Aún si, como asegura, es un convencido de la no reelección —principio fundacional del sistema a que dio lugar la Revolución—, mal le hace a AMLO generar más suspicacias qué certezas, al insistir tanto en sus discursos que no se reelegirá.

   El pasado fin de semana, en su recorrido por municipios de Veracruz, volvió al tema. Ahora con un nuevo componente: en respuesta a los asistentes a un mitin que le gritaban que se reeligiera. Es probable que la petición haya sido espontánea, aunque también lo es que haya sido sembrada por los organizadores del evento —práctica política común—, igual para dar pie a la reiterada respuesta del Presidente que para ir midiendo el ánimo social frente a ese posible escenario.

   El insistente “no busco la reelección” remonta al no menos reiterado “a mí denme por muerto” que AMLO sostuvo como jefe de gobierno de la Ciudad de México cuando se le preguntaba si se postularía para la Presidencia, como finalmente lo hizo tres veces.

    Si, como asegura AMLO, es maderista y demócrata, pretender la reelección sería una traición a sí mismo y al proyecto por el que dice haber luchado toda su vida. Por eso es difícil creer que lo haga. Ya veremos qué tanto lo hacen cambiar las veleidades del poder.

   AMLO tendrá 71 años en 2024. Si las secuelas del infarto que sufrió hace seis años y el intenso ritmo de trabajo al que se somete no merman su salud, que a decir de él en el mismo mitin veracruzano del fin de semana pasado está “al cien”, el Presidente debe vislumbrar un futuro que no necesariamente está en el reposo en “La Chingada”, su rancho de Palenque. ¿Cuál podría ser su futuro político?

  Gobernador de Tabasco, sugiere el politólogo de la UNAM, Pedro Isnardo de la Cruz en la columna publicada por el UNIVERSAL el pasado 9 de diciembre (https://bit.ly/2Pvlp5e). Esgrime razones personales: su querencia y apego a su natal Tabasco (ecosistema del Peje), al que buscó gobernar hace años, sueño frustrado en dos ocasiones. Pero en opinión del académico universitario, el meollo de tal escenario estaría en dos objetivos estratégicos: darle la vuelta constitucionalmente a su presunta y temida voluntad reeleccionista; y mantenerse (si su amplia aceptación pública no se derrumba durante los próximos cinco años), como una figura políticamente habilitada para ser, desde su entidad de origen, “activo moral y político para la preservación de la agenda de cambios de la 4T”.

Ya surgieron señales en ese sentido. El aspirante a la dirigencia de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán solicitó ayer a los diputados de ese partido en Tabasco que impulsen un cambio a la Constitución local para que las próximas elecciones de gobernador sean en 2025, y no en 2024, a fin de que AMLO esté habilitado para participar en la contienda. El Congreso tabasqueño está conformado por 21 diputados de Morena, seis del PRD, cinco del PRI y tres del Verde. Cambiar su Constitución requiere de dos terceras partes de los diputados presentes, mayoría calificada que no alcanza por sí sola la bancada morena. Para obtener los 24 votos requeridos, les faltan tres que bien podrían ser los de su aliado el Verde.

   El requisito de una residencia previa de cinco años en el estado antes de la elección, lo libra AMLO con el artículo 77 que dice: “la residencia no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos de elección popular”.

Una regla no escrita del presidencialismo priista obligó a los expresidentes a no participar en política al término de sus gobiernos. Su ruptura, desde la alternancia panista de 2000, abrió la puerta a la participación política de los exmandatarios. Lo que pretendería AMLO en Tabasco para 2025, ya lo operan para las intermedias de 2021 otros dos expresidentes. Vicente Fox, quien negocia con el PAN postularse a un asiento en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados y Felipe Calderón, quien haría lo propio por el partido que está por conformar con su esposa, para que la oposición cuente con figuras de peso político, si es que libran los recientes raspones enderezados en su contra: acusaciones de evasión fiscal y el caso García Luna.

Instantáneas:

1. PREGUNTA. Haría bien el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo en confirmar o rechazar si, como algunos aseguran, tuvo o tiene como asesor a Ramón Pequeño García, hombre muy cercano a Genaro García Luna.

2. RECOMENDACIÓN. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, están convencidos de la inocencia de Florence Cassez y de su expareja Israel Vallarta. Ambos, como ministros del máximo tribunal del país llegaron a esa convicción al elaborar los proyectos de sentencia que finalmente, por fallas al debido proceso tras comprobar el montaje televisivo de su detención orquestado por Genaro García Luna, ordenaron la liberación de la francesa acusada de secuestro. Sánchez Cordero ha recomendado al Poder Judicial que apliquen el mismo criterio a Vallarta, quien como presunto jefe de la banda los Zodiaco, sigue en prisión preventiva desde hace catorce años sin que se le dicte sentencia. El próximo 20 de enero será la audiencia final del caso. ¿Le dictarán sentencia absolutoria?

3.  CORRUPCIÓN. Los secretarios de Jaime Bonilla, gobernador de Baja California, Mario Escobedo Carignan, de Economía y Turismo; Cynthia Gissel García, de Bienestar; y Amador Rodríguez Lozano, de Gobierno; así como el Oficial Mayor, Jesús Damién Núñez, podrían ser separados de sus cargos por presuntos casos de corrupción y sobornos en favor de la empresa gasera “Blue Propane”. La denuncia anónima recibida el pasado 13 de diciembre con folio 2019121 por la Secretaría de la Función Pública del estado, acusa a los funcionarios de permitirle construcciones que ponen en riesgo a la población y de recibir a cambio vehículos “donados”. “Blue Propan”, de Jorge Alberto Elías Retes, ha sido acusada también de realizar trabajos de construcción de plantas de distribución de gas a pesar de la moratoria que existía en el estado. El secretario de Economía, Escobedo Carignan, quiso ser alcalde de Tijuana por el PRI y al no conseguir su objetivo se fue con Morena al equipo de Bonilla, quien lo colocó en el cargo que su hermano Oscar Escobedo Carignan ocupó en el gobierno anterior.

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