¿Quién es el donador “golpista” de Claudio X. González y Va por México?

Raúl Rodríguez Cortés

Tras la careta humanitaria de la USAID ha estado el financiamiento a grupos opositores de gobiernos contrarios a los intereses regionales de Washington

Un reportaje de la revista Contralínea reveló la semana pasada que la principal fuente de financiamiento de la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) –una de las varias asociaciones civiles que encabeza Claudio X. González Guajardo, quien, entre otros, articuló la alianza electoral opositora “Va por México” (PAN-PRD-PRI) con el respaldo de algunos grupos empresariales y de la sociedad civil– es la embajada de Estados Unidos en México a través, principalmente, de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), dependiente del Departamento de Estado del gobierno de Washington.

MCCI aceptó que, en efecto, uno de sus “donantes” (25 millones 700 mil pesos durante los últimos dos años, 19.1% de sus ingresos totales), provienen de la USAID, como parte de su misión de promover la democracia y hacer valer el estado de derecho; lo que para AMLO es un inaceptable acto de intervencionismo que patrocina intereses políticos golpistas. De ahí que su gobierno presentara al de Washington el viernes pasado una nota diplomática en la que se pide una explicación sobre el caso.

Para normar criterios sobre esta nueva confrontación, a tres semanas de las cruciales elecciones del próximo 6 de junio, cabría preguntar ¿qué es la USAID y qué se sabe de su pasado?

Según su propia definición, es una entidad del gobierno de Estados Unidos que administra una serie de fondos destinados a dar asistencia financiera, técnica y humanitaria a más de 70 países en el mundo. Ha enfatizado, durante los últimos años, en financiar proyectos a favor de la democracia, la gobernabilidad y el crecimiento económico.

La idea de su creación se remonta al Plan Marshall (1948) y a la Alianza para el Progreso (1961). Mediante el primero, Estados Unidos canalizó fondos multimillonarios para la reconstrucción de Europa tras la devastación dejada por la Segunda Guerra Mundial, pero también para contener el avance de la entonces Unión Soviética más allá del muro de Berlín. Y mediante la segunda, destinar recursos para el desarrollo de naciones latinoamericanas y del Caribe que, a la vez, serían el valladar que contuviera el avance en la región de la revolución cubana.

La Alianza para el Progreso acabó por fracasar dadas las condiciones financieras prácticamente incumplibles que Washington exigía para la transferencia de fondos, lo que dio lugar a que se sustituyera por la USAID que, desde 1970, ha sido un pilar de la política exterior estadounidense, sobre todo en su relación con América Latina.

Pero los hechos pronto dieron cuenta que tras la careta humanitaria de USAID estaba el financiamiento a grupos opositores de gobiernos latinoamericanos contrarios a los intereses regionales de Washington, que apoyaban operaciones encubiertas de otras agencias como la CIA. La lista es larga:

En Cuba, por ejemplo, uno de los muchos intentos de asesinato a Fidel Castro, fue encargado en 1971 a Antonio Veciana del Alpha-66 (organización terrorista que participó en la fallida invasión de Bahía de Cochinos), quien entonces era funcionario de la USAID en Bolivia.

En Uruguay, la USAID promovió en 1970 un programa secreto de adiestramiento de policías cuyo objetivo era la destrucción de todas las fuerzas de izquierda en América Latina. En Chile, financió a los grupos locales que se opusieron en 1973 al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende hasta que fue sangrientamente derrocado por las fuerzas armadas de ese país bajo la conducción de la CIA. En Venezuela, con el anunciado fin de fortalecer la democracia, dio apoyo en 2002 a sectores del Ejército que encabezaron el frustrado golpe de estado contra Hugo Chávez. En Haití, patrocinó a empresarios locales y a las fuerzas armadas que derrocaron en dos ocasiones (1991 y 2004) al presidente Jean-Bertrand Aristide. En Honduras, financió a los grupos locales que impulsaron en 2009 el cuartelazo al presidente Manuel Zelaya. Y en Bolivia, impulsó en diversos momentos operaciones opositoras al régimen de Evo Morales, hasta su caída en 2019.

Entonces, si camina como pato, nada como pato y grazna como pato… pues es pato.
Instantáneas:

1. DELITOS ELECTORALES. ¿Para qué es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la FGR? Pues su nombre lo dice, investigar delitos electorales. ¿Y cuándo se cometen delitos electorales? Pues cuando hay elecciones. ¿Por qué entonces el desgarramiento de vestiduras tras el anuncio del inicio de investigaciones por la presunta compra del voto del candidato al gobierno de Nuevo León de la alianza PRI-PRD Adrián de la Garza, y por las presuntas aportaciones ilegales de dinero y de fondos de origen ilícito a la campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel García? Si incurrieron en el delito, así sea a unos días de los comicios, que se les castigue. ¿Acaso no fue por violar la ley que les cancelaron las candidaturas a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán?

2. CONFESIÓN. El presidente de la República y todos los funcionarios públicos tienen prohibido por ley meter mano en los procesos electorales. Por eso resultó inoportuno y comprometedor que AMLO haya confesado ayer que sí las tiene metidas. Nos lleva a inferir que busca beneficiar a los candidatos de su partido. Pero su respuesta a por qué lo hace, tuvo que ver con la pregunta expresa sobre la compra de votos mediante una tarjeta rosa por parte del candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza. “No voy a ser cómplice de un fraude electoral”, explicó. Y su respuesta es consecuente con su promesa de garantizar comicios limpios. Si no, ¿qué caso tuvo cambiar la ley para que los electorales sean procesados como delitos graves?

3. TODOS COLUDOS. Si se va a actuar contra De la Garza en Nuevo León por compra de votos mediante una tarjeta, no hay razón para que no se proceda contra otros candidatos que están haciendo exactamente lo mismo. Es el caso de la candidata de Morena a la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, Evelyn Parra, quien entrega a cambio de votos, la tarjeta #RespaldoVC que ya pueden ser ocupadas de manera inmediata en tiendas de conveniencia y de autoservicio. Esta práctica, considerada por AMLO como fraude electoral, fue denunciada desde abril pasado por la candidata de Va X México a esa demarcación, Rocío Barrera, sin que haya respuesta hasta ahora de las autoridades electorales. Otro caso es el del candidato del Verde-PT al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona quien ofrece a simpatizantes y ciudadanos la tarjeta llamada “la cumplidora”, bajo la promesa de recibir beneficios económicos si votan por él.

4. VACUNAS. No pierda de vista esta fecha: 25 de mayo. Si no hay cambios de última hora, ese día se liberará el primer lote de vacunas de AstraZeneca envasado en nuestro país. Si bien es cierto que se entregarán con un retraso importante de casi dos meses, el que empiece la liberación de ese producto permitirá agilizar y completar el plan de vacunación. Por otra parte, fuentes de la Cancillería confirman que avanza el acuerdo con Estados Unidos para un nuevo préstamo de vacunas de AstraZeneca, derivado del encuentro virtual que AMLO sostuvo el viernes pasado con la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris. Buen día el de ayer en materia de vacunas: además de que llegó otro cargamento con 575 mil dosis de Pfizer, el secretario Marcelo Ebrard informó que este mes iniciará la fase clínica tres de Walvax, vacuna china ARN en desarrollo.

5. LÍNEA 12: SECUELAS. Bajo lupa deberían estar los contratos vigentes con las empresas que estuvieron involucradas en la construcción de la Línea 12 del Metro, no sólo porque habrían podido incurrir en actos de corrupción y conflictos de intereses, sino porque algunas de ellas participan actualmente en proyectos emblemáticos del actual gobierno como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Es el caso de ICA, a cuyos directivos AMLO hizo un llamado en diciembre pasado desde la presa Santa María, en Sinaloa, a que se apliquen a fondo para terminar las obras pendientes. Ojalá las autoridades también se apliquen a fondo en la investigación de la Línea 12 y, por lo pronto, no asignen más contratos a empresas que no cumplan con los mínimos estándares de calidad y transparencia.

6. MUCHO OJO. En un ambiente político tan enrarecido, no parece oportuno abrir un nuevo frente, ahora para buscar regular las plataformas electrónicas que funcionan en el país para, por ejemplo, la repartición a domicilio. La plataforma safeshopping.news advierte sobre el gran impacto que ha tenido en España obligar a que los repartidores no puedan ser independientes y deban contratarse con una sola empresa en lugar de operar con varias opciones de mercado y clientes. En España –señala– podrían perderse hasta 15 mil empleos por una ley que los somete a un patrón, un ingreso fijo y exclusividad con una sola plataforma. Ojo México.

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