Todos o casi todos coinciden en que la Unidad de Inteligencia Financiera debe ser dotada de más dientes para combatir el crucial flanco del dinero de los cárteles de la droga, pero la decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia en su sesión plenaria del pasado lunes 6 de abril de autorizar a la famosa UIF de Hacienda a congelar cuentas sin orden judicial, es un peligroso golpe a la seguridad patrimonial.
El proyecto de sentencia de la acción de inconstitucionalidad 58/2022 fue presentado por la ministra Loretta Ortiz y aprobado por seis votos contra tres. El pleno de la Corte desechó así la inconstitucionalidad reclamada y validó el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito que autoriza a la UIF a bloquear cuentas bancarias de manera inmediata, sin intervención previa de un juez, cuando existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Pero esos indicios claros no son especificados en la ley, lo que daría lugar a todo tipo de interpretaciones, abusos y uso político de ese recurso.
Los ministros que votaron a favor (Loretta Ortíz, Lenia Batres, Hugo Aguilar Ortiz, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías e Irving Espinoza Betanzo) argumentaron que se trata de una medida cautelar administrativa, no de una sanción penal, es decir, preventiva y no punitiva, por lo que no requiere control judicial previo. Recordaron, además, que las personas afectadas tendrían derecho de audiencia ante la propia UIF y podrían acudir posteriormente a un juez para impugnar el congelamiento.
Con la resolución, la Corte se apartó de su jurisprudencia anterior que solo permitía bloqueos sin orden judicial cuando lo solicitaba una autoridad extranjera.
Por su parte, los ministros que votaron en contra (Yasmín Esquivel Mossa, Arístides Guerrero y Giovanni Figueroa) advirtieron riesgos en el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica. Argumentaron que no es posible que quedemos sujetos a decisiones basadas en criterios ambiguos o indeterminados.
Y tienen razón pues si el Estado puede congelar cuentas bancarias y dejar a una persona sin acceso a sus propios recursos, la ley debe establecer con minuciosa precisión cuándo, cómo y por qué congelar cuentas. Si eso se deja a criterios ambiguos o indeterminados se incurrirá en todo tipo de abusos, incluidos los que podrían cometerse contra opositores al gobierno sobre todo en épocas electorales.
Criticar el congelamiento de cuentas bancarias sin orden judicial no pretende, de ninguna manera, desalentar los esquemas de lucha contra el crimen organizado sino evitar que se conviertan en un instrumento que dañe la seguridad patrimonial o corte a las voces críticas, al no establecer la ley criterios precisos para aplicar esa facultad. Combatir al crimen es indispensable, pero nunca a costa de la certeza jurídica, dijo, entre otros argumentos, la ministra Esquivel Mossa.
¿Cómo ponernos de acuerdo para que no vean “moros con tranchetes” ni los que proponen, pero sin reglas claras, una herramienta que podría ser muy eficaz en el combate a la delincuencia, ni los que critican y solo ven maniobras que los van a dañar política y electoralmente?
Quizás lo lograríamos recordando junto con el gran Voltaire que “el último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia”.
Sonora gana peso en el tablero energético
Es altamente probable que uno de los movimientos más relevantes para destrabar el crecimiento económico del norte del país esté ocurriendo ya, aunque lejos del debate público. Se trata del reposicionamiento de la infraestructura eléctrica como eje de viabilidad industrial, una tarea que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dirige Emilia Calleja Alor, comenzó a acelerar en Sonora.
Los indicios no son menores. En Hermosillo, el desarrollo de un polo industrial científico contempla una subestación de maniobras para atender un centro de carga de 227.1 MW, junto con una línea de transmisión de 230 kV. A ello se suma un proyecto de mayor escala, un data center asociado a Foxconn con una demanda estimada de 857.4 MW, que requerirá una nueva subestación de 400 kV y una línea de transmisión de 62 kilómetros. Esta es la confirmación de que la transmisión eléctrica se está convirtiendo en el factor que define la llegada de inversión.
