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México trata de calmar a EU por Ley de Seguridad

Raúl Rodríguez Cortés

Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores han sostenido reuniones con diplomáticos de la embajada de Estados Unidos, para explicar el sentido y alcance de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada el miércoles por el Senado para regular la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.

Salieron al paso así a una primera interpretación de Washington de que se pretendía restringir la cooperación bilateral en seguridad y la inmunidad diplomática de personal de agencias como la DEA, el FBI y la CIA, entre otras.

Como le comentaba aquí el pasado 20 de noviembre (“La DEA y sus débiles pruebas contra Cienfuegos”: https://bit.ly/3qNe7dK), los múltiples atropellos cometidos desde 1930 por agentes estadounidenses en México, dieron lugar a que el 3 de julio de 1992 se publicaran en el Diario Oficial de la Federación las normas que hasta la fecha regulan la estancia temporal en México de los agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros. Entre otras: acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, no andar armados, no asumir tareas que solo le corresponden a la justicia mexicana e informar a las autoridades de nuestro país de sus pesquisas.

Más allá de la acreditación ante la Cancillería, las otras normas eran letra muerta. El caso más reciente es el del general Salvador Cienfuegos. La DEA no le informó al gobierno mexicano que lo investigaba, ni lo obtenido en las pesquisas, ni que lo detendría al tocar territorio estadounidense. En este y otros casos eran francas violaciones a nuestra soberanía.

Cuando el gobierno mexicano hacía las reclamaciones pertinentes, práctica poco común durante las últimas administraciones, el estadounidense argumentaba el desconocimiento de un acuerdo emitido por las autoridades mexicanas (en aquel momento la PGR), no vinculante para ellos, ni contenido en las leyes federales de nuestro país, ni especificado en convenios de cooperación binacional.

Lo que se hizo ahora con esta reforma –explican fuentes jurídicas de la Cancillería– fue subir las reglas del decreto de 1992 a la legislación federal, la correspondiente a la Seguridad Nacional. Se refuerza así, desde el nivel legal federal, el papel de control de esas operaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no solo como acreditadora de esos agentes sino como garante de que solo harán tareas de inteligencia de cuya realización y resultados deben informar al gobierno mexicano, son que operen armados ni puedan realizar detenciones.

Tocará a la Cancillería, asimismo, ser la ventanilla de gestión para los encuentros o consultas con las autoridades estatales y municipales. Que se violaba la soberanía de esas instancias con tal restricción, fue uno de los argumentos de quienes se oponían en el Senado a la reforma. Pero formúleselo así: ¿acaso los agentes de nuestro Centro Nacional de Inteligencia (antes Cisen) gestionan por sí mismo encuentros con agencias, gobernadores o alcaldes estadounidenses? No, lo hacen a través del Departamento de Estado.

La Cancillería mexicana ha aclarado dudas a los diplomáticos estadounidenses sobre un tema que les preocupa: el de la inmunidad. Esta es limitada a tareas específicas de seguridad en el caso de los agentes extranjeros, pero no cambia ni se restringe la inmunidad diplomática de la que gozan el embajador y sus altos funcionarios.
Claro que el simple hecho de meter orden en los términos de esa cooperación, después de años de atropello, lleva a un cambio, a un replanteamiento que empieza con una clara exigencia de respeto a la soberanía nacional, sin que ello quiera decir que se dejen de atender las preocupaciones estadounidenses de seguridad como son el narcotráfico o la migración, pero que permitan exigir el mismo nivel de prioridad a preocupaciones mexicanas como el tráfico de armas y el lavado de dinero. Es decir, actualizar los términos y objetivos de la cooperación binacional en seguridad.

Instantáneas:

1. CONTROVERSIA. Todo apunta a que la reforma aprobada por el Senado a la Ley del Banco de México sobre compra de divisas en efectivo terminará en una controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte. Falta la revisión y aval de la Cámara de Diputados a la que el banco central pidió evitar que se viole su autonomía, que corrija el riesgo que entraña de abrir la puerta al lavado de dinero del narcotráfico y exponer a sanciones internacionales al sistema financiero. La autonomía es la que faculta al Banxico a interponer esa demanda ante el máximo tribunal. Los senadores de Morena, promotores de la reforma, insisten en que son falacias que se arriesguen autonomía y reservas internacionales, y que se propicie el lavado de dinero. El choque es frontal.

2. PENDIENTE. Ricardo Monreal, líder de la mayoría de Morena en el Senado y líder de la Junta de Coordinación Política de esa cámara legislativa, dio a conocer que, tras las frenéticas y maratónicas sesiones con que está concluyendo el período ordinario, que habrá uno extraordinario el martes 15 de enero próximo. Tendrá el objetivo de sacar adelante la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Su dictamen ya no subirá al pleno en este período ordinario en busca de consenso. Los primeros días de enero habrá reuniones en comisiones para escuchar a ciudadanos y a colectivos, para que el dictamen quede listo y enriquecido a más tardar el 14 de enero.

3. TRANSPARENCIA. De último momento, al iniciar la sesión del INAI para renovar su presidencia, declinó a su aspiración el consejero Oscar Guerra Ford a quien se veía como el más cercano al gobierno de la 4T, pues llegó a ese organismo autónomo con todo el apoyo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. De esa manera, asumió la presidencia la otra aspirante, Blanca Lilia Ibarra a quien vinculan al grupo político priista de Emilio Gamboa, pero que también cuenta con el respaldo de Encinas.

4. AGRESIÓN. A unos días de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje determine sobre la imputabilidad de la huelga que sostiene desde febrero pasado el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex en demanda del respeto al contrato colectivo y la reinstalación de trabajadores despedidos por la directora Sanjuana Martínez, un grupo de hombres arremetió la noche de martes contra mujeres periodistas de la agencia en un campamento de huelga de la alcaldía Coyoacán.

5. CORRECCIÓN. Agradezco al amable lector de esta columna José Luis Ruiz Mijares el hacerme saber que Mario Calles López Negrete, primer secretario de Salud en el gobierno de Miguel de la Madrid, también era médico. De esta forma, se aclara que durante los últimos 50 años hemos tenido catorce secretarios de Salud de los que solamente dos no son médicos: José Antonio González Fernández y Salomón Chertorivski. Gracias. 
 

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@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx

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