Uno de los temas más comentados en privado durante la reunión de banqueros de la semana pasada en Cancún, Q.R., fue el de la investigación que aseguran se le hace a la Fintech llamada “Kushki” en lo que empezó como una indagatoria por posibles infracciones regulatorias, pero que parece apuntar hacia una presunta red de lavado de dinero, evasión fiscal y triangulación de recursos a través del sistema financiero digital.
Información en poder de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR vislumbra la presunta existencia de una compleja red delincuencial con ramificaciones dentro y fuera de México, en las que “Kushki” habría sido cómplice de la empresa “Alquimia” para lavar recursos provenientes de casinos físicos y digitales.
De acuerdo con la referida información, las autoridades también indagan por este caso a fondos de inversión internacionales como “Kaszek Ventores”, “Soft Bank Latin America Fund” y “Dila Capital”.
“Kushki” es una de las plataformas tecnológicas de pagos más importantes del ecosistema Finchtec fundada en 2015 por el mexicano-estadounidense Sebastián Castro Galnares y el ecuatoriano-estadounidense Aron Nathan Schwarzkopf.
Otras empresas presuntamente señaladas en el caso son “Alquimia Pay” de Juan Sergio Loredo Foyo, “Bridge Horizon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM de E.N.R.” de Víctor Hugo Larrea y “ASP Integra” de Armando Sánchez Porras.
El caso “Kushki” no solo pone bajo la lupa a una empresa y de acuerdo con fuentes de la propia FEMDO, las empresas Fintech (y en particular las plataformas de medios de pago) se han convertido en vehículos altamente eficientes para el lavado de dinero y la evasión fiscal, debido a la velocidad de las transacciones y de la dispersión de los recursos, la complejidad de los esquemas digitales y la fragmentación de la supervisión regulatoria.
El avance de la investigación podría tomarse como un ejemplo para los demás actores del sector Fintech del país y si las indagatorias prosperan, pero sobre todo si se confirmara la participación de fondos internacionales, el caso podría escalar como uno de los expedientes más relevantes de lavado de dinero y evasión fiscal en el ecosistema Fintech de la región.
Por ahora la pregunta no es si la investigación continuará, sino hasta dónde llegará la ruta del dinero.
Instantáneas:
1. PLAN B SIN REVOCACIÓN EN 2027. El Senado aprobó la noche del miércoles pasado el Plan B electoral de la presidenta Sheinbaum, pero sin que avalara adelantar al primero de junio de 2027, día de las elecciones federales intermedias, la revocación de mandato. Con 87 votos a favor (67 de Morena, 14 del Verde y 6 del PT) y 41 en contra (21 del PAN, 13 del PRI, 6 de MC y uno independiente) se avaló la reducción de privilegios de consejeros del INE (eliminación de seguros de vida y bonos), la limitación de regidurías en municipios a no más de quince, el tope presupuestal a los congresos estatales de manera que no excedan el 0.70 por ciento del gasto anual de los estados y la reducción progresiva de 15 por ciento al gasto del Senado. Sin embargo, los seis votos del PT en contra de que la revocación de mandato se adelantara a las fechas estipuladas por la Constitución para hacerla concurrente con las elecciones federales del primero de junio de 2027, impidieron que el bloque oficial construyera la mayoría calificada necesaria (85 votos) para aprobar esa enmienda. Solo sumaron 81 Morena y el Verde. Sheinbaum consideró que se consiguió lo verdaderamente importante, es decir, la reducción de privilegios y argumentó que el tema de la revocación no pretendía favorecer a su partido. El caso es que el PT impidió una enmienda que ciertamente vulneraba la equidad en la contienda electoral y que pervertía la razón de ser de la consulta revocatoria que no le toca convocar al que gobierna, sino exigir al gobernado. El voto del PT, pero éste en la Cámara de Diputados, había tirado ya la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la eliminación de los senadores plurinominales. ¿No que acabaron con la democracia?