Pero el punto de inflexión está en Puerto Peñasco. La Central Fotovoltaica “Rafael Galván Maldonado”, diseñada para alcanzar una capacidad instalada de mil MW con una inversión cercana a los mil 200 millones de dólares, es el proyecto solar más grande de América Latina y el intento por redefinir la arquitectura energética del norte del país.
Las primeras dos fases ya aportan capacidad al sistema, sin embargo, el verdadero cambio estructural vendrá con las etapas tercera y cuarta que incorporarán 580 MW adicionales junto con sistemas de almacenamiento en baterías de hasta 270 MW/hora, condición necesaria para estabilizar la operación eléctrica en una región con alta presión de demanda, según nos explican los desarrolladores del proyecto.
Pero su alcance va más allá de la generación. La lógica que lo sostiene apunta a fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico regional y avanzar en la interconexión del sistema aislado de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional, uno de los pendientes históricos en materia energética. De concretarse, se cerraría una brecha técnica, pero también una limitante estructural para la expansión industrial en la región.
En ese contexto, lo que se está configurando en Sonora no es únicamente un conjunto de obras, sino un nodo energético estratégico. La relocalización de cadenas productivas hacia el norte del país comienza a exigir condiciones más complejas: energía suficiente, estable y con capacidad de crecimiento. Y ahí es donde la infraestructura eléctrica deja de ser un componente técnico para convertirse en un factor determinante de competitividad.
De cumplirse los tiempos y alcances planteados, Sonora fortalecería su sistema eléctrico y, además, se posicionaría como un punto clave en la nueva geografía industrial del país. En ese escenario, la infraestructura dejaría de ser una limitante para convertirse en un habilitador del crecimiento.
Réplica del Cártel de la Limpieza
En atención a su derecho de réplica incluyo el contenido de la carta enviada el pasado 6 de abril por Juan Jorshua Hernández Moreno, representante legal y abogado de Juan José Reyes Domínguez para aclarar lo que considera “afirmaciones sin fundamento” difundidas el 3 de abril de 2026 en la columna de opinión de quien esto escribe titulada “Tráfico de influencias al más alto nivel en licitaciones de limpieza”.
Las “aclaraciones pertinentes” son las siguientes:
“1. Es totalmente falso que mi representado, el (sic) José Juan Reyes Domínguez o su hijo, tengan relación societaria, propiedad o control sobre el listado de empresas que el periodista cita en su texto. Raúl Rodríguez Cortés no cuenta con evidencia documental oficial que pueda comprobar que mi representado o su hijo sean propietarios o socios de las firmas mencionadas, por lo cual es falso todo el argumento que cita en su columna.
“2. Negamos categóricamente que mi representado o su hijo hayan tenido relaciones políticas o sociales con las personas y funcionarios que el periodista menciona en su texto. Al no pertenecer ninguna de las empresas citadas a mi representado o su hijo, las aseveraciones sobre supuestas complicidades y tráfico de influencias son falsas al carecer de sustento legal.
“3. Es falso y carece de pruebas el señalamiento sobre supuestos vínculos escolares con los familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ni mi representado ni su hijo, ni ningún otro familiar estudió con el hijo del exmandatario. No existe matrícula escolar que compruebe las falsedades que escribe el periodista. Esta afirmación es un señalamiento infundado que falta gravemente a la verdad y que afecta la integridad de la familia de mi representado.
“4. Invito formalmente al periodista a revisar los documentos oficiales, actas constitutivas y registros públicos para comprobar lo que preciso en esta carta. Tras una revisión objetiva y/o investigación fidedigna, se dará cuenta de que la columna que escribió en El Universal está basada en una historia inventada, la cual no cuenta con los principios de veracidad y datos duros (oficiales) que deben regir al periodismo.
“5. Debido a que la columna carece de todo sustento y genera una afectación directa al prestigio de mi representado y su familia, me reservo el derecho de proceder legalmente, ya que puede ocasionar daños y perjuicios, además de que, al crear una historia ficticia, puede afectar la integridad de la familia de mi representado”.
Listo, ahí está la réplica. De ella, lo que dice el punto tres respecto a una presunta relación del hijo del representado con uno de los hijos de AMLO, reconocemos que solo se sustenta en lo que dicen trabajadores y extrabajadores de algunas de las empresas referidas que han denunciado ante las autoridades competentes irregularidades cometidas en diversos procedimientos de licitación pública. La columna replicada solo se publicó en su versión digital, por lo que solo en ese formato, no en el de la versión impresa, es que van las aclaraciones enviadas. De lo demás hay documentos, actas constitutivas y registros públicos (a lo mejor mal entendidos por quien esto escribe) que ya les compartiré en la próxima entrega.
Instantáneas:
1. CAE OBJETIVO PRIORITARIO. Un nuevo golpe fue asestado el miércoles pasado a la delincuencia organizada. Fue detenido en Oaxaca el miércoles pasado “el capi JPNN”, considerado el nuevo líder de una célula criminal de Ocotlán. Le aseguraron drogas, armas de alto poder, granadas y explosivos en un operativo en el que participaron el gobierno de Oaxaca, la Fiscalía de ese estado y el Gabinete de Seguridad. “JPNN” era señalado como el sucesor directo del “JLM” alias "El Contador", quien fue vinculado a proceso en febrero pasado. Las autoridades estatales encabezadas por el gobernador Salomón Jara consideran que se trató de un golpe estratégico a las estructuras criminales que operan en los Valles Centrales de la entidad y además un avance en los resultados obtenidos de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, y la Policía y la Fiscalía estatales.
2. ¿ZOPILOTEANDO? La llegada de la nueva secretaria de Salud del Estados de México, Celina Castañeda de la Lanza, con antecedentes vinculados al PRI -ya que trabajó con el exgobernador priista de Tlaxcala, Mariano González Zarur, donde estuvo ejerciendo entre 2011 y 2016 funciones de subsecretaria sin que existiera la plaza y, posteriormente, entre 2017 y 2023 con el exgobernador priista del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza- ha encendido alertas al interior de los grupos políticos de Morena. Desde los primeros días de su gestión se observa un inusual flujo de personajes ligados a gobiernos pasados, también priistas, que buscan ser reincorporados en posiciones estratégicas dentro de la estructura institucional, con lo que posiblemente estarían apoyando en las próximas elecciones a candidatos del PRI en territorio mexiquense. Entre los nombres que comienzan a circular destacan los de Rodrigo Alberto Rodríguez de quien se asegura está actualmente bajo proceso ante la fiscalía general de la República por la presunta fabricación de contratos fantasma en el Centro Médico Nacional del ISSSTE, así como los de Humberto Botello Ortiz, Eloína Silvette Díaz, Claudia Terán Cordero y José Luis Téllez Becerra. Éste último encabezó la dirección general del ISSEMYM de 2015 a 2017, en un periodo señalado por el deterioro financiero que hoy mantiene a esa dependencia en una situación crítica. El mensaje hacia el exterior preocupante: ¿se encuentra el gobierno estatal de Morena tan debilitado internamente que recurre a figuras del viejo régimen priista para mejorar la gobernabilidad? ¿O es una estrategia para fortalecer a otro grupo político?
3. SALDO BLANCO. Acapulco, en el estado de Guerrero, fue el destino turístico más visitado en este período vacacional de Semana Santa. Otros destinos de la entidad también reflejan un saldo positivo en derrama económica y ocupación hotelera, por lo que para garantizar la integridad de los visitantes, se desplegaron más de 9 mil elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno y ante el flujo constante de visitantes en distintos puntos del estado, se dio prioridad a zonas con mayor concentración de personas. En la mesa de coordinación para la Construcción de la Paz que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado, ya se establecen las estrategias que se implementarán durante el próximo Tianguis Turístico, con el fin de brindar una atención integral a los asistentes y expositores.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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