Un manto de secretismo se ha tendido sobre el accidente del avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), ocurrido la mañana del domingo pasado con saldo de seis militares muertos. Muy escueta ha sido la información proporcionada al respecto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuya Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (¿desde cuándo existe?) y la Contraloría General del Ejército y la Fuerza Aérea, atrajeron peritajes y pesquisas, sin que la autoridad civil competente, la Agencia Federal de Aviación Civil —hasta octubre de 2019 la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)— haya dicho “esta boca es mía”.
El Lear Jet 45 matrícula 3912 de la FAM había despegado de la Ciudad de México la mañana del domingo. Para reabastecerse aterrizó sin novedad en el aeropuerto nacional “El Lencero”, ubicado en el municipio Emiliano Zapata de Veracruz. A las 9:45 horas tomó pista para dirigirse a Villahermosa, Tabasco, su destino final, pero se la “comió” sin poder alzar el vuelo y se estrelló en unos pastizales, según testigos.
La aeronave accidentada, construida por la canadiense Bombardier Aerospace, era del mismo modelo de la que hace doce años, cumplidos el pasado 4 de noviembre, cayó en la lateral de Paseo de la Reforma y Ferrocarril de Cuernavaca, en la Ciudad de México; accidente en el que murieron el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el exfiscal antidrogas de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos y seis personas más.
Sobre aquella catástrofe aérea hubo explicaciones contradictorias. Una primera versión oficial de la SCT responsabilizó a los pilotos por carecer de la formación suficiente para operar la aeronave, pero un año después, la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes de Aviación de la DGAC determinó que la aeronave había caído por encuentro con turbulencia de estela producida por la aeronave que le precedía, un enorme Boeing 767-300 procedente de Buenos Aires. Diez años después, al cerrar la investigación el 7 de julio de 2018, la PGR concluyó que fue una “falla técnica” la causante del accidente.
Esta columna, publicada en EL GRÁFICO un mes y medio después de aquel percance aéreo (19 de diciembre de 2008), con el título “Corrupción detrás de la muerte de Mouriño” ya le adelantaba que, en el último mantenimiento recibido por la aeronave, se cambió una pieza hechiza del estabilizador horizontal del aparato (alerones), que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) había emitido advertencias en agosto y septiembre de 2003 (Docket No. 2003-NM-141-AD, Amendment 39-13262 y AD 2003-16-09) precisamente sobre las fallas de esa pieza en por lo menos 222 naves Lear Jet 45, que a pesar de ello el entonces Cisen adquirió de segunda mano en diciembre de 2005 el avión en que murieron Mouriño y Santiago Vasconcelos y que, por todo lo anterior, fueron cesados Francisco González Muñoz, representante de la dirección general adjunta de Recursos Materiales de la SEGOB, y Carlos Alfredo Juraidini Rumilla, quien desde la época de Santiago Creel como titular del ramo, era el director general de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.
Aún con los antecedentes referidos, la Sedena adquirió en 2016, también de segunda mano, el Lear Jet 45 que se accidentó el domingo en Veracruz. 2007 fue el año de su fabricación, acaso con la corrección de las fallas advertidas por la FAA desde 2003. Anteriormente fue operada por empresas privadas con la matrícula estadounidense N390GG. Una vez adquirida por la Defensa, fue asignada a la entonces Unidad Especial de Transportes Aéreos del Alto Mando (UETAAM) ahora Unidad Especial de Transporte Aéreo (UETA).
Por estar destinada formalmente al transporte del Alto Mando, el domingo se especulaba sobre quiénes de ese nivel habrían muerto. El lunes pasado, en la conferencia mañanera, AMLO dio el pésame a las familias de los dos pilotos aviadores (un capitán y un teniente), tres médicos militares (un mayor y dos oficiales de sanidad) y un teniente de infantería.
Este ha sido el primer accidente aéreo fatal de una aeronave de la FAM en el actual gobierno. En el anterior —según datos de la Sedena— fueron 61 con saldo de 43 muertos (30 militares y 13 civiles) y 80 lesionados.
Para disipar dudas de corrupción como las evidenciadas con el avión de Mouriño y acercarnos a la verdad sobre las causas del accidente del domingo pasado, la Defensa Nacional debería transparentar los procedimientos de licitación y adquisición del aparato, retirar el manto de secretismo que ha tendido y cortar del tajo cualquier tipo de especulación.
Instantáneas:
1. AUDITORÍA. Mucha controversia y no menos sospechas han desatado los sobrecostos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cancelación del aeropuerto de Texcoco y el desarrollo de obras emblemáticas del actual gobierno. ¿Por qué se dio a conocer en sábado el resultado preliminar del análisis de la cuenta pública 2019? ¿Por qué en la mañanera del lunes siguiente AMLO no se limitó a poner en duda tales señalamientos y volvió con la cantaleta de que tiene otros datos y que son maniobras de sus adversarios, lo que se interpretó como una descalificación de la ASF? ¿Por qué ésta, la noche de ese mismo lunes, reconoció inconsistencias en su auditoría, lo que se interpretó como el sometimiento del auditor David Colmenares al regaño presidencial, siendo como es parte de un poder autónomo? Si los resultados eran sólidos y consistentes, Colmenares debió mantenerse firme y sostenerlos. Si eran producto de un error o de la mala fe, el gobierno debió contrarrestarlos con información. Quién sabe, por lo pronto, si el auditor haya entendido que no puede estar al frente de tamaña responsabilidad despachando desde Oaxaca, donde acuerda con colaboradores y amigos como Sergio Santibáñez y el diputado local Ericel Gómez Nucamendi en el bar Siboney de la colonia Reforma.
2. LA FOTO DEL MILLÓN. Aquí le he contado ya de la Casa Blanca de Mara Lezama, propiedad de súper lujo que le atribuyen a la alcaldesa de Cancún, aunque ella lo niega y dice que es de un amigo empresario que se la prestó por unos días para pasar parte de la cuarentena por la pandemia. Lezama, quien busca la reelección como alcaldesa con los colores de Morena, ha incurrido, al parecer, en otros de los excesos que han caracterizado su mandato y que muestran que su actual ritmo de vida no podría ser sufragado por sus ingresos como funcionaria pública. Resulta —dicen los que saben y lo muestra una bitácora de vuelo— que Mara pagó un millón de pesos aproximadamente por un vuelo privado que la trasladó de Denver a Cancún para tomarse la foto con AMLO. El Presidente visitó Cancún el primero de febrero del año pasado para entregar obras de programa de mejoramiento urbano, pero Mara estaba de vacaciones en Denver con su esposo e hijos. Por eso contrató una aeronave Hawcker 750, matrícula XA-MAM de la empresa Milleniun Air Inc. El escándalo hace tambalear su candidatura y favorece las aspiraciones de la senadora Maribel Villegas a quien la abogada Araceli Andarde acusa de haber recibido predios gratuitos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
3. QUINTANA ROO. El asunto de Mara Lezama, cierto es, debe enmarcarse en la lucha política por Cancún, no solo al interior de Morena sino frente a otras formaciones políticas, principalmente la alianza Va por Quintana Roo conformada por PRI, PAN y PRD. El gobernador Carlos Joaquín impulsa como candidato de la alianza a esa alcaldía al abogado y economista Carlos Orvañanos, quien ayer renunció como vocero del mandatario de cara a las próximas elecciones. En su lugar fue designado el periodista Fernando Antonio Mora Guillén.
4. DESAFUERO. Anoche, al cierre de esta columna, la Cámara de Diputados informó que ha recibido la solicitud de la Fiscalía General de la República para iniciar juicio de procedencia para su eventual desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Acusa al panista de la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los senadores del PAN respondieron que se trata de “una clara persecución política contra un opositor”.
5. “NADA DE CHOLE M’IJITO”. A la melodía del famoso son “Alingo lingo” de Álvaro Carrillo, le han adaptado una letra que se volvió viral en redes sociales. Su estrofa central, en protesta por las acusaciones de violación y abuso sexual que pesan sobre Félix Salgado Macedonio, dice: “Es violador y lo protege la ley, nada de chole m’ijito, nada de chole mi rey”. Y luego pregunta: ¿Qué será qué le deberán que le tienen tanto miedo?”, para luego exigirle a Salgado Macedonio que “responda por sus pecados o será mi Presidente que usted le hace los mandados”.
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