El general de brigada Alejandro Castro Espín, el más alto mando operativo en Cuba de sus servicios de inteligencia, contrainteligencia y seguridad del Estado, sostuvo una reunión secreta en la Ciudad de México con funcionarios de alto nivel de la CIA y el departamento de Estado norteamericano, para hacerles saber la disposición de La Habana para negociar un “principio de acuerdo” que encauce una transición democrática de la isla caribeña, a cambio de una amnistía para los altos cargos del régimen castrista.
El encuentro habría ocurrido a mediados de la semana pasada sin que, por su clasificación de secreto, haya podido ser confirmado por fuentes oficiales de ninguno de los tres países, aunque tampoco desmentido hasta ahora.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el viernes pasado que el gobierno de México sostiene gestiones diplomáticas con Estados Unidos para reanudar los envíos de petróleo a Cuba y mantener los de ayuda humanitaria sin que se apliquen las sanciones arancelarias con que amenazó su homólogo estadounidense Donald Trump a quienes lo hicieren.
Tal es el fin específico de esas gestiones diplomáticas, diferente, por cierto, al de la referida reunión secreta en la que -según una fuente de la inteligencia militar de nuestro país- habrían participado el embajador estadounidense Ronald Johnson y enviados de primer nivel de la CIA y del subsecretario de Estado y exembajador en México, Christopher Landau, ambos con largas trayectorias y gran influencia en los servicios de inteligencia y seguridad de su país.
La fuente consultada no pudo precisar el alcance de la amnistía solicitada por Cuba ni si se trataría de una “ley de punto final” o de un exilio pactado en otro país para los principales dirigentes del régimen castrista.
Lo que sí reveló con alto grado de certeza fue que los enviados cubanos no lograron que 133 millones de dólares depositados en un banco en México (cuyo presidente también habría estado en la reunión) fueran desbloqueados, recursos que son producto del contrato bilateral de servicios médicos y que el régimen castrista quería para comprar combustible y dar un respiro a su grave asfixia energética y financiera.
Que el negociador cubano sea Alejandro Castro Espín tiene mucho sentido. Él fue quien encabezó las negociaciones secretas en Ottawa, Canadá, del llamado “deshielo Obama-Raúl Castro” (presidentes entonces de sus respectivos países) que tuvieron lugar entre 2013 y 2014, y consiguieron la reanudación de relaciones diplomáticas, la reapertura de embajadas y la visita oficial a La Habana del entonces jefe de la Casa Blanca.
A ese reconocimiento como efectivo negociador debe sumársele su inobjetable influencia como general de brigada en las operaciones de inteligencia y contrainteligencia cubanas, pero también y, sobre todo, su pedigrí entre el núcleo duro de la casta gobernante del régimen pues es hijo del aún mandamás y todo poderoso Raúl Castro Ruz, de 95 años, y Vilma Espín, reconocida revolucionaria; así como sobrino de Fidel Castro Ruz, líder máximo de la revolución cubana, fallecido hace una década luego de gobernar durante 57 años.
En ese Olimpo tropical está también la diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Castro Espín, también hija de Raúl Castro y Vilma Espín y activista defensora de la diversidad sexual y el matrimonio igualitario quien, un poco para equilibrar la balanza, declaró que “con el imperialismo no hay posibilidad de negociar” y que el régimen cubano descarta cualquier acuerdo político con Estados Unidos, “más allá de un diálogo sin concesiones”.
Otro integrante de la élite gobernante es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, nieto de Raúl Castro Ruz, de quien fue guardaespaldas y que ahora viaja constantemente en jets privados a Panamá en busca de financiación para el régimen, sobre todo mediante los negocios con GAESA, el holding empresarial manejado por el Ejército cubano con los negocios más lucrativos y que durante años encabezó el padre del nieto de Raúl Castro Ruz, el también general de división Luis Alberto Rodríguez López Calleja, hasta que hace poco lo dejó en manos de la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera.
El general de brigada Castro Espín ya estaría este fin de semana en La Habana en espera de una respuesta del inquilino de la Casa Blanca.
