En su más reciente informe de labores, cuarto de su gestión, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, buscó despresurizar la crisis política en la que está metida, al asegurar reiteradamente que la norteña entidad ha alcanzado una gran fortaleza económica.
Pero los sectores productivos bajacalifornianos consideran exactamente lo contrario. Aseguran que nunca como ahora se habían perdido tantas empresas, empleos y competitividad en diversos rubros. Responsabilizan de tal situación a su secretario de Economía, Kurt Ignacio Honold Morales.
Este contador público, más con perfil técnico que político, interlocutor con la iniciativa privada y expresidente municipal interino de Tijuana cuando, en 2007, Jorge Hank Rohn pidió licencia para contender por la gubernatura de Baja California, es señalado de favorecer intereses personales y de los suyos.
Entre los favorecidos, según las denuncias, está Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar Ávila. La cancelación de la visa estadounidense de la pareja el 12 de mayo del año pasado detonó la crisis. Ambos argumentaron que solo se trataba de un procedimiento administrativo, pero al cabo del tiempo se supo de los presuntos vínculos con el crimen organizado de quien en ese tiempo era coordinador de proyectos, a título honorario, del ayuntamiento de Tijuana.
Quizás para blindarse de los efectos negativos de esos hechos, la gobernadora morenista de Baja California anunció su divorcio el 24 de noviembre pasado y dos meses después ha confirmado que la FGR investiga a su exmarido por narcotráfico, lavado de dinero, presuntos vínculos con “Los Rusos” (una facción del Cártel de Sinaloa) y tráfico de armas.
Pero Kurt Ignacio Honold Morales también ha sido señalado de favorecer a otros integrantes de su grupo político, entre ellos Luis Torres Torres, hermano del exesposo de la gobernadora, acusado de huachicol fiscal; y José Galicot, también bajo el escrutinio público por sus presuntos vínculos empresariales con Jorge Arturo Rojas Navarro, quien ya ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus probables nexos con la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.
¿De verdad el secretario de Economía de Baja California y su jefa la gobernadora, no sabían de esos nexos ni del huachicol en Tijuana? ¿No sabían de las empresas que utilizaban permisos federales para el contrabando ni del cobro de piso que tanto ha afectado a los pequeños comercios?
La duda está sembrada en tanto que la gobernadora Marina del Pilar Ávila pierde cada vez más popularidad y credibilidad, sin que parezcan importarle los negativos que le genera disfrazar y proteger el trabajo de su secretario de Economía.
Instantáneas:
1. EL BOTOX Y THOR: DOS EN DOS DÍAS. Parafraseando el clásico “haiga sido como haiga sido”, dos peces gordos del crimen organizado cayeron en dos días. Primero, el miércoles pasado en Michoacán, el narcotraficante César Alejandro Sepúlveda Arellano alias el “Botox”, líder de “Los Blancos de Troya”, grupo criminal asociado al cártel Jalisco Nueva Generación y principal extorsionador de los limoneros de la entidad. Después, el jueves pasado en la Ciudad de México, el exatleta olímpico de Canadá, Ryan Weeding alias “Thor” o “El Chapo canadiense”, socio estratégico del Cártel de Sinaloa. Si esos no son resultados, entonces no sé cuáles podrían ser. Faltan muchos, sí. Falta actuar contras los políticos que le dan protección a los grupos criminales, pero de que hay respuestas, las hay.
2. DELINCUENTE FISCAL. El viernes pasado venció el periodo legal de cinco días hábiles fijado a Ricardo Salinas Pliego para pagar o al menos manifestar su intención de hacerlo, los 51 mil millones de pesos de impuestos que debe al SAT de acuerdo con resoluciones judiciales. Hasta la tarde de ayer no había datos que sugirieran la disposición del concesionario de TV Azteca de cumplir con el requisito que le habría permitido acceder a una reducción de su adeudo de hasta 39 por ciento. Salinas Pliego ha optado por una estrategia de confrontación pública, alegando persecución política, lo cual sugiere que no busca mostrar cooperación fiscal en esta etapa. ¿Qué sigue? La legislación del país establece una ruta muy clara ya activada por el SAT: embargo de bienes muebles e inmuebles (propiedades, vehículos y maquinaria); embargo de cuentas bancarias, tanto personales como de empresas del grupo; embargo de acciones o participaciones empresariales; y aseguramiento de activos si se considera riesgo de evasión o insolvencia. No pagar impuestos no implica automáticamente prisión. Sin embargo, sí puede haber responsabilidad penal si se demuestra evasión deliberada, uso de documentos falsos o simulación de operaciones.
3. LA IGLESIA SE SUMA. En Guerrero, uno de los estados donde la lucha contra la violencia del crimen organizado ha sido permanente durante los últimos años, la iglesia católica se ha sumado a los esfuerzos del gobierno del estado para construir la paz. Hace unos días, monseñor José de Jesús González Hernández, obispo de Chilpancingo-Chilapa y el presbítero Jorge Vázquez Rodríguez, canciller de la diócesis, se reunieron con la gobernadora Evelyn Salgado. Se sumaron así a los encuentros que la mandataria estatal sostiene con diversos sectores para recuperar la paz en la entidad.
4. TRAS BAMBALINAS. A pesar de que Javier Tapia Santoyo fue suspendido en diciembre pasado como secretario de administración del Instituto Politécnico Nacional por presuntos actos irregulares, sigue moviendo los hilos a través de su operador José García Alonso, quien ahora hizo caso omiso a la resolución emitida en el expediente INC/01/2025, que ordenaba terminar anticipadamente el contrato con la empresa Retimar, que aún se mantiene como prestadora de los servicios de limpieza de las instalaciones politécnicas. A ver si la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, interviene para que se cumpla esa instrucción y se convoque de inmediato a un nuevo proceso de licitación pública.
5. CUANDO EL PASADO ALCANZA. Llegan a esta columna quejas contra el recientemente designado director general de Inmuebles y Mantenimiento del Órgano de Administración Judicial, Francisco Javier Rodríguez Hernández. De acuerdo con ellas, el funcionario tuvo que renunciar en 2016 a su cargo de delegado de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) en Durango, luego de ser denunciado por excolaboradores de utilizar una bodega para guardar insumos para elaborar despensas que repartiría en el proceso electoral de ese año, en el que buscaba ser alcalde de la capital de ese estado. También se le acusó de tener un adeudo que superaba los 200 mil pesos por concepto de renta. Incluso, en su momento, Luis Miranda Nava, quien fue titular de la entonces SEDESOL, confirmó la existencia de investigaciones contra Hernández Flores.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx