Destapan otra cloaca con la liquidación de Banco Accendo

Raúl Rodríguez Cortés

La UIF detectó operaciones del banco con empresas fantasma y factureras

Le comentaba aquí el pasado 8 de agosto que estaba por conocerse información explosiva sobre las irregularidades en las operaciones y el manejo de efectivo del Banco Accendo, de los hermanos Reyes de la Campa.

Ayer empezó a surgir con el anuncio hecho por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de que le revoca la licencia de operación y se inicia su liquidación.

La razón, confirmada por el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, fue haber incurrido en malas prácticas que pusieron en peligro los depósitos de sus ahorradores.

Esas malas prácticas las enumeró el presidente de la CNBV, Juan Pablo Graf: 1. Liquidez por debajo del mínimo regulatorio; 2. Incumplimiento de los requisitos para ser considerados como capital 642 millones de pesos que, por lo tanto, debieron ser reconocidos como pasivos; 3. Omisión de descontar del capital fundamental 370 millones de pesos correspondientes a operaciones a cargo de personas relacionadas relevantes; y 4. Descuentos de capital no reconocidos como pagos anticipados mayores a un año por 88 millones de pesos.

En suma, mil trece millones de pesos que la CNBV le exigió ajustara en sus registros contables y que Banco Accendo no hizo en los plazos marcados por la ley.

Pero este es solo el inicio del escándalo, ya que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) habría detectado ya operaciones de Accendo y Javier Reyes de la Campa con empresas fantasma y factureras, mediante las que presumiblemente desvió cantidades millonarias.

Mucha de esta información surgió de un litigio emprendido por Moisés Cosío Espinosa, quien fuera uno de los principales accionistas del banco y al que Reyes de la Campa presuntamente defraudó con millones de pesos que invirtió en la institución crediticia y que jamás le regresaron. Dicho litigio no solo develó los problemas de capitalización de Accendo, sino también presuntos hechos de corrupción y desfalco como transferencias inusuales, captación de capital de procedencia dudosa y un gobierno corporativo caprichoso que benefició a personas cercanas que ya son observadas por las autoridades regulatorias.

Accendo era antes Investbank, institución de la que perdió el control en 2016 Carlos Djemal, tras ser acusado de lavado de dinero por el gobierno de Estados Unidos. Reyes de la Campa lo reconvirtió y al cabo de cinco años lo ha llevado prácticamente a la quiebra. Sus mil 581 ahorradores recibirán del Fondo Bancario de Protección al Ahorro el monto de sus cuentas: Mil 518 (96%) la totalidad de sus depósitos y 63 (4%) la cantidad límite de la cobertura que es de casi tres millones de pesos (400 mil UDIS).

No se trata de un rescate bancario ya que –según explicó secretario Ejecutivo del IPAB, Gabriel Ángel Limón– esos pagos no se hacen con recursos fiscales sino con los aportados por todas las instituciones financieras para conformar el fondo de protección que a la fecha tiene 46 mil millones de pesos, diez mil millones de pesos más que los que registró en 2020 tras pagar las coberturas por la revocación de licencia y liquidación de Banco Famsa, también por sus bajos niveles de capitalización.

El subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio ha dicho que el problema de Accendo es un caso aislado que no pone en riesgo al sistema financiero mexicano, del que ese banco solo representa el 0.08 por ciento.

Ya veremos lo que resulte de las indagatorias de la UIF, instancia que junto con la CNBV y los abogados del exaccionista Moisés Cosío Espinosa tienen cercado a Reyes de la Campa. Anoche corría la versión de que ya se había dado vista a las autoridades competentes para impedir que él y su familia huyan de México.

Instantáneas:

1. AHORRADORES. El IPAB iniciará hoy mismo el proceso de liquidación de Accendo y las gestiones para el pago de los depósitos garantizados de sus ahorradores. Ese pago se realizará mediante un cheque a nombre de cada titular, para abono en cuenta y no negociable, el cual estará inactivo para seguridad y se enviará al domicilio registrado ante el banco. El procedimiento lo puede realizar vía internet en esta liga: www.gob.mx/ipab.

2. PRECISIÓN. El exprocurador de Justicia del D.F. y exprocurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, hizo una precisión respecto a lo escrito en la entrega pasada de esta columna. Dijo que él no acusó en 1990 a los escoltas del entonces subprocurador de Combate al Narcotráfico, Javier Coello Trejo, de violar a varias mujeres al sur de la ciudad de México. Quienes los acusaron e identificaron fueron las propias víctimas. Él solo siguió el proceso.

3. NOTARÍAS. Hace poco más de un mes, AMLO reprobó lo que llamó la práctica corrupta y generalizada de repartir notarías en la que incurren los gobernadores al terminar sus mandatos. Pues resulta que el mandatario saliente de Baja California, Jaime Bonilla, quien a diestra y siniestra ha presumido su amistad con López Obrador, está repartiendo notarías como estampitas navideñas.

4. NOMBRES. Por cierto, la más reciente ocurrencia de Bonilla fue decretar, sin tener competencia para ello, el cambio de nombre del Mar de Cortés por el de Golfo de California. No puede hacerlo porque según el artículo 27 constitucional establece que los mares, golfos y lagunas pertenecen a la nación, representada por el gobierno federal. Pero, aun si tuviera la facultad, lo correcto sería llamarlo Golfo de Baja California. El caso es que crece la moda de cambiar nombres. En la ciudad de México ya no es “Avenida Puente de Alvarado” sino “Avenida México-Tenochtitlán”, ya no es “El árbol de la Noche Triste” sino “El árbol de la Noche Victoriosa” y Cristóbal Colón ya no está, ni estará en el Paseo de la Reforma, avenida a la que podría ocurrírseles cambiar el nombre por Paseo de la 4T. En fin.

 

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