Instantáneas:
1. SOBRE EL CASO MADURO. Le actualizo aquí información transmitida en este espacio el pasado uno de febrero: la primera audiencia del juicio contra el extraído expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue aplazada del 17 al 26 de marzo próximo a solicitud de la fiscalía del Distrito Sur de York por razones logísticas y de intercambio de pruebas que se presentarán contra el acusado. Además, el miércoles pasado fue detenido en Caracas, el empresario de origen colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, quien según le comenté aquí había sido exonerado por la justicia estadounidense en un proceso anterior. Saab está vinculado a la empresa Libre Abordo, del mexicano Joaquín Leal Jiménez, partícipe, junto con la hoy extinta y saqueada Segalmex, de un programa de alimentos subsidiados en apoyo al régimen chavista.
2. MÁS CORRUPCIÓN EN LICITACIONES. La empresa de seguridad privada LATE SP denunció el pasado miércoles 4 de febrero al IMSS Bienestar, la secretaría de Salud, el ISSSTE y el Instituto Nacional de Migración por la posible comisión de delitos y faltas administrativas graves, entre las que destacan "corrupción, actos de colusión, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y desvío de recursos públicos” en procedimientos de contratación. La denuncia, entregada ante los órganos internos de control de las referidas dependencias federales y la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, considera que se trata de un esquema diseñado para filtrar y descalificar ilegalmente a potenciales proveedores con destacados antecedentes en materia de prestación de servicios de seguridad privada, con el fin evidente de dar preferencia a otros, pues resulta que a los licitantes se les ha estado pidiendo certificaciones no previstas, como contar con el ISO 17024 y otras vinculadas con Competencias Laborales. Esta situación “operó como un filtro restrictivo, con efectos reales en la competencia y en el resultado del procedimiento”, por lo que se puede presumir que se ha estado “favoreciendo únicamente a un grupo específico de empresas, las cuales han venido siendo beneficiadas sistemáticamente en procedimientos de contratación pública”. Se trata por un cúmulo de contratos que suman los tres mil millones de pesos.
3. LISTAS DE HACIENDA. La secretaría de Hacienda publicó ya la lista de empresas proveedoras de servicios de limpieza que cumplen con los requisitos fijados en un contrato marco para el 2026. Son 102 personas físicas y morales, de los cuales 20 por ciento son parte de un conglomerado propiedad de José Juan Reyes Domínguez, que ha registrado nuevas firmas para eludir responsabilidades previas de incumplimiento a la hora de participar en las licitaciones públicas del gobierno federal. Así, empezaremos a ver nuevas razones sociales como Lemart, Maatdux, Sergen ProIntegradora de Servicios, y Slycom. Pero en Hacienda dejaron pasar a las ya conocidas Armot y Retimar, sancionadas en noviembre de 2025 y que perdieron el registro necesario para jugar en el mercado de los servicios de limpieza y mantenimiento.
4. NEGOCIACIÓN ELECTORAL. Aún sin conocer su contenido que muy probablemente podamos leer en la iniciativa de reforma electoral que mande al Congreso la presidenta Sheinbaum, todo indica que no incluirá la reducción de plurinominales en el poder legislativo. De ser así estaríamos ante una victoria de los partidos aliados de Morena (el Verde y el PT) que regatearon su voto ante tal propuesta y pusieron en riesgo la mayoría calificada para aprobar las enmiendas constitucionales correspondiente. Pero ahora se sabe que exigieron más demandas que probablemente les concederá el oficialismo: llevar mano en la definición de candidatos a gubernaturas, Baja California y Baja California Sur para el PT, y San Luis Potosí y Quintana Roo para el Verde.
5. “NI VENGANZA NI PERDÓN”. Así se titula el libro que están por presentar Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez. Gran expectativa ha despertado su contenido en el medio político pues se anuncia que el exconsejero jurídico de la presidencia durante el primer tramo del gobierno de AMLO revelará hechos sensibles de los que tuvo conocimiento y/o fue partícipe desde el corazón mismo del poder.
@RaulRodriguezC
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