Aquellos enfermos que nos gobernaron

Raúl Rodríguez Cortés

No se interprete el término enfermos como un estigma o afrenta. Su uso, aquí, es para describir una condición humana de la que nadie es ajeno. Tampoco los jefes de Estado y/o de gobierno, por poderosos, carismáticos o antipáticos que sean. El tema de fondo es qué tanto la enfermedad podría incapacitarlos para gobernar y hasta qué punto, por esa razón, su salud debe ser objeto del más amplio escrutinio público y asunto de seguridad nacional.

El domingo pasado en la tarde circuló profusamente en redes sociales que AMLO había sido hospitalizado. El antecedente del infarto que sufrió hace casi siete años (3 de noviembre de 2013), dio lugar a todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud y a reacciones múltiples, algunas solidarias y otras críticas, entre las que no faltaron las que atizadas por la vileza le deseaban la muerte.

   El propio López Obrador confirmó al día siguiente que, en efecto, había ido al Instituto Nacional de Cardiología a hacerse un chequeo y una prueba de esfuerzo que, informó, resultaron muy bien.

Que el Presidente diga que está al cien debería ser públicamente avalado por algún tipo de certificación médica. Él es objetivamente un cardiópata sometido a fuertes presiones y ritmos de trabajo en medio de una situación inocultablemente crítica del país; tiene una patología en la columna vertebral, tiene 66 años y está expuesto, como todos, al contagio del SARS-Cov2.

 El recomendable libro “Aquellos enfermos que nos gobernaron”, del que tomé el título de esta entrega, presenta una minuciosa biografía médica de personajes como Adolfo Hitler, Winston Churchill, José Stalin, Franklin D. Roosevelt, Mao Tse-Tung y John F. Kennedy, entre otros. Sus autores, Pierre Accoce y Pierre Rentchnick, documentan con informes de los médicos tratantes de cada uno de ellos, las dolencias físicas y sicológicas, así como las adicciones en algunos casos, con las que gobernaron, además de hacer inferencias sobre el peso de esas enfermedades en las decisiones que tomaron durante momentos críticos de la historia.

La apertura en México al debate sobre la salud de sus Presidentes y sus implicaciones en el ejercicio del gobierno, es más o menos reciente. Hasta hace poco se ignoraba que, en su momento, Adolfo López Mateos sufría de fuertes jaquecas provocadas por aneurismas que finalmente le provocaron la muerte; que Gustavo Díaz Ordaz padeció de asma bronquial y fue operado de un desprendimiento de retina postraumático en el ojo derecho antes de su fallecimiento por cáncer de colón; que Luis Echeverría era proclive a infecciones respiratorias recurrentes y a dolores renales; que José López Portillo sufría de diabetes sacarina; que Miguel de la Madrid padecía enfisema pulmonar provocado por su tabaquismo; y que Carlos Salinas de Gortari fue operado de apendicitis y que aún estaba convaleciente cuando ocurrió el levantamiento zapatista.

Ya con Ernesto Zedillo se hizo público que fue sometido a una cirugía en la rodilla derecha; que Vicente Fox, además de los episodios de depresión que sufría, fue operado de una hernia en la columna vertebral justo cuando México era miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y debía votar sobre la invasión de Estados Unidos a Irak; que Felipe Calderón fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones por fractura en el hombro izquierdo y por ruptura de ligamentos de rodilla; y que Enrique Peña Nieto fue operado dos veces por un nódulo tiroideo no canceroso y por cálculos en la vesícula biliar.

Pero a lo largo de la historia, la constante fue el ocultamiento de las causas de muerte y las enfermedades previas de nuestros gobernantes. Mucha luz arroja sobre este tema el ensayo “Las enfermedades mortales de los Presidentes de México” publicado por Guillermo Murillo Godínez del Colegio de Medicina Interna (https://bit.ly/30sXl8w).

Baste saber que de los 64 presidentes que nos han gobernado desde que somos país independiente, se desconoce la causa de muerte de 36. De los otros 28: siete siguen vivos, ocho fueron asesinados o fusilados y trece murieron por diversas enfermedades con dolencias previas como la epilepsia, tifo, neumonía, cólera, angina de pecho y otras.

Hablamos de humanos y por lo tanto de enfermedades, pero por ser en quienes recae la responsabilidad de gobernar, y más en un sistema presidencialista como el nuestro, es necesaria más transparencia y protocolos claros que aplicar en casos de ausencias temporales por enfermedad.

1. TESTIGO. No son pocos los políticos y exfuncionarios públicos que, con el alma en un hilo, están pendientes de las revelaciones que haga en su juicio Emilio Lozoya