Barruntos de tormenta en el PJF y las instituciones electorales 

Raúl Rodríguez Cortés

Hay claros indicios de la sacudida que viene en las instituciones electorales y en el PJF

Tres hechos recientes pueden considerarse claros indicios de la sacudida que está por venir en las instituciones electorales y el Poder Judicial de la Federación:    

1. La crisis aún no resuelta en el Tribunal Electoral (TEPJF); 2. El rechazo del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, de prolongar su gestión dos años más tras conocer el proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco que considera inconstitucional el artículo transitorio de la reforma aprobada por el Congreso que así lo mandata; y 3. La abierta confrontación evidenciada ayer en sus declaraciones por el presidente López Obrador

 Aquí le referí lo ocurrido en el TEPJF entre el martes y el jueves de la semana pasada (https://bit.ly/3Ae9nBJ). El viernes 6 de agosto amanecimos con dos presidentes del Tribunal Electoral, cada uno de ellos alegando tener la razón legal y sus respectivos fardos a cuestas: el depuesto Vargas con investigaciones abiertas por enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, así como la animadversión de cinco de sus pares por la manera de gobernarlo; y el designado Reyes Rodríguez Mondragón con sus inocultables lazos con el expresidente Felipe Calderón

Ese mismo viernes –tras su reunión en la víspera con los cinco magistrados rebeldes–, el presidente de la Corte salió a una inusual conferencia de prensa en la hizo notar su papel de mediador en el conflicto, con un llamado a la conciliación interna ante la imposibilidad legal de que el máximo tribunal resolviera el conflicto por el carácter independiente del TEPJF. 

Aprovechó además su comparecencia ante los medios para informar que no aceptaría la prolongación de su Presidencia dos años más y que ya estaba listo el proyecto de sentencia que sobre el asunto elaboró la ponencia del ministro Franco, cuyo contenido no se hizo público. 

El lunes 9 de agosto, Zaldívar se reunió con el magistrado Vargas. Tras el encuentro se desencadenaron varios hechos: 1. La declinación de Reyes Rodríguez Mondragón luego de reconocer que su designación había sido acordada solo por cinco magistrados y no por la totalidad de los siete integrantes de la Sala Superior como es obligación de todo cuerpo colegiado; 2. La renuncia de Vargas para dar paso a una conciliación interna; y 3. Una larguísima reunión de los siete magistrados electorales en la que se designó como presidente interino a Felipe Fuentes Barrera para sacar adelante la calificación de quince elecciones estatales (al menos tres de ellas con severas impugnaciones: Nuevo León, San Luis Potosí y Michoacán), así como contenciosos pendientes, y se acordó elegir en septiembre próximo, con nuevas reglas, a quien será el nuevo presidente o presidenta del TEPJF. 

Ese mismo lunes se conoció el contenido del proyecto de sentencia sobre la prolongación por dos años de la presidencia de Arturo Zaldívar en la Corte conforme al transitorio aprobado con la reforma al Poder Judicial. Es inconstitucional, propuso el ministro Franco, posición que, según se supo, es compartida por la mayoría de los ministros. 

Ayer martes 10 de agosto, se esperaba que el pleno de la Corte se pronunciara sobre la constitucionalidad del referido artículo transitorio, pero la mayoría de los ministros determinó no hacerlo y dejar la resolución para después, a fin de atender otra demanda pendiente de inconstitucionalidad y la consulta del asunto a los ministros.  

Pudieron haberlo hecho de inmediato ya que hay un proyecto de sentencia ya listo, pero dicen los que saben de las luchas de poder al interior de la Corte que los ministros que han sido abiertos opositores a Zaldívar y que avalan la inconstitucionalidad de la ampliación de su periodo como presidente, buscan alargar el trámite sabedores del enorme desgaste que le ha generado y le sigue generando. 

En la mañana de ayer AMLO ya había soltado un par de petardos declarativos. Sobre la prolongación dos años en la presidencia de la Corte: Zaldívar “fue avasallado” en su intento por reformar el Poder Judicial por sus compañeros ministros que “vienen del antiguo régimen”, a los que calificó de hipócritas y falsarios. Y sobre la crisis en el TEPJF: “No coincido” con Zaldívar de que esa crisis esté zanjada, “el Tribunal no está bien, no ha demostrado actuar con rectitud”, “lo mejor es una renovación… tajante, tanto en el Tribunal como en el INE, porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible y honesta”. 

En este sentido ratificó que va por una reforma electoral amplia, aunque adelantó que no promoverá otra constitucional en el Poder Judicial (“como lo hizo Zedillo”), que dejará que la lleven a buen puerto los propios jueces, magistrados y ministros, y que el Consejo de la Judicatura (encargado de vigilar su conducta) asuma un papel más activo.  

Instantáneas:   

1. REVOCACIÓN. Uno se pregunta si todos los jaloneos que hemos atestiguado en lo que va del gobierno de la 4T, ¿responden a un auténtico afán de cambio de régimen o son expresión de luchas de poder por el control político? En cualquiera de los casos no parece recomendable el tono de regaño que una mañanera sí y otra también ha asumido el Presidente de la República. Vaya que los hubo ayer y uno de ellos fue dirigido a los liderazgos legislativos de Morena y a las otras fuerzas políticas, por no incluir en los asuntos a tratar en el Periodo Extraordinario de mañana la iniciativa para reglamentar la revocación de mandato incorporada de la Constitución. Esto llevó a que Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, empezara a operar para que haya un segundo periodo extraordinario para discutir y en su caso aprobar antes del próximo primero de septiembre la ley reglamentaria correspondiente.   

2. PÉRDIDA DE CONFIANZA. Por cierto, la iniciativa de Ley Federal de Revocación de Mandato ratifica que ésta solo procederá a petición del tres por ciento de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores distribuidos en al menos 17 entidades federativas y que su resultado solamente será vinculatorio si la participación total de la ciudanía es de al menos 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en ella. La pregunta que deberán responder los ciudadanos con un “sí” o un “no” sería: ¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza? El INE será el encargado de realizarla y llevarla a cabo, mientras que el TEPJF la calificará y se encargará de resolver a los medios de impugnación.   

3. NO A LA REVOCACIÓN. Ya hay voces que claman por un no a la consulta de revocación de mandato. Una de ellas es la del expresidente del INE, Luis Carlos Ugalde. Argumenta que si la Suprema Corte ya se pronunció por la inconstitucionalidad de la ampliación del mandato de dos a cinco años del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, esa tesis debe prevalecer en el caso de reducir el mandato ciudadano de que el Presidente cumpla con el periodo de seis años para el que fue electo. También pone por delante el principio de que la ley no puede ser retroactiva y que si la reforma constitucional que incorpora la revocación del mandato fue aprobada en 2019 (un año después de electo el actual Presidente), entonces deberá aplicar para el jefe del Ejecutivo que se elija en 2024.  

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