La sana práctica de someter a revocación de mandato a un gobierno, promovida por AMLO a nivel federal mediante una reforma constitucional, se encamina a ser pervertida por la propia 4T y la oposición , animados ambos por sus intereses electorales, en medio de la adelantadísima sucesión presidencial.
Todo cuanto se ha hecho para llevarla a buen puerto en marzo del año próximo, ha sido motivo de polémica y de confrontación.
Primero fue la fecha de su eventual realización. AMLO prometió como candidato celebrar esa consulta cada dos años. Ya aprobada la reforma constitucional, Morena y el gobierno de López Obrador plantearon su realización una vez, a mitad de sexenio, y que para abatir gastos en el contexto de la austeridad republicana se llevara a cabo el mismo día de la elección federal intermedia del 6 de junio pasado. La propuesta fue tajantemente rechazada por la oposición, con el argumento de que lo que el Presidente pretendía era estar presente en las boletas para que su popularidad favoreciera la captación de votos para los candidatos de su partido.
Definida finalmente la fecha para marzo de 2022, se pasó al tema de la aprobación de la ley reglamentaria de Revocación de Mandato que el grupo parlamentario del partido en el poder no pudo sacar en los tiempos previstos por la misma legislación y que la oposición rechazó dos veces cuando se pretendió incluirla en periodos extraordinarios.
Ante la falta de la ley reglamentaria y ya con los tiempos encima, el INE elaboró un reglamento para la organización de la consulta. De él derivó que la recolección de las firmas necesarias para convocarla se haría mediante un mecanismo electrónico, lo que impugnó Morena. La oposición, por su parte, exigió que, en el fraseo de la pregunta a consultar, se incluyera el término “pérdida de confianza”, lo que incomodó a la 4T que simplemente consideraba preguntar si el Presidente debía o no continuar al frente del Ejecutivo.
Finalmente se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato (la reglamentaria) en la que la pregunta es: ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador , Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?, con estas posibles respuestas: “Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF ) ordenó al INE que las firmas para la consulta revocatoria se recabaran mediante aplicación móvil, pero también en papel, lo que viene a complicar al instituto electoral el cumplimiento de ese requisito con los tiempos tan cerrados.
Tiene lógica el planteamiento del bloque opositor. La razón para revocar un mandato no puede ser otra que la pérdida de confianza. De otra manera sería una ratificación intencionada con miras a beneficiar al partido en el gobierno en los próximos procesos electorales, sobre todo el presidencial de 2024.
¿Cómo recabar firmas para revocar por pérdida de confianza, cuando la aceptación presidencial raya en el 64 por ciento? El proceso ha iniciado y tienen que ser 2.7 millones las firmas requeridas (el tres por ciento de un padrón electoral conformado por 93.8 millones de ciudadanos). ¿Se conseguirán en un plazo que vence el próximo 15 de diciembre?
Y más aún: ¿participarán los 36 millones de electores (40 por ciento de la lista nominal) para que el resultado sea vinculante (de aplicación obligatoria)?. AMLO ha dicho que acatará el resultado, aunque no se obtenga el mínimo de participación exigido por ley.
Por si algo faltara, ha surgido otro elemento que pone en riesgo la consulta revocatoria. El proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 (cuya aprobación deberá ocurrir por ley a más tardar el próximo domingo, reduce los gastos del INE en cuatro mil 900 millones de pesos, cuando el gasto estimado para la revocación de mandato es de tres mil 800 millones de pesos.
Surgen varias preguntas: ¿Podrá el INE organizar la consulta con el reducido presupuesto que se plantea otorgarle? ¿Existe la intención desde la 4T de ponerle al INE todos los obstáculos para que no pueda realizarla? ¿Si no la hace el INE, quien la hará?
Lo que ven desde el bloque opositor es la intención de ahorcar al instituto electoral, culparlo de que la gente no acuda a la consulta y finalmente sacrificarlo.
Por donde se vea es, como le digo, la perversión de una sana práctica de democracia directa.
Instantáneas:
1. PARA EL REGISTRO. Tras la intempestiva salida de Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, llega para sustituirlo por acuerdo presidencial Pablo Gómez Álvarez . Aunque economista, no parece tener el perfil técnico y jurídico para asumir la responsabilidad en una de las pocas posiciones de la 4T que han dado resultados tangibles y cuantificables. No se desconoce, por supuesto, su trayectoria política como activista del Movimiento del 68, su dirigencia en el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y su larga carrera como diputado y senador del PRD y actualmente de Morena. Vaya simplemente para el registro, la manera en que se han empoderado Gómez y su expareja Elvira Concheiro. Ella es la actual Tesorera de la Federación, un hijo de ambos, Ángel Gómez Concheiro es director general de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la CDMX y una sobrina de Pablo, Galia Borja Gómez es subgobernadora del Banco de México. Un hermano de Elvira, Luciano Concheiro Bórquez es subsecretario de Educación Superior de la SEP y otro, Juan Concheiro Bórquez, es director de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Y una prima de la Tesorera, María de los Ángeles Comesaña y Concheiro, es directora de Análisis Económico de la SCT.
2. DE LA QUE SE SALVÓ. El que había confirmado su asistencia a la boda en Guatemala de Santiago Nieto es Marcelo Ebrard. Son muy amigos. Pero la muerte de la suegra del canciller y el luto por la pérdida, lo hicieron cancelar. En la ceremonia de Antigua sí se dejaron ver el subsecretario de Relaciones para América Latina, Maximiliano Reyes Zúñiga y el director general para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez.
3. CONGRUENCIA. Otro que fue invitado a la boda, pero no pudo asistir por su agenda legislativa fue Ricardo Monreal . El líder de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado y presidente de la JUCOPO calificó como “acto de congruencia” la renuncia del hoy exdirector de la UIF. Destacó que Nieto ha sido un funcionario eficaz y leal a México, y lamentó el “linchamiento” de quienes ahora lo tachan de traidor.
@RaulRodriguezC
www.raulrodriguezcortes.com.mx