2. ¿NO AL NEPOTISMO O VOTOS SEGUROS? La decisión de la actual dirigencia de Morena de aplicar desde 2027 la prohibición de postular a familiares directos para suceder a quienes ocupan cargos de elección popular y no en 2028 como lo estipula la enmienda constitucional correspondiente, sigue siendo objeto de polémica y ríspidos debates al interior de Morena. Sobre este asunto, son dos los casos más emblemáticos: Guerrero y Zacatecas. En Guerrero las encuestas mantienen la tendencia de que el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, es el aspirante a la gubernatura mejor posicionado de todos los partidos. La más reciente encuesta (Arias Consultores) perfila un triunfo de prácticamente dos a uno al darle al morenista 45.8% de las preferencias electorales, seguido por el priista Manuel Añorve Baños con 22.9%, la panista Gaby Bernal Reséndiz con 6.5% y la emecista Yesi Galarza Castro con 5.7%. Queda claro que las encuestas, el método que estableció el Consejo Nacional de Morena para elegir a sus candidatos, ya hablaron en Guerrero. ¿Las irá a ignorar Luisa María Alcalde?
3. EN ZACATECAS, por otra parte, la discusión va en sentido contrario. El senador Saúl Monreal, hermano del actual gobernador David Monreal, no quita el dedo del renglón en su pretensión de alzarse con la candidatura guinda, pero no siquiera pinta en las mas recientes encuestas. Entre los aspirantes de Morena está por delante el diputado federal Ulises Mejía Haro (37.65) seguido de Verónica Díaz (16.5%) y José Narro Cespedes (13.2%), de acuerdo con el sondeo de GobernArte. Entre tanto, Morena lidera el voto por partido (35.6%).
4. SLP Y LA VARIABLE DE GÉNERO. La cláusula anti-nepotismo también ha cruzado por el escenario político potosino donde el gobierno no está en manos de Morena, pero sí en las de uno de sus aliados, el Partido Verde. El actual gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, ha hecho cuanto está a su alcance para que su esposa, la senadora Ruth González Silva, sea la candidata para sucederlo. Ante la negativa morenista de ir en coalición con esa candidatura, el mandatario estatal promovió y consiguió en el congreso local la llamada “Ley Gobernadora” que obliga a que en 2027 solo puedan competir mujeres, lo que reconfiguró por completo los términos de la contienda. Aunque el partido Verde mantiene en SLP una base fuerte y un aparato territorial muy competitivo, esto disminuyó con la maniobra de la “Ley Gobernadora” y ahora es Morena el que lidera las preferencias por partido: 29.4% contra 20% del Verde, según reciente encuesta de RUBRUM. Aún así y de acuerdo con la “Ley Gobernadora”, las candidaturas mejor posicionadas son la senadora del Verde, Ruth González Silva (aunque limitada por el candado anti-nepotismo), y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien es la mejor posicionada de Morena.
5. LA FACTURA DEL PT EN OAXACA. El Partido del Trabajo (PT) de Alberto Anaya tiene su propio caballo de Troya. A Benjamín Robles, su dirigente estatal, se le ve desesperado porque sabe que en 2027 quedará evidenciado que no tiene peso electoral en la entidad por haber desmantelado la poca estructura con que contaba PT para utilizarla como si fuera de su propiedad. Por eso desde ahora está impulsando una campaña contra el gobernador Salomón Jara con acusaciones falsas como las que se usaron contra López Obrador y la presidenta Sheinbaum. Los posicionamientos de Robles contra Morena -muy bien registrados en los altos niveles del gobierno federal- llevaron al PT a reforzar su oposición a la iniciativa presidencial de reforma electoral sobre todo por sus críticas a la revocación de mandato que se realizó en Oaxaca en semanas pasadas. El PT se ha convertido ahora en el aliado al que no se le tiene confianza, una factura que ese partido terminará pagando más temprano que tarde.
6. ¿SUCIA LICITACIÓN DE LIMPIEZA? Esta semana se presentaron ofertas en la licitación del servicio integral de limpieza para instalaciones del IMSS Bienestar. Se trata de asignar por lo menos ocho mil millones de pesos por lo que resta del año, en un proceso con presuntas irregularidades de simulación de competencia y escalonamiento de precios entre empresas de un mismo grupo: Sergen Prointegradora de Servicios, Slycom, Profesionales en Mantenimiento y Limpieza, Ultra Nata Higienización y Servicios Empresariales Lanto. Todas esas firmas pertenecen al mismo grupo que controla José Juan Reyes Domínguez, quien ya ha sido señalado por ese tipo de prácticas en el ISSSTE, donde ya ganó un contrato por dos mil 400 millones simulando competir entre ellas.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx