la Corte y exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La mayoría de la bancada Verde votó en contra, pero doce lo hicieron a favor: Anabel Costas, María del Carmen Cabrera Lagunas, José Brana, Carlos Cantú Rosas, Manuel Cota, Denise Guzmán, Blanca Hernández, Hilda Licerio, Mario López Hernández, Iván Marín, Alejandro Pérez Cuéllar y Maricel Silva. Del PT solo uno votó a favor: Jesús Corral Ordoñez y otro se ausentó: José Alejandro Aguilar. El PAN y MC votaron en contra en su totalidad, mientras que el PRI tuvo la ausencia de Marcela Guerra. La diputada del Movimiento del Sombrero, Guadalupe Mendoza Arias votó en contra.
3. RECRIMINACIONES. El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara criticó que los partidos Verde y del Trabajo, aliados de Morena, no respaldaran la reforma político electoral de la presidenta Sheinbaum. Dijo que era una “muy mala señal” porque, de acuerdo con sus sondeos, dichas enmiendas constitucionales están respaldadas por 84 por ciento de la población. No se olvide que, en Oaxaca, el Partido del Trabajo siempre va en contra de Morena, toda vez que el líder de ese partido en la entidad, Benjamín Robles Montoya ha traicionado al movimiento fundado por AMLO, como ocurrió en 2016 cuando trabajó electoralmente a favor del PRI o con la reciente consulta de revocación de mandato en la que -según Jara- encabezó una virulenta campaña contra su gobierno.
4. ¿Y EL DERRUMBE? Todas las pirotecnias con motivo de la reforma político electoral que se atoró en San Lázaro, han provocado que el tema del derrumbe de un edificio privado en avenida San Antonio Abad 124, se relegue por el momento. Lo que parece claro es que el asunto tiene nerviosa e imprecisa a la alcaldesa en Cuauhtémoc, quien al menor estímulo sobre casi cualquier cosa hace un video siempre destinado a repartir culpas. Lo que debe tener claro es que César Cravioto, el secretario general de gobierno de la CDMX, dejó de ser Comisionado de la Reconstrucción hace casi cinco años, así que podría estar embistiendo molinos de viento con sus lanzas. Mi abuelita decía: la prisa es imprecisa. Algunas campañas, también.
5. MARAÑA DE PERMISOS. Pero la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega no quita el dedo del renglón y defiende con todo su versión sobre las responsabilidades en el derrumbe de San Antonio Abad y el enmarañado legal y burocrático que terminó con la muerte de tres trabajadores. De acuerdo con declaraciones de Rojo de la Vega, la alcaldía Cuauhtémoc le negó los permisos a la empresa DEMEC, encargada del proceso de demolición del referido inmueble, por no cumplir con los estándares de seguridad y otros requisitos. Ante esa negativa, la empresa acudió la Comisión para la Reconstrucción, ya que el inmueble sufrió daños estructurales por el sismo del 2017 y ahí si les dieron las facilidades administrativas previstas en la Ley para la Reconstrucción para poder demoler. Estas contradicciones recaen en Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX, quien debió haber analizado la negativa de la alcaldía y luego revisar con lupa que la compañía cumpliera con los requisitos de seguridad. Rojo de la Vega asegura que así se había acordado en una mesa de trabajo y el salir en conferencia el gobierno capitalino pareció un “madruguete traicionero”.
6. TIANGUIS. En Guerrero se preparan para la realización del Tianguis Turístico número 50 que se celebrará en Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de abril próximo. En una reunión del gobierno estatal con representantes del sector turístico se presentaron avances, estrategias de promoción y diversas acciones que se implementarán para esta histórica edición del evento que regresa a su sede tradicional. Por cierto que el pabellón de Guerrero dispondrá de alrededor de 100 espacios de negocios para destinos, empresas y prestadores de servicios turísticos del estado, un espacio que incluirá áreas para la firma de convenios, entrevistas con medios de comunicación, reuniones de trabajo y diversas actividades de promoción turística, que forman parte de la estrategia de promoción implementada por la gobernadora Evelyn Salgado.
@RaulRodriguezC
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