Línea 12: van contra las constructoras

Línea 12: van contra las constructoras
Nación 15/10/2021 03:02 Actualizada 03:05
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Se espera que, en el transcurso de este viernes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presente cargos contra las personas morales y físicas a las que imputará por homicidio, lesiones y daño a la propiedad, tras el colapso de un tramo del viaducto elevado de la Línea 12 del Metro ocurrido la noche del tres de mayo pasado y que cobró la vida de veintiséis personas lesionó a otras 98, además de afectar gravemente la movilidad de millones de capitalinos.

La fiscalía que encabeza Ernestina Godoy dio a conocer ayer avances de la investigación, incluido el análisis de la caja negra del tren accidentado, en los que atribuye el fatal desplome a un mal diseño de origen y a malas soldaduras, lo que sugiere que, entre las posibles personas morales imputadas, estará el consorcio constructor de la llamada “Línea Dorada”, conformado por CARSO, del magnate Carlos Slim; ICA, dirigida por Guadalupe Phillips, hoy laboralmente en problemas en la construcción de la refinería de Dos Bocas; y la francesa ALSTOM.

¿Hasta dónde llegará el nivel de las personas físicas que serán imputadas, tanto en las empresas como en el gobierno de la ciudad de México, el Proyecto Metro y las demás instancias involucrados? ¿Topará en diseñadores y soldadores o escalará a directores de obra y diseño o a niveles más altos de responsabilidad pública?

Eso sigue siendo aún el gran misterio.

Se sabe que, en cuanto a las personas morales, la FGJCDMX impulsa que el caso sea canalizado por la vía de un acuerdo con las víctimas lesionadas y con familiares de quienes murieron, además del compromiso de la rehabilitación de la Línea 12, ya muy planchado –según se dice- entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y, sobre todo, la constructora de Slim.

Aún donde tope el nivel de las personas físicas que sean imputadas, la carga de la responsabilidad política no se la sacudirán del todo ni la actual gobernadora capitalina ni su antecesor Miguel Ángel Mancera ni quien encabezó el proyecto y construcción de la L-12, el hoy canciller Marcelo Ebrard quien, se puede inferir tras los informado ayer por la fiscalía capitalina, está en la mira telescópica de los lanza-misiles más potentes del caso.
Ya veremos. 

Instantáneas:

1. SEÑALES. Los cuatro y medio millones de mexicanos que han recibido con Sputnik V su esquema completo de vacunación contra la Covid19, quizás no tengan que esperar hasta finales del año a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apruebe el uso de emergencia de ese antídoto. En el gobierno de México hay optimismo de que eso ocurra mucho antes. Los más optimistas creen, incluso, que el permiso será liberado en los primeros días de noviembre, casi al mismo tiempo en que el gobierno de Estados Unidos empiece a exigir para entrar a su territorio, esquemas completos de vacunación con los antígenos aprobados por sus autoridades de salud y por la OMS. No es el caso –según se sabe- de la rusa Sputnik V ni de la china CanSino, con las que han sido inmunizados 4.5 millones y 5.5 millones de mexicanos, respectivamente. Diez y medio millones no es un número menor, razón por la cual la cancillería mexicana está en pláticas con sus contrapartes estadounidenses para encontrar una salida a esa restricción sanitaria, incluso con la aceptación momentánea y de emergencia del aval que dio a ambas el INSABI. Asimismo, presiona a la OMS –incluso en voz del propio AMLO- para que la autorización sea liberada a la brevedad. En términos de protocolos y trámites, la vacuna rusa es la más cercana a la autorización de uso de emergencia del organismo internacional. Los de la china CanSino van un poco más retrasados, pero sobre ellos también se presiona.

2. REPUDIO. La inconformidad social contra Desiré Sagarnaga Durante, delegada del IMSS en Baja California y la Zona Norte de Sonora crece día con día. Desde que llegó a ese encargo, procedente del gobierno que encabezó en Chihuahua el hoy prófugo César Duarte ha sido señalada de incompetencia y de beneficiar con contratos sin que medie licitación a integrantes de su grupo político. El mayor repudio –incluso del propio gobernador saliente morenista de Baja California, Jaime Bonilla- es por lo que consideran una pésima y criminal gestión de la pandemia de Covid19. El mandatario saliente se ha quejado amargamente de la mala atención recibida por los bajacalifornianos en la atención y manejo de la enfermedad. A su vez, el activista Rigoberto Campos denuncia a Sagarnaga Durante de dedicarse a otorgar contratos sin licitación para la prestación de servicios, tal como lo hacía en Chihuahua con su entonces jefe César Duarte.

3. IMPUESTOS Y BEBIDAS. En la discusión sobre la modernización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) al alcohol, se demostró que el actual modelo beneficia a bebidas de baja calidad y potencia el consumo excesivo. Y dado que el cambio al modelo ad quantum (cuotas en función del contenido de alcohol) no implica un aumento de impuestos y se puede encontrar la tasa para que no disminuya la recaudación, es que tanto diputados como senadores de Morena evalúan seriamente la modificación que impulsan los productores de vino, cerveza artesanal, mezcal y otros destilados nacionales, frente al intenso cabildeo de las empresas cerveceras extranjeras. Recuérdese que en una de las “mañaneras” de la semana pasada, AMLO dio luz verde para analizar el tema. Ya veremos cómo vota al respecto la Comisión de Hacienda que preside Luis Armando Melgar.

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