Por recientes decisiones “atípicas” y “técnicamente inconsistentes” que alimentan la percepción de posible favoritismo mediante “criterios ajustados a conveniencia” por la CFE, la licitación de la fase III de lo que será el parque de energía solar más grande de América Latina en Puerto Peñasco, Sonora, se ha convertido en foco de creciente preocupación y escrutinio.
Aunque la CFE que dirige Emilia Calleja Alor insiste que la licitación es abierta y competitiva, una inquietud recurrente entre los licitantes es la aparente alineación de diversos criterios técnicos con las especificaciones comerciales de los sistemas de almacenamiento de energía de la empresa china Huawei, proveedor que ya tuvo un papel central en la fase II del emblemático megaproyecto fotovoltaico.
Lo preocupante del caso -explican algunos de los participantes en la licitación- es que el hecho de que los criterios técnicos fijados por la CFE coincidan “milimétricamente” con los de los equipos de almacenamiento energético de Huawei, impide que haya una libre participación, dificulta o encarece la competencia de otros fabricantes y obliga a los licitantes a ajustar costos o adoptar directamente las soluciones de la compañía china.
A esta preocupación se suma un movimiento que ha causado particular desconcierto: la decisión de la CFE de modificar y reducir los requisitos de experiencia previa en proyectos similares necesarios para participar y llama la atención que esta “flexibilización” ocurra justo después de que la empresa pública se enterara de qué compañías están interesadas en el proyecto.
Esta reducción de los requisitos de experiencia sin explicación de por medio, fue un movimiento que los especialistas del sector eléctrico consideran “atípico” e interpretan como una señal de que los criterios son ajustados a los perfiles de ciertos competidores.
Aunque la Comisión Federal de Electricidad argumenta que la “flexibilización” busca abrir la participación, los especialistas cuestionan tanto el momento como la coherencia técnica de esa decisión, pues si esos hubieran sido realmente los objetivos, se habrían fijado criterios más accesibles desde el inicio y no después de identificar a los interesados.
Rebajar la experiencia mínima en un proyecto de la complejidad de la planta de energía solar de Puerto Peñasco expone a la propia CFE a riesgos de incumplimientos por contratar a empresas no calificadas para desarrollar esos trabajos.
Por otra parte, el posible sesgo hacia la tecnología de Huawei no solo tiene efectos en la competencia del proceso, sino que abre también una discusión diplomática relevante, pues la empresa china figura en diversas listas de entidades restringidas por Estados Unidos relacionadas con las telecomunicaciones, la ciberseguridad y la infraestructura crítica.
Aunque estas restricciones no aplican directamente en el sector energético, analistas advierten que la percepción de dependencia tecnológica en proyectos estratégicos puede tensar capítulos sensibles del T-MEC, especialmente aquellos vinculados a seguridad, infraestructura y cadenas de suministro. Un proceso de licitación percibido como opaco o técnicamente orientado hacia un solo proveedor, en este caso chino, puede abrir un flanco político y diplomático innecesario.
Esta inquietud crece ya que el llamado Plan Sonora y su eje, el megaproyecto fotovoltaico de Puerto Peñasco, es el proyecto insignia del gobierno mexicano para impulsar energías renovables y se ha presentado como un modelo de colaboración energética con Estados Unidos.
La planta de Puerto Peñasco está planeada para tener una vez terminada una capacidad instalada de mil mega watts y podrá abastecer de energía limpia a más de 1.6 millones de usuarios. Su producción de energía será equivalente a 62 por ciento de lo que genera la nucleoeléctrica de Laguna Verde, 42 por ciento de la gigantesca hidroeléctrica de Chicoasén, 71 por ciento de la planta de carbón de Coahuila y el equivalente a lo de dos o hasta tres parques eólicos.
La fase III, actualmente en licitación y contratación por parte de la CFE, con una inversión estimada entre los 270 y 450 millones de dólares, aportará a ese total 300 mega watts, pero además contará con un sistema de almacenamiento en baterías de 103 mega watts con una autonomía de tres horas.
El objetivo principal es aprovechar la alta irradiación solar de la zona, aumentar la generación de energía renovable, mejorar la estabilidad de la red eléctrica y reducir la dependencia de combustibles fósiles y de importaciones de electricidad a Estados Unidos.
Hasta el momento, ni el subdirector de Contratación y Servicios de la CFE, Rodrigo Espíndola, ni la coordinadora de Contrataciones de Obra y Servicios Relacionados, Larissa Montiel, encargados de llevar a cabo esta licitación, han explicado por qué se redujo la experiencia mínima requerida, ni por qué se hizo después de conocer a los licitantes interesados, ni por qué los criterios técnicos parecen corresponder tan estrechamente con las especificaciones de un único proveedor.
Instantáneas:
1. RUEDA CABEZA. Durante los últimos meses hemos denunciado en este espacio la corrupción que prevalece en las licitaciones de obras y servicios del sector público. Un caso concreto ha sido el del llamado “Cártel de la limpieza” conformado por varias empresas con distintos nombres, pero prácticamente de los mismos propietarios. No solo controlan los servicios de limpieza de instituciones como el ISSSTE y el Politécnico Nacional, entre otras, sino que eluden pagar cuotas al IMSS y evaden impuestos. Pues resulta que el pasado 29 de noviembre, uno de los funcionarios involucrados en este presunto latrocinio, el secretario de Administración del Poli, Javier Tapia Santoyo fue suspendido temporalmente por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en lo que corre la investigación correspondiente. Entre los contratos que otorgó está uno por dos mil 500 millones de pesos a la empresa Servicios Integrales Retimar. También se le vincula con contratos a empresas fantasma por más de mil 600 millones de pesos durante su gestión previa en el ISSSTE. Apenas es la puntita de un iceberg.
2. EL “FOSFO” APOYO. Llamó la atención dentro de las filas de la oposición que la bancada senatorial de Movimiento Ciudadano, integrada por Alejandra Barrales, Amalia García, Luis Donaldo Colosio Riojas, Clemente Castañeda, Francisco Barreda y Néstor Camarillo; y tres legisladores de la del PAN: María de Jesús Marmolejo, Agustín Dorantes y Guadalupe Murguía, hayan votado a favor de Ernestina Godoy como nueva fiscal general de la república. Morena y aliados sumaron 87 de los 85 necesarios para completar la mayoría calificada, pero los votos emecistas y panistas ayudaron a que el trámite fuera holgado. El respaldo del movimiento naranja (“fosfo, fosfo” según decir de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador de Nuevo León Samuel García), se atribuye a que la fiscal Godoy se comprometió en la tribuna senatorial a seguir el decálogo propuesto por el partido de Dante Delgado: 1. trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos familiares y colectivos de derechos humanos; 2. emprender una reingeniería institucional para construir una Fiscalía eficiente, profesional y accesible; 3. expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia; 4. contar con un cuerpo ministerial mejor equipado y formado; 5. facilitar la denuncia, profesionalizar y agilizar la investigación de delito; 6. evaluar y consolidar el sistema penal acusatorio; 7. priorizar la investigación y persecución de los homicidios, desapariciones y reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado; 8. garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses en coordinación con las fiscalías estatales; 9. evaluar la prisión preventiva oficiosa para limitarla a los casos donde sea estrictamente necesaria y justificada; y 10. garantizar un acceso pleno, imparcial y efectivo a la justicia, eliminar la impunidad en todas sus formas y hacer que las personas vuelvan a confiar en las fiscalías, erradicando el uso faccioso de la justicia.
3. NI AFUERA LO QUIEREN. El PRI que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas fue expulsado de la Internacional Socialista (IS), organización que congrega a partidos socialdemócratas de todo el mundo. La decisión fue tomada durante el más reciente consejo de la IS celebrado a finales de noviembre en Malta, donde se señaló que las “acciones” promovidas por el líder del tricolor en la política mexicana “desprestigian” a la organización socialdemócrata en la que el partido tricolor militó durante 30 años. El PRI y Moreno Cárdenas niegan haber sido expulsados y señalan que ellos decidieron salir de esa organización a la que califican de “antidemocrática” y corrupta. Se han de haber mordido la lengua.
4. DESCONTENTO ENTRE los prestadores de servicios turísticos de Quintana Roo. Se dicen afectados por el aumento de derechos como el de saneamiento y el de zona marítima protegida, así como el impuesto sobre la nómina, al que se suma ahora el llamado “visitax” que se aplicará a los turistas extranjeros. Pero aún: se busca que a partir del año entrante el “visitax” lo recauden el sector hotelero y los prestadores de servicios turísticos, lo que a su juicio no tiene sentido ya que es un derecho para mejorar y mantener la infraestructura turística del estado. Lo que ven con esta medida es un encarecimiento de los destinos turísticos quintanarroenses que los sacará de competitividad con el resto del Caribe.
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