El forcejeo Morena-PAN por Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz

Raúl Rodríguez Cortés

Policías de Tamaulipas reportaron el pasado 5 de septiembre la muerte de ocho presuntos narcotraficantes en un enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo, en medio de la espiral de violencia registrada semanas previas en el estado. Sin embargo, ONG defensoras de los derechos humanos aportaron evidencia de que se había tratado de un montaje para encubrir una ejecución extrajudicial. Los fallecidos, según la denuncia, ni eran narcotraficantes ni habían muerto en la balacera sino asesinados antes de que ésta ocurriera.

La conmoción causada por tales hechos y acusaciones se potenció ayer cuando la procuraduría del estado giró órdenes de aprehensión contra siete policías locales por su participación en la presunta ejecución extrajudicial, acaso la gota que derramó un vaso colmado de violencia e inseguridad y que llevó a que el Senado se planteara ayer mismo la desaparición de poderes en Tamaulipas, solicitud que ya fue turnada a la Comisión de Gobernación que deberá emitir un proyecto de dictamen que se elevará al pleno para su resolución.

La solicitud para determinar que “se ha configurado en Tamaulipas la desaparición de poderes”, que se realice la declaratoria correspondiente y que se nombre a un gobernador provisional, fue presentada por el grupo parlamentario de Morena a través del oficio 855.

Cabe precisar que la petición de declarar desaparición de poderes la pueden hacer los senadores y/o los diputados federales de la entidad a la que se refiera, pero la declaratoria es facultad exclusiva del Senado, de acuerdo con la fracción quinta del artículo 76 constitucional. Su ley reglamentaria establece las causales. La uno y la tres son las que se consideran en el caso de Tamaulipas: Que los titulares de los poderes constitucionales del estado quebrantaron los principios del régimen federal al mostrarse imposibilitados de ejercer sus funciones por conflictos causados por ellos mismos y que impiden la plena vigencia del orden jurídico.

En ese sentido, los senadores de Morena argumentan que en la gestión del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha crecido desproporcionadamente, de 2016 a la fecha, la incidencia delictiva y consideran que la población está gravemente expuesta, por un lado, a los estragos causados por el crimen organizado; y por el otro, a los de los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales, denuncian, utilizan injustificadamente para reprimir, como lo sugiere la presunta ejecución extrajudicial recientemente ocurrida.

Pero el grupo parlamentario de Morena añadió, en otro oficio, el 856, otra solicitud de declaratoria de desaparición de poderes y designación de gobernador provisional. Corresponde a Guanajuato donde, argumenta, la población sufre desde hace por lo menos cinco años “una grave crisis de violencia e inseguridad” que el actual gobierno de Diego Sinhue Rodríguez ha sido incapaz de resolver.

Es inocultable que Tamaulipas y Guanajuato son dos de los estados más violentos e inseguros del país. De enero a agosto de este año se han cometido en ellos 29 mil 304 y 92 mil 460 delitos, respectivamente, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Pero más allá de los datos duros y de la agobiante realidad de ambas entidades, resulta que en las dos hay gobiernos del PAN, por lo que la solicitud de los senadores de Morena pareciera respuesta a la petición hecha la semana pasada por diputados federales del blanquiazul, para desaparecer poderes en Veracruz y someter a juicio político al gobernador Cuitláhuac García, de extracción morenista y fuertemente apoyado por el gobierno de AMLO. Durante su gestión se han cometido 33 mil 743 delitos, incluidas las masacres en Minatitlán y Coatzacoalcos.

Si, como parece, estamos ante un forcejeo político, la probable desaparición de poderes en las tres o cualquiera de esas entidades, no resultará en la solución de la grave situación de violencia e inseguridad que se vive en ellas y el país entero. ¿Serán incapaces las fuerzas políticas de poner por delante el interés nacional?

Instantáneas:
1. DECLARATORIAS. Con la vigente Constitución de 1917 se ha constatado técnicamente la desaparición de poderes en 48 ocasiones. En Tamaulipas, por cierto, cinco veces; en Guanajuato cuatro y en Veracruz una. No pocos politólogos han visto en esta práctica un instrumento de control del régimen autoritario que gobernó al país durante prácticamente todo el siglo XX. Los siguientes datos abonan a favor de ese argumento: Al menos 35% de esas declaratorias tuvieron que ver con una cuestión política y solo 8% se justificó por violaciones a derechos humanos.

2. GOBIERNOS PROVISIONALES. En caso de que se declarara desaparición de poderes en un estado, y de acuerdo con la fracción quinta del artículo 76 constitucional, tocaría al Senado designar con el voto de dos terceras partes de sus miembros a un gobernador provisional que surgiría de una terna propuesta por el presidente de la República y que convocaría a elecciones en seis meses, siempre y cuando la constitución local no prevea el caso. Guanajuato sí lo prevé en el artículo 133 de su Constitución según el cual el gobernador provisional sería nombrado por la mayoría de los presidentes municipales. Tamaulipas también en su artículo 156 según el cual se encargarían provisionalmente del Ejecutivo, siempre y cuando sean tamaulipecos, el último secretario general de Gobierno, el último presidente del Tribunal de Justicia o el último presidente del Congreso (en ese orden). Mientras que Veracruz, según el artículo 83 de su Constitución, deja la decisión al Senado, pero si éste no lo hiciera, dejaría el gobierno provisional en el último presidente del Congreso, el presidente de la última diputación permanente o el último presidente del Tribunal Superior de Justicia (en ese orden). 

3. CUENTAS. Y ya que hablamos de inseguridad son buenas cuentas las que entrega la presidenta municipal de Guadalupe, Nuevo León, Cristina Díaz. Informó que ha bajado la incidencia delictiva en robo de casa, negocio y a transeúnte y dio a conocer que en los próximos días los cuerpos de seguridad del municipio recibirán uniformes y equipo inteligente, con lo que evitarán que sean clonados.
 

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