Acaso porque amenaza convertirse en una espectacular carambola de tres bandas, no ha transitado en la Cámara de Diputados el eventual desafuero de los legisladores Mauricio Toledo , del PT y Saúl Huerta , de Morena, uno acusado de enriquecimiento ilícito y el otro de abuso sexual infantil .
Toledo, cuando era jefe delegacional en Coyoacán (2012-2015), decía a sus cercanos, entre broma y veras, con el cinismo que lo distingue, que uno de sus objetivos era hacer cada día un millón de pesos. al parecer no está lejano a la meta si nos atenemos a la diferencia existente entre sus ingresos lícitos y los bienes que posee, acreditada en el dictamen de la Sección Instructora de la cámara baja.
Hijo de un exiliado chileno, Nelson Toledo , que siempre echó por delante vínculos inexistentes con el depuesto y asesinado presidente Salvador Allende , Mauricio se inició en la grilla como porro del CCH Sur. Al cabo del tiempo, cobijado y apoyado por la tribu perredista de “Los Chuchos” Ortega y Zambrano, llegó a la jefatura delegacional de Coyoacán.
La Fiscalía de la CDMX le atribuye conductas ilícitas desde 2010 y el dictamen de la Sección Instructora corrobora que entre los ingresos reportados por Toledo en sus declaraciones patrimoniales y las documentales públicas del expediente, existe efectivamente una discrepancia, particularmente en el ejercicio de 2017.
Falta por deslindar lo ocurrido con los fondos por ocho mil 200 millones de pesos que se aprobaron para la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ricardo Becerra, quien fue designado por el entonces jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera para presidir la Comisión de Reconstrucción, recuerda que se elaboró un diagnóstico consensuado con los damnificados, pero que se atravesaron los entonces diputados la ALDF, los perredistas Leonel Luna y Mauricio Toledo; y el panista Jorge Romero Herrera.
Entre los tres decidieron que serían ellos los que habrían de manejar el presupuesto de la reconstrucción, lo que dio lugar a la renuncia de Becerra, quien fue sustituido por Edgar Tungüi , extraditado por España y detenido desde mayo pasado acusado del desvío de fondos para la reconstrucción.
Leonel Luna falleció el pasado 14 de marzo en un accidente automovilístico cuyas circunstancias no han sido suficientemente aclaradas y Jorge Romero Herrera acaba de ser designado por el líder nacional del PAN, Marko Cortés como coordinador de la fracción parlamentaria blanquiazul en la nueva Legislatura.
Contra Romero pesan diversas acusaciones desde que era jefe delegacional en Benito Juárez (durante el mismo período, ¡vaya coincidencia!, en que Toledo lo fue de Coyoacán). Esta columna daba cuenta el 11 de marzo de 2012 desde las páginas de EL GRÁFICO, de acusaciones de los restauranteros de la demarcación por el cobro de cuotas ilegales para permitirles operar y del boom inmobiliario que prohijó pese a las restricciones de construcción que resultaron de los sismos de 1985.
Militantes de su propio partido lo acusaron de “inflar” el padrón panista en la capital del país, lo que le ha permitido un férreo control de sus estructuras, con un grupo de aliados con quienes solía sostener reuniones secretas cuyo santo y seña era el “heil Hitler” nazi, lo que no podría ser más revelador de su carácter ideológico intolerante y violento, según los denunciantes.
¿Será por todo esto que PAN, PT y PRD obstaculizan el procedimiento del desafuero de Toledo? De ser procesado ¿qué tanto dañaría políticamente al blanquiazul el tener en la Cámara de Diputados a un coordinador parlamentario a todas luces impresentable con estos antecedentes? ¿Qué tanto afectaría la aspiración de Marko Cortés de reelegirse en el PAN? Y al final de la secuencia ¿qué tanto afectaría las aspiraciones de Ricardo Anaya , patrón de Cortés, para ser nuevamente candidato presidencial?
Por otra parte, el eventual desafuero de Saúl Huerta divide a Morena. El grupo que bloquea el procedimiento, lo encabeza el actual líder de su fracción parlamentaria, Ignacio Mier, quien fuera secretario de gobierno del exmandatario poblano Mario Marín , el “gober precioso”, hoy en prisión, vinculado con Kamel Nacif a la tortura de la periodista Lydia Cacho y al escándalo de pedofilia que ella destapó. Se trata del mismo delito (aunque no el mismo caso) por el que se acusa a Huerta. Su desafuero y consecuente proceso penal ¿qué tanto reviviría aquel escándalo? ¿Involucraría por complicidad u omisión al propio Mier? ¿Qué tanto sacudiría a la mayoría parlamentaria?
Instantáneas:
1. VA DE NUEZ. Tres veces, durante las pasadas tres semanas, los grupos parlamentarios han bloqueado que el asunto del desafuero de los diputados de marras se suba a un periodo extraordinario en el que la cámara baja se erija en jurado de procedencia, determinar si procede y abrir la puerta así a los procesos penales por los delitos que se les imputan. Anoche, con trece votos a favor y dos en contra, la primera comisión de la Permanente aprobó un segundo periodo extraordinario de sesiones para proceder al desafuero de los diputados Toledo y Huerta. El dictamen tiene que ser ratificado hoy por el pleno de la Comisión Permanente .
2. EN PERSPECTIVA. Van estos datos para que usted ponga en perspectiva para su propio análisis los resultados de la Consulta Popular del domingo pasado. Ya se sabe que su resultado solo podría ser vinculatorio si votaban 37.4 millones de ciudadanos (40% de la Lista Nominal de Electores). Votaron seis millones 660 mil 623 (7.7% de ese padrón). Pero ese número representa el doble de los votos obtenidos en la elección del pasado seis de junio por Movimiento Ciudadano (tres millones 430 mil 507), poco más del doble de lo logrado por el PRI (dos millones 715 mil 123), tres veces la votación del PVEM (992 mil 320), cuatro veces lo que logró el PRD (248 mil 505), un poco menos del doble de lo obtenido por el PAN (tres millones 828 mil 228) y casi lo mismo de lo logrado por Morena (seis millones 571 mil 127). El número de opiniones de la Consulta (cierto es) fue duplicado el 6 de junio por el número de votos obtenidos por la coalición Juntos haremos Historia (12 millones 802 mil 391) y la coalición Va por México (12 millones 575 mil 879). En términos prácticos, el ejercicio ciudadano de democracia directa parece tener más representatividad que la de varios partidos políticos por sí solos.
@RaulRodriguezC
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