Llegamos a un punto en que el políticamente innecesario conflicto entre Morena y aliados con la oposición legislativa en la Cámara de Diputados solamente encontraría solución si Porfirio Muñoz Ledo renunciaba a su obsesiva pretensión de reelegirse en la presidencia de la mesa directiva. Y así lo hizo anoche precisamente cuando se terminaba de redactar esta columna.

El razonamiento de estas líneas era en el sentido de que solo así se evitaría que el partido en el gobierno hiciera un descarado agandalle del cargo que por ley debe pasar a manos de la segunda fuerza política nacional (en este caso el PAN) y se conjurarían las perniciosas señales de intolerancia y autoritarismo que semejante proceder enviaba, además del riesgo de una crisis constitucional.

Sin demérito del peso político que significa presidir la Cámara de Diputados, el cargo es sustancialmente protocolario. No incide definitoriamente en las decisiones que se toman en el órgano de gobierno de esa representación nacional que es la Junta de Coordinación Política donde Morena preside. Por lo tanto, mantener la presidencia de la mesa directiva no es para AMLO y su partido una necesidad política para procesar leyes pendientes que están en el central interés del gobierno de la 4T.

Por el contrario, la rotación del cargo establecida en el artículo 17 numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, evitaría el riesgo de una parálisis legislativa al abrir cauces de diálogo y negociación. No se olvide que esa norma que data del 3 de septiembre de 1999 es una herramienta legal creada para fortalecer la representación de las minorías, que se procesó luego de que el PRI perdiera por primera vez la mayoría en 1997 y en cuya construcción, paradójicamente, tuvo mucho que ver Porfirio Muñoz Ledo.

No respetarla solamente podía interpretarse como un despojo del grandote. El propio AMLO, al reunirse el jueves pasado con las fracciones parlamentarias de su partido en el Senado y la Cámara de Diputados, conminó a que eligieran sus directivas conforme a la ley. Fuentes cercanas al presidente aseguran que no estaba de acuerdo con la reelección de Muñoz Ledo. AMLO parecía atrapado entre las dos fuerzas de Morena que también disputan su dirigencia nacional y que sin duda maniobran para controlar las posiciones del Congreso. 

Pero tan agandalle era no respetar la ley como lo sería cambiarla a modo echando mano Morena de su avasalladora mayoría.

El sábado pasado, al instalarse el nuevo año de la Legislatura, los aspirantes del PAN a presidir la mesa directiva no alcanzaron la mayoría calificada de dos terceras partes de los votos (334). Por lo tanto, se abrió un breve periodo que vence mañana 5 de septiembre, en el que se mantiene la actual presidencia encabezada por Muñoz Ledo.

Morena pretende aún procesar cambios en la referida norma. Ya había una iniciativa de Dolores Padierna para eliminar la exigencia de la rotación. Pero ayer, ante el abierto rechazo de PAN, PRI, PRD y MC, Morena hizo una nueva propuesta: mantener por seis meses más la presidencia y luego rotarla seis meses al PAN, otros seis al PRI y los seis restantes a la cuarta fuerza política. En la composición que había hasta ayer, esa cuarta fuerza era el PES con 29 diputados, pero Morena decidió cederle al PT cinco diputados que, sumados a sus 28 originales, se alzarían con 33 asientos como la cuarta fuerza política que, como aliada de Morena, presidiría la mesa directiva los últimos seis meses de la Legislatura.

Tras la renuncia anoche de Muñoz Ledo debe agregarse a los anteriores escenarios la posibilidad de que el PAN proponga nuevos aspirantes que, por supuesto, no serían ni el michoacano Xavier Azuara ni la mexiquense Laura Rojas. Si se repusiera el procedimiento estaríamos ante la evidencia clara de que pueden funcionar los contrapesos opositores. 

Nadie puede regatear a Muñoz Ledo sus contribuciones al proceso democrático de México, aunque ahora las contradijo su pretensión de reelegirse. Pero en esto ya jugaba su personalidad, dotada sin duda de una gran inteligencia, pero incapaz, por lo visto, de contener ciertas tendencias megalómanas. Habrán pesado en él reflexiones sobre la edad, la enfermedad y la muerte que acaso incidan en su afán de perpetuarse. Mucho trabajo le costaba a AMLO y que respalda en Morena a Muñoz Ledo negarle ese afán. 
  
Por eso le digo que el problema era Porfirio. 

Instantáneas:
1. EL PAQUETE económico 2019, que deberá entregarse a la Cámara de Diputados a mas tardar el próximo domingo, ya está listo. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera ha iniciado un road show para detallarlo a calificadoras y corredurías. Entre los datos macro contenidos en el documento destacan los siguientes: el PIB 2019 cierra en 0.7% y el de 2020 lo estiman en 1.9%; el tipo de cambio para 2020 entre 19 y 20 pesos por dólar, la inflación en 3% y el precio del barril de petróleo entre 65 y 70 dólares. Los egresos están presupuestados en 4.95 billones de pesos (contra los 4.8 billones de este año) y los ingresos en 4.5 billones (contra los 4.4 billones de este año.  

2. DESLINDE. Felipe de Jesús Delgadillo, el juez de control del caso de Rosario Robles se abstuvo por escrito de hacer cualquier sugerencia a la Fiscalía General para que investigue a José Antonio Meade. No requirió del acta entrega-recepción de la Sedesol y de esa manera lo deslinda de la causa.

3. REMOCIÓN. La agudizada violencia que se registra en Veracruz ha cobrado su primera víctima política. El Congreso del estado removió ayer temporalmente al Fiscal General Jorge Winckler Ortiz con quien el gobernador Cuitláhuac García ha mantenido una permanente confrontación. Tras el deplorable multihomicidio ocurrido en un bar de Coatzacoalcos, la policía identificó al presunto responsable como Ricardo “N” alias “La loca”. García aseguró que el sujeto había sido detenido en julio pasado pero que la Fiscalía General del Estado lo había liberado en menos de 48 horas. El Congreso veracruzano aprobó la propuesta del gobernador de dejar como encargada del despacho a Verónica Hernández Giadans, quien fungía como su directora jurídica y es una notaria cercana a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.


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