Más de 130 mil desaparecidos entre 2006 y 2026 contabilizados oficialmente por el gobierno no dejan lugar a dudas sobre la crítica situación de inseguridad que atravesamos y revelan sin tapujos la incapacidad forense y operativa del aparato de procuración de justicia que, por el hecho de que no tener ni un solo dato de unos cuarenta mil para localizarlos y/o identificarlos, sugiere -irrespetuosamente y sin empatía alguna con los adoloridos familiares de las víctimas- concentrar esfuerzos en los que han dado algunas señales de vida después de la fecha de su desaparición.
Los datos estadísticos de ese segmento de veinte años son del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) creado en julio del año pasado y reunido 394 mil 645 casos históricos desde 1952 hasta la fecha, de los que 262 mil ya fueron encontrados, 241 mil 142 de ellos muertos.
Es en el período 2006-2012 donde se encuentra el mayor número de desapariciones, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, pero las desapariciones mantuvieron una tendencia alta y constantes en los gobiernos de Peña Nieto y AMLO.
Lo cierto es que estamos frente a una crisis de tal envergadura que el país ha quedado bajo el escrutinio internacional tras el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en cuyo más reciente informe se asegura que hay indicios de que las desapariciones son sistemáticas y, por lo tanto, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La gravedad de las desapariciones forzadas y el hecho de que no se haya encontrado la manera de resolverlas y desactivar su escalada son incuestionables, pero de ahí a que sea un delito de lesa humanidad parece un exceso declarativo.
Acaso sea un tema de interpretación conceptual, pero hasta donde se sabe los crímenes contra la humanidad los cometen el Estado, los ejércitos, los aparatos policiacos, situación ésta en la que, hasta donde se sabe, no han incurrido ni éste ni el anterior gobierno y, solo en algunos casos, el que lo precedió del PRI con Peña Nieto (Ayotzinapa) y antes el del PAN de Calderón con los mentados “daños colaterales” de su guerra contra los cárteles de la droga.
Claro que no faltarán quienes digan que la omisión, protección o consentimiento del Estado con la consecuente impunidad, lo hace cómplice y, por lo tanto, responsable de un delito de lesa humanidad.
El caso es que Sheinbaum acusó recibo del informe de Naciones Unidas como un ataque a su gobierno creado para apuntalar una nueva campaña de desprestigio, sin detenerse en pensar que era posible hacer con firmeza los matices correspondientes, entender que no se trata de un recurso punitivo y aceptar la cooperación ofrecida de recursos técnicos y hasta financieros, para enfrentar un problema realmente agobiante.
Por eso el rechazo del gobierno mexicano al informe y ofrecimiento de ayuda de la ONU no fue pertinente ni la respuesta de la 4T fue la mejor, ya que sugirió afanes de ocultamiento de información y falta de transparencia, ni siquiera con el argumento válido, por cierto, de que no incluye en su análisis lo que al respecto se ha hecho recientemente para sistematizar búsquedas e identificaciones.
Réplica a la contra réplica del Cártel de la Limpieza
Una nueva nota aclaratoria sobre lo publicado aquí el pasado viernes 10 de abril bajo el título “Réplica del Cártel de la Limpieza” llegó a esta columna y fue publicada íntegra, conforme a derecho corresponde, en la edición digital de EL UNIVERSAL de ayer sábado 11 de abril.
A través de su representante legal Juan Jorshua Hernández Moreno, el señor José Juan Reyes Domínguez considera “totalmente falso” que él y su hijo José Juan Reyes Mote “tengan relación societaria, propiedad o control” sobre un grupo de empresas mencionadas en esta columna como un conglomerado que supuestamente compiten entre sí, pero están vinculadas para ganar licitaciones de servicios de limpieza en instituciones públicas.
Démosles el beneficio de la duda en cuanto a la formal propiedad y la relación societaria, pero no en cuanto al control, digamos político, de quienes concursan en la licitación.
Juzgue usted tan solo una parte de la trama:
El 13 de marzo de 2019, Luis Gerardo Reyes Mote (hermano de Juan José Reyes Mote -a menos que llevar los mismos apellidos no sea más que una homonimia- e hijo de José Juan Reyes Domínguez) participó como representante legal de la empresa “GERLIM S.A. de C.V.” en la licitación pública nacional Metrobús/LPN/002/2019 que le fue adjudicada para el servicio integral de limpieza de las estaciones y terminales de ese sistema de transporte de la Ciudad de México, de acuerdo con el acta de fallo que aquí le presento.
Luis Gerardo Reyes Mote se identificó en aquel procedimiento licitatorio con el pasaporte mexicano número G18959182 expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores vigente en ese momento hasta el 17 de diciembre de 2025 y acreditó su representación legal con el instrumento notarial número 42 mil 457, expedido por el notario público 193 de la CDMX, licenciado Pascual Alberto Orozco Garibay.
“GERLIM S.A. de C.V.” fue constituida en esa misma notaría el primero de noviembre de 2011 teniendo como representante legal a María Guadalupe Mota Rodríguez, presumiblemente cuñada de José Juan Reyes Domínguez y tía del también representante legal Juan José Reyes Mote.
La representación legal de este último en “GERLIM” fue acreditada para la licitación de la limpieza del Metrobús mediante la escritura pública 36539 fechada el primero de noviembre de 2011 y en la que se informa bajo protesta de decir verdad que sus accionistas son Santiago Reyes López, padre -según se asegura- de José Juan Reyes Domínguez, así como el hermano de éste, Raúl Reyes Domínguez.
Un documento más que acredita la representación legal de María Guadalupe Mota Rodríguez, tía del otro representante legal Juan José Reyes Mote, es el contrato Marco firmado por GERLIM y otros proveedores con las secretarías de Hacienda y de la entonces Función Pública (hoy de Anticorrupción y Buen Gobierno).
Mota Rodríguez también es representante legal de la empresa “Maatdux S.A. de C.V.”, de acuerdo con la información contenida en la escritura pública 38,159 del 14 de enero de 2021 ante la fe del notario número 69 de la CDMX, Heriberto Castillo Villanueva.
“GERLIM”, cuyo representante legal como hemos documentado es Juan José Reyes Mote, ha sido proveedor de limpieza de las instalaciones del ISSSTE desde hace varios años. Ha participado en licitaciones asociadas con la empresa “Grupo Relissa Servicios Corporativos S.A. de C.V.” cuyo representante legal es su primo Francisco Javier Rodríguez Mote.
Esta última se asoció con “Ultra Naya Higienización S.A. de C.V", cuya representante legal es Melva Miriam Mote Ponce, familiar también si nos atenemos a un apellido poco común, de Luis Gerardo Mote Reyes, empresa ganadora del contrato para este 2026.
¿Todos estos vínculos empresariales que involucran a una misma familia no representan algún tipo de relación, por lo menos de control? Ésta es tan solo una de muchas preguntas, no acusación ni mucho menos denuncia, solo solicitud de información, sobre un asunto de interés público. Lo que sí son denuncias son las interpuestas por quienes no son “supuestos” trabajadores, sino personas cuya identidad se respeta por temor a represalias, una de las cuales, por cierto, la interpuso el 17 de septiembre de 2020 ante la FGR y la entonces Secretaría de la Función Pública.
Y dejo al final un punto de la réplica que más bien tiene que ver con la semántica, con el significado de las palabras. En la columna hablamos de un cártel, sí, pero no en su acepción de “organización ilícita vinculada al tráfico de drogas o de armas” sino en la de “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia o simularla, y así regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”, definiciones ambas contenidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Instantáneas:
1. VIENTO EN POPA. Veinte de los 32 congresos estatales del país ya dieron su aval al plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Con esos números se rebasó ya el mínimo de 17 requeridos para la aprobación de una reforma constitucional. El plan B electoral establece la no reelección en todos los cargos de elección popular, el no al nepotismo a partir de 2030, la reducción de recursos a los congresos estatales, la reducción del número de regidores, el fin de las pensiones doradas de funcionarios públicos y la reducción de salarios y la eliminación de bonos y seguros de gastos médicos mayores a los consejeros y magistrados electorales.
2. LA LUCHA POR Q.R. Las disputas políticas entre Morena y sus aliados el Verde y el PT tras el rechazo de estos dos últimos a la eliminación de plurinominales y la reducción del financiamiento público de los partidos, se está dando en los diecisiete estados que renovarán gobierno el año próximo. Especial fuerza han tomado las del Partido Verde en Quintana Roo, por ser ese estado su “joya” de la corona y sede domiciliaria del dueño de la franquicia, Jorge Emilio González Martínez, el ex “niño verde” quien el próximo jueves 16 de abril cumple 52 años en franco camino hacia la adultez mayor. González Martínez hizo un acuerdo político con AMLO para respaldar en 2022 a la favorita del partido ecologista y hoy gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Tanto ella como su líder el ex “niño verde” quieren un sucesor de su partido. Este último respalda sobre todo al actual senador Gino Segura, pero ante la ya cantada posibilidad de que Morena postule a Rafael Marín Mollinedo, quien recientemente renunció a Aduanas para irse como delegado para el Bienestar de la entidad, explora otras posibilidades, entre ellas la de la presidenta municipal de Cancún (Benito Juárez), Ana Paty Peralta. No deja de levantar la mano, sin embargo, Estefanía Mercado Asencio, munícipe de Playa del Carmen.
3. GUERRERO Y LA DISPUTA INTERNA. En Guerrero, mientras tanto, la disputa por la candidatura al gobierno del estado ocurre al interior del estado, cruzada por el tema del no al nepotismo que el partido guinda quiere aplicar desde 2027 aunque su vigencia es a partir de 2030. En Chilpancingo, se reunieron el senador Félix Salgado Macedonio y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán. Después de desayunar en un conocido restaurante, Saldaña respondió a la prensa local que Salgado Macedonio es su líder y siempre lo será y aclaró que su asistencia al evento en San Lázaro donde coincidió con la consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Damián -quién ha manifestado su interés de ser candidata a la gubernatura- fue a invitación del diputado Ricardo Monreal, reiterando que su apoyo es al Senador. Importante aclaración para quienes intentaron difundir el evento de la Cámara de Diputados como una ruptura política entre Salgado Macedonio y el rector guerrerense.
4. FORO EN OAXACA. El Poder Judicial del estado de Oaxaca realizó el foro "Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Avances y Coyunturas” ¿Estamos listos para su implementación de cara al nuevo sistema que se contempla aplicar a partir del 2027? En la inauguración el gobernador Salomón Jara Cruz destacó que esta legislación representa un antes y un después en la forma en que el Estado mexicano garantiza el acceso a la justicia, al establecer un modelo homologado que busca garantizarla con certeza y equidad en los procesos. Algo que, sin duda, es de vital importancia en una entidad con tantas desigualdades como Oaxaca.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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