Las evidencias contra el general Salvador Cienfuegos entregadas al gobierno de México por el de Estados Unidos el pasado miércoles 11 de noviembre, no incluyen grabaciones telefónicas, ni videos, ni ninguna otra prueba que lo implique contundentemente, asegura a esta columna una fuente del más alto nivel en la secretaría de Relaciones Exteriores.
Se trata de un legajo documental que contiene, en un expediente de 743 hojas, las declaraciones de los testigos protegidos que lo imputan y las transcripciones de los mensajes de “Blackberry” que, presuntamente, habrían intercambiado el exsecretario de la Defensa Nacional y el hoy extinto Juan Francisco Patrón Sánchez, jefe en su momento del cártel H-2, una escisión de la organización criminal de los Beltrán Leyva.
“Las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero fincadas contra el general Cienfuegos son muy graves como para sustentarse solamente con la evidencia enviada por Estados Unidos”, comentó la fuente de la Cancillería.
De ahí que la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero tenga el enorme reto de consolidar sólidamente la investigación que sobre el caso ha iniciado y que le notificó el miércoles pasado al general Cienfuegos, cuando fue entregado por los agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos que lo trasladaron al aeropuerto internacional de Toluca en un avión Gulfstream 4, matrícula N40VC.
El exsecretario de la Defensa Nacional solo estuvo 32 minutos en el hangar de la FGR donde fue recibido. Aterrizó a las 18:40 horas de la tarde y salió de ahí a las 19:12 horas con destino a su domicilio privado en Naucalpan. Se le realizó una revisión médica, se le notificó que estaba sujeto a investigación y se le pidieron datos de localización. No se le hizo la prohibición expresa de que no podía salir del país, aunque como militar, aún en retiro, debe notificar al alto mando cualquier movimiento al extranjero.
Si como se asegura, las evidencias obtenidas por la DEA son poco contundentes, poco ayudarán a la investigación mexicana, sobre todo si, como parece, se trata de pruebas obtenidas mediante intervenciones ilegales, como considera el ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga.
De cualquier forma, si la investigación de la FGR se consolida y se le consigna a un juez federal, tocará a éste determinar si procede juzgarlo por la legislación civil o declararse incompetente y entregarlo al fuero militar. Serían la justicia civil o la militar las que acabarían por decidir si Cienfuegos es culpable o inocente.
Para México y su gobierno se trata, por lo pronto, un éxito diplomático, una exigencia cumplida de respeto a la soberanía nacional y un desagravio a las Fuerzas Armadas, a partir de este argumento central: Si no se respetan los términos de la cooperación bilateral en materia de seguridad, la desconfianza que eso genera, incidirá y vulnerará los términos de la relación en todos los aspectos de la agenda binacional. Aún más, México no puede aceptar un trato diferente al de otras naciones: “¿Cómo habrían reaccionado el Reino Unido o Alemania si Estados Unidos hubiera detenido y fincado delitos a sus exsecretarios de la Defensa, sin siquiera informales que los investigaba?”, se pregunta la referida fuente de alto nivel de la Cancillería.
Muchos nos preguntamos qué se negoció a cambio de la devolución del general Cienfuegos. Es ingenuo pensar que nada, aunque el propio AMLO dijo ayer que nada negoció. Ya se sabrá, pero lo que parece descabellada es la versión de que fue a cambio de que López Obrador no felicitara y reconociera de inmediato el triunfo electoral del Biden. Baste reparar en las fechas.
El canciller Ebrard reclamó telefónicamente al fiscal William Barr el 26 de octubre, por lo que resulta absurdo que una semana antes de las elecciones estuvieran negociando el no reconocimiento de Biden. Luego hablaron el 3 de noviembre, después de que AMLO ya había fijado su posición de felicitar al ganador hasta terminado el proceso.
Todo esto deja a la DEA en el centro del huracán. En Relaciones Exteriores aseguran que México jamás amenazó con expulsar a sus agentes, lo que no quiere decir que se haya planteado, e incluso esté en marcha un replanteamiento de la cooperación con la agencia antinarcóticos, incluido el congelamiento de la Iniciativa Mérida. Será un alto a su histórico desempeño abusivo, prepotente y violatorio de la soberanía, potenciado sobre todo durante la guerra declarada al narcotráfico por el expresidente Felipe Calderón.
