Denuncian red de corrupción de jueces

Raúl Rodríguez Cortés

Una red de jueces habría actuado ilegalmente a favor del grupo que en la Cruz Azul encabezan José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel

La disputa en tribunales por el control de la Cooperativa Cruz Azul ha develado una red de corrupción de jueces que sistemática y parcialmente favorece a una de las partes del litigio, aseguran socios cooperativistas en una denuncia de hechos que presentaron ante la Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos Borja.

Esa red habría actuado ilegalmente a favor del grupo que en la Cruz Azul encabezan José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, según los cooperativistas denunciantes representados por Ramsés Dolores Anguiano y Héctor Ortega Jiménez.

Preciso es reparar en algunos hechos: 1. Una asamblea general de socios de 2018 designó a Marín Gutiérrez presidente del Consejo de Administración y a Velázquez Rangel presidente del Consejo de Vigilancia; 2. La elección fue declarada nula porque ambos personajes ocupaban cargos de dirección y, por estatutos, no son elegibles quienes están en esa condición, por lo que el juez 24 de lo Civil, Roberto Yáñez Quiroz determinó que quedaban imposibilitados de ejercer funciones y facultades; 3. Esa orden fue revocada por la Séptima Sala Civil del TSJCDMX, pero sometida a un amparo que se ganó y contra el que se presentó otro en instancia superior (Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito) que aún está pendiente de resolver.

De lo anterior –consideran los demandantes- sigue vigente la orden que imposibilita a Marín y a Velázquez ejercer funciones y facultades. Esa medida cautelar fue ordenada por el juez quinto civil, Alejandro Dzib Sotelo, pero él mismo la revocó de manera “oficiosa e ilegal” –según la denuncia– con el argumento de que sabía que el director de la Cooperativa, Guillermo Álvarez, tenía una orden de aprehensión y se encontraba prófugo. Según los denunciantes lo hizo motu proprio y no obstante que ya no estaba en su jurisdicción sino en una instancia superior que aún no resuelve el asunto.

Aún así, Marín y Velázquez tomaron decisiones sin estar facultados: 1. Otorgaron poderes de pleitos y cobranzas a Jonathan Julián Molina Suárez; 2. Demandaron ante el juez 60 Civil, José Manuel Salazar, la nulidad de un fideicomiso en el que Afianzadora Cbl Fiducia era la fiduciaria y la Cruz Azul fideicomitente (promotor de la herramienta) y fideicomisaria (beneficiaria de la misma), que finalmente se otorgó, no así las abusivas medidas cautelares dictaminadas por el juzgador quien, en lugar de ordenar la no ejecución de cualquier acto del fideicomiso (Litis del asunto), entregó a Marín y Velázquez el control de cuentas bancarias e inmuebles de la Cooperativa, lo que derivó en la toma violenta de sus oficinas corporativas así como de las plantas de Tula, Hidalgo, y Lagunas, Oaxaca.

En medio de todo esto, se celebró una asamblea de socios que eligió en 2020 presidente del Consejo de Administración a Federico Sarabia Pozo y presidente del Consejo de Vigilancia a Alberto López Morales. Marín y Velázquez promovieron providencias precautorias que “coincidentemente por turno” recayeron en el juez 24, José Manuel Salazar, quien había desconocido la asamblea de 2018 y ahora desconoció la de 2020. El mismo juzgador dio entrada a demandas contra Sarabia y López Morales, quienes a su vez demandaron a Marín y Velázquez ante el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, Júpiter López Ruiz, quien ordenó la suspensión de ese procedimiento sin que existiera acuerdo para admitirlo, desecharlo o prevenirlo. Y después, en nueva andanada, el juez octavo Civil, Alejandro Torres Jiménez ordenó la entrega de otras dos plantas de las que Cruz Azul es solo uno de los socios.

En consideración de los cooperativitas denunciantes, Marín y Velázquez han procedido con la intención de “inducir a error a la autoridad jurisdiccional” o de plano los referidos funcionarios del Poder Judicial han actuado en contubernio con una de las partes del litigio.

Instantáneas:

1. DE CHAPULINES. Cristina Torres Gómez fue priista, luego panista y ahora es morenista. Como albiazul fue presidenta municipal de Solidaridad, Q.R. (Playa del Carmen), de 2016 a 2018. Ese año perdió la reelección y, recientemente, pidió apoyo a Carlos Joaquín para contender por la alcaldía, pero el gobernador ya tenía otro candidato. Fue así que Torres Gómez brincó a Morena y se registró como aspirante a la candidatura, aspiración que rechazan la militancia morenista y la ciudadanía playense. Aquella envió ayer al Comité Ejecutivo Nacional de ese partido una detallada impugnación y ésta no oculta su rechazo por los abusos que cometió como alcaldesa, desde negocios privados y desvíos millonarios de fondos, hasta maniobras electorales fraudulentas cuando intentó reelegirse hace tres años.

2. JALONEOS. Dicen los que conocen de estas grillas que quien contactó a Cristina Torres Gómez para su incorporación a Morena fue la exsecretaria general en funciones de presidenta Yeidckol Polevnsky quien –aseguran– se la ha pasado vendiendo candidaturas del partido.

3. LA ÚLTIMA DUDA. Hoy arrancan las campañas electorales por todo el país. En Guerrero, Morena lo hará sin candidato a gobernador, ya que este fin de semana se levantará la tercera encuesta para designarlo, tras el escándalo de Félix Salgado Macedonio. Éste no participará hoy en ningún acto proselitista, aunque el delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el estado, Salomón Jara, dijo que las autoridades electorales de la entidad aprobarán el registro de la candidatura del presunto violador porque es el único que la solicitó. Será hasta el próximo viernes cuando se conozcan los resultados de esa encuesta y, según Jara, si no favorecen a Félix, éste se retirará de la contienda. Quienes ven en esto una simulación están seguros que la encuesta resultará arrolladoramente a favor del estrafalario personaje. Hay quienes, sin embargo, todavía ven en esto la posibilidad de que su candidatura se descarrile.

4. ¿RECTIFICACIÓN? No es asunto menor que el senador Ricardo Monreal, uno de los personajes emblemáticos de la 4T, reconozca que después del contundente triunfo electoral de Morena en 2018, la población ha percibido que el movimiento ha caminado con desaciertos y errores tácticos. Ponderó la alta aceptación que mantiene AMLO y las preferencias para Morena que registran las encuestas, pero recordó que la confianza del pueblo no es una concesión sin límite y que la responsabilidad de quienes integran el movimiento es distinguirse de quienes estuvieron en el poder en todos los niveles de gobierno. Imposible cerrar los ojos frente a lo que ocurre. 

 

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