El sector eléctrico, rehén de ideologías

Raúl Rodríguez Cortés

Las bajas temperaturas y el consecuente aumento de la demanda en EU, dispararon el precio del gas natural en más de cinco mil por ciento

El apagón del lunes ¿opera a favor o en contra de las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica que pretende el gobierno de AMLO? Para perfilar una respuesta, consideremos primero algunos hechos y después, el meollo de la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados.

El apagón del lunes dejó sin luz a 4.8 millones de usuarios en el norte del país porque las nevadas y el frío extremo congelaron ductos y obligaron a que Texas cortara el suministro del gas natural que le compramos para generar aquí electricidad. Los cortes intermitentes y aleatorios que le siguieron ayer para balancear oferta y demanda del fluido alcanzaron a un millón 100 mil más, un total de 5.9 millones de afectados en 23 estados. Hasta anoche, un millón de usuarios seguían sin luz.

México importa casi 70% del combustible con que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la genera, porque durante décadas se dio prioridad a la producción de petróleo y se rezagó la de gas natural, a partir del criterio libremercadista de que es más barato comprarlo en el exterior que producirlo aquí. Pero resulta que las bajas temperaturas y el consecuente aumento de la demanda en EU, dispararon el precio del gas natural en más de cinco mil por ciento. México se vio obligado, desde principios de este mes, a limitar sus compras.

Una imperdonable falta de visión de largo plazo de la Sener, de Rocío Nahle, y de la CFE, de Manuel Bartlett, los llevó a cancelar proyectos técnica y financieramente viables para la construcción de infraestructura de almacenaje de gas natural, estratégicamente necesarios ante contingencias climáticas o de precios, por el prejuicio de la participación privada. Apenas el pasado 15 de febrero la CFE presentó un programa de almacenamiento para mitigar riesgos asociados al comportamiento de los precios.

Cierto es, por otra parte, que la generación privada de energía fue desplazando durante los seis gobiernos anteriores, la participación en el mercado eléctrico a la CFE, organismo que mediante regulaciones específicas se ha visto obligado a subsidiar a inversionistas nacionales y extranjeros con más de 400 mil millones de pesos desde que en 1992 comenzó a tomar forma la privatización del sector y, principalmente, tras la aprobación de la reforma energética de 2013, de acuerdo con datos oficiales.

Así que incompetencia, falta de previsión, corrupción y políticas favorecedoras de la generación privada serían causa de la debilidad de nuestro sistema eléctrico y los apagones, hechos que lo desnudan. Cuarenta y nueve días antes del ocurrido el lunes se registró otro que afectó a cinco millones de usuarios en el centro-occidente del país que se atribuyó al incendio de un pastizal de Tamaulipas de acuerdo con un peritaje de la Protección Civil local que después se supo que era apócrifo (sin que hasta ahora se haya dado cauce a la comisión de ese delito) y que acabó por atribuirse a la intermitencia de las energías renovables. Antes, en marzo de 2019, se registró otro en Yucatán. Tres grandes apagones en dos años del actual gobierno.

Éste está centrado en el salvamento de la CFE como empresa productiva del Estado. Desde el 15 de mayo del año pasado, definió la llamada Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, cuya intención de marginar la generación privada fue invalidada por la Suprema Corte por violar el derecho a la libre competencia y dar una “ventaja indebida” a la CFE.

Tras el revés, AMLO envió al Congreso su iniciativa preferente de reforma eléctrica que básicamente delinea el orden de prioridad del mecanismo de despacho de las centrales eléctricas: 1. Energía producida por las hidroeléctricas (todas de la CFE), de acuerdo con volúmenes de agua, con sentido social y de reducción de desastres; 2. Energía generada en otras plantas de la CFE (nuclear, geotérmica y termoeléctricas); 3 Energía eólica o solar de particulares; y 4. Energía producida en ciclos combinados de empresas privadas.

La iniciativa, como se ve, no cancela la participación privada, pero sí la limita, la margina. Según se vea, devuelve al Estado el monopolio del sector o su control estratégico. Tan ideologizada está una posición como la otra. ¿No podrá encontrarse un punto intermedio? ¿No podremos tener una industria eléctrica cuyas regulaciones públicas no nos tengan a merced del extranjero y garanticen su carácter estratégico, pero que equilibre la producción de energías no renovables y renovables (limpias) y eleve la calidad en servicio y precio con la competencia privada en un piso parejo? Porque, así como se afirma que la reforma de marras nos regresaría a un ineficiente monopolio estatal, las disposiciones de la reforma energética de 2013 favorecen deslealmente al inversionista privado.

Instantáneas:

1. DAÑOS. El apagón del lunes traerá daños económicos y otras consecuencias en la principal zona industrial del país de la que depende el 47% de nuestras exportaciones y el 79% del empleo formal. De acuerdo con el maestro Ignacio Martínez, del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM, en los estados del norte afectados están ubicadas 97% de las empresas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), las cinco principales aduanas por donde ingresa el 77% de las exportaciones terrestres de Estados Unidos y las empresas automotrices que representan el 17% del PIB.

2. EMPLEO. Ya se dispone de datos concretos de los efectos de la pandemia en el empleo. También de acuerdo con el LANCEN, el año pasado hubo una disminución de 1.7 millones de personas en la población económicamente activa al pasar de 57.6 millones a 55.9 millones. El impacto mayor se registró en el sector servicios (restaurantes y hoteles) seguido por los micronegocios donde se perdieron 914 mil empleos. La población subocupada aumentó en 3.8 millones de personas al pasar de 4.3 millones a 8.1 millones. Las tasas más altas de informalidad laboral se registraron en Oaxaca (78.5%), Guerrero (77.3%) y Chiapas (76.4%). Los estados que generaron mayor formalidad laboral fueron Nuevo León (35.6%), Coahuila (36.7%) y Chihuahua (37.3%).

3. VACUNAS. Al reanudarse ayer el suministro de vacunas de Pfizer a México, el canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que nuestro país tiene firmados contratos para la adquisición de 234.33 millones de vacunas contra Covid19 para inocular esquemas completos a 134.66 millones de personas. Precisó que con el mecanismo Covax se adquirirán 51.5 millones de dosis, con Astra Zeneca 77.4 millones, con Pfizer 34.4 millones, con CanSino 35 millones, con Sputnik 24 millones, con el Serum Institute de la India 2.03 millones y con SINOVAC 10 millones.

4. JAPÓN. El embajador de Japón en México, Takase Yasushi ofreció ayer una recepción virtual con motivo del cumpleaños del emperador Naruhito. El próximo 23 de febrero cumplirá 61 años quien, desde el pasado primero de mayo de 2019, ocupa el Trono del Crisantemo.

5. FORO. Quien sigue muy movido como presidente de la sociedad de exalumnos del ITAM es Xihu Tenorio. Para esta semana organizó un foro virtual en el que se analizarán los retos que enfrenta la Ciudad de México. Participarán como ponentes el presidente del PAN en la CDMX, Andrés Atayde; la concejal en la alcaldía Benito Juárez, Fernanda Bayardo; la analista y periodista Fernanda Caso; los alcaldes de Morena en Azcapotzalco y Cuauhtémoc, Vidal Llerenas y Néstor Núñez, respectivamente; y el presidente de Fuerza por México en la capital del país, Armando Ríos Piter. Moderará la directora de Desarrolllo Social de la alcaldía Miguel Hidalgo, Ana Montaño.

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raulrodriguezcortes.com.mx

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