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Militarizar o no militarizar, ese es el dilema

15/05/2020
02:03
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El Diario Oficial publicó el lunes que el gobierno dispondrá de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Nada tardó en aparecer la interpretación: el fracaso de la Guardia Nacional y la necesidad de AMLO de recurrir a la militarización que tanto criticó.

¿Es correcta esa interpretación?

Antes de formular un juicio de valor, me parece pertinente discernir si ese acuerdo del gobierno completa disposiciones pendientes de una reforma constitucional vigente desde el 27 de marzo de 2019 o es, como sugiere esa interpretación, una respuesta coyuntural y desesperada, frente a los magros resultados en el combate a la inseguridad pública de acuerdo con las más recientes estadísticas sobre la comisión de delitos.

El acuerdo del lunes formaliza lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial el 26 de marzo de 2019, luego de su aprobación por mayoría calificada en el Congreso federal y las legislaturas de los estados.

Dicho transitorio establece que el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial; y que de ello deberá informar al Senado, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción cuarta del artículo 76 constitucional.

El acuerdo del lunes, por lo tanto, es un complemento procesal ordenado por una reforma constitucional mayoritariamente aprobada, y de ninguna manera la coyuntural y repentina decisión de militarizar el combate a la inseguridad que, de cualquier manera, es una opción ya considerada en la reforma de marras.

Cierto es que AMLO fue un crítico acérrimo del uso del Ejército y la Marina en tareas de seguridad y que uno de sus compromisos de campaña fue sacarlos de la calle y regresarlos cuanto antes a sus cuarteles. Pero la realidad, por lo visto, lo llevó a entender que era imposible prescindir, por lo pronto, de las fuerzas armadas.

Les dio, en ese sentido, sustento legal, con condicionantes específicas (extraordinarias, reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias), a diferencia de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto que, ante esa laguna legal, disponían de las fuerzas armadas de manera inconstitucional, lo que abría el abanico para incurrir en excesos violatorios de los derechos humanos.

Militarizar tiene tres acepciones en el diccionario: dar carácter u organización militar a una colectividad, que no es nuestro caso; someter a la disciplina militar, que tampoco lo es; e infundir la disciplina militar, que es lo que AMLO dice pretender en la lucha contra la inseguridad.

De cualquier manera, y eso es lamentable, la violenta actuación de la delincuencia impide al gobierno prescindir de las fuerzas armadas. La Guardia Nacional no ha dado los resultados esperados, pero parece pronto para decretar su fracaso y/o la derrota del gobierno frente al crimen organizado.

No se puede negar, por otra parte, que el acuerdo del lunes, además de completar un proceso de reforma constitucional, tiene cargas políticas que se explican en coyunturas específicas. Una de ellas es la pandemia del coronavirus, la crisis económica que desató, las consecuencias sociales que traen consigo el desempleo y la escasez, y los riesgos que entrañan para la gobernabilidad.

Esa sería, en términos de lo político, la motivación de fondo del referido acuerdo. No en balde, según supimos, la Sedena ha adquirido, desde marzo pasado, armamento clasificado como menos letal, que utilizará la Policía Militar para las operaciones de apoyo a la seguridad pública.    

Instantáneas:

1. SEMÁFORO. También el Diario Oficial, pero en su edición de ayer, publica el acuerdo que define la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas. Incluye, con más detalles, las que se permitirán a partir del primero de junio, de acuerdo con el semáforo por regiones que se dará a conocer semanalmente. Rojo: solo permite actividades económico-laborales esenciales y mantiene suspendidas las escolares y las que se realizan en espacios públicos. Naranja: permite actividades esenciales, otras que no lo son, pero con operación reducida y aforo reducido en las del espacio público en lugares abiertos; y mantiene suspendidas las actividades en espacios públicos cerrados y las clases. Amarillo: permite todas las actividades laborales, las de espacios públicos abiertos y, con restricciones, en espacios públicos cerrados; mantiene suspendidas las actividades escolares. Y verde: todas las actividades sin restricción, incluidas las clases.  

2. VIOLENCIA DE GÉNERO. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19, la Secretaría de las Mujeres del gobierno de la CDMX ha atendido a mil 460 víctimas de la violencia de género, mientras que la Fiscalías General de Justicia de la capital del país ha abierto ocho mil 334 carpetas de investigación por violencia familiar.

3. LEY NAHLE. Acabamos de salir de la cuestionada Ley Bonilla en Baja California y ya se cocina otra intentona de reformar la norma para beneficio de aspiraciones políticas particulares. El Congreso de Veracruz, de mayoría morenista, tiene agendada la aprobación en este mes de una reforma que quitaría los candados de la Constitución local para que una persona no nacida en el estado participe en la elección de gobernador. Ya le llaman la Ley Nahle pues para todos veracruzanos queda claro que traería dedicatoria para la secretaria de Energía, Rocío Nahle quien aspira a gobernar ese estado no obstante haber nacido en Zacatecas.

4. INTERNET. Ayer, a propósito del Día Mundial del Internet, el Inegi dio a conocer estos interesantes datos:  70.1% de la población de seis años o más es usuaria de la red; 20.1 millones de hogares (56.4% del total nacional), disponen de conexión a Internet; y 96.4% de los usuarios que se conectan a la red tienen estudios de nivel superior.

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@RaulRodriguezC

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Raúl Rodríguez Cortés
Toda su vida profesional la ha dedicado al periodismo. Hace poco más de 40 años empezó como "hueso" (mensajero) en El Sol de México. Se enamoró desde entonces de las redacciones. Aprendió...