Instantáneas:
1. LOS ATROPELLOS. Estados Unidos creó en 1930 el Buró Federal Antinarcóticos (FBN por sus siglas en inglés), que en 1968 se transformó en la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Ministerio de Justicia. En ambas etapas fue dirigido por Harry Ansliger. Estuvo a cargo durante 32 años hasta que en 1962 el entonces presidente estadounidense John F. Kennedy lo nombró representante ante la ONU del Comité de Narcóticos. El 29 de junio de ese mismo año, Kennedy realizó su memorable visita de Estado a México. De sus encuentros con el entonces mandatario mexicano Adolfo López Mateos, resultaron los primeros acuerdos bilaterales de cooperación antinarcóticos que, tres años después, conduciría la DEA, creada el primero de julio de 1973. Su incursión en México fue muy poco regulada. El asesinato en Guadalajara de su agente Enrique Camarena Salazar el 9 de febrero de 1985 a manos del narcotraficante Rafael Caro Quintero, dio lugar a procedimientos francamente violatorios de la soberanía. Una expresión de esos atropellos fue la detención, secuestro y traslado a Estados Unidos en 1990 del doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de mantener con vida a Camarena mientras era torturado. El conflicto diplomático que desencadenó ese procedimiento llevó a que, en 1991, el entonces Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, viajara a Washington para entrevistarse con el presidente de la Corte estadounidense y argumentarle que además de las violaciones cometidas con la detención de Álvarez Machain, sus acusaciones estaban sustentadas en declaraciones hechas por criminales convertidos en testigos protegidos y manipuladas por los agentes de la DEA. Finalmente se consiguió su exoneración y regreso a México. Pero en torno al mismo caso, ocurrió la detención y procesamiento en Estados Unidos de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría. A él había pertenecido la casa de Guadalajara en que fue torturado el agente Camarena. En ella se encontraron tres cabellos de Zuno que fueron el fundamento para que se le enviara a la prisión estadounidense donde murió.
2. REGLAS. Episodios como los narrados dieron lugar a que el 3 de julio de 1992 se publicaran en el Diario Oficial de la Federación las normas que hasta la fecha regulan la estancia temporal en México de los agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros. Entre otras: acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, no andar armados, no asumir tareas que le corresponden a la justicia mexicana e informar a las autoridades mexicanas del resultado de sus pesquisas. En el caso del general Cienfuegos no se informó de la investigación que le hacían ni de la detención prevista cuando tocara territorio estadounidense. La cancillería mexicana dio a conocer que hasta ahora están acreditados 50 agentes de la DEA, pero para nadie es un secreto que se apoyan en un indeterminado número de soplones e informantes que operan cobijados por ellos. Ex agentes de la DEA han revelado que, en todo momento, han llevado a cabo sus operaciones armados.
3. FELICITACIÓN. Anote esta fecha: 14 de diciembre. Ese día los integrantes del Colegio Electoral de Estados Unidos emitirán su voto final a favor del ganador de las elecciones presidenciales. Todo apunta que el ganador será el demócrata Joe Biden. Ese día, si ya se extinguieron las impugnaciones legales pretendidas por Donald Trump, como parece ocurrirá, AMLO felicitará al nuevo inquilino de la Casa Blanca. Al menos eso es lo que está en el radar de la cancillería mexicana.
4. RUPTURA. A unas horas de que se cumpla el plazo para el registro de alianzas electorales en Nuevo León, el PAN rechazó aliarse con el PRI para buscar juntos el año entrante la gubernatura del estado. El rechazo del panista Mauricio Fernández Garza, exalcalde de San Pedro Garza García –quien se decantó por buscar nuevamente el gobierno del municipio más rico del país–, precipitó la decisión blanquiazul. El PAN busca ahora a marchas forzadas convencer a Luis Donaldo Colosio Rioja (hijo del asesinado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta) para que abandere su candidatura. La jugada le mete mucho ruido a Movimiento Ciudadano, partido por el que Colosio Rioja es diputado local, que disputaría la candidatura de sus colores al senador con licencia Samuel García.
5. INFORME. El próximo martes 24 de noviembre presentará su segundo informe de gobierno el alcalde de la Cuauhtémoc, Néstor Núñez, quien hará notar que la alta participación ciudadana en esa demarcación capitalina le ha permitido cumplir 85 de las 92 líneas de acción que se planteó bajo la divisa de “primero los pobres”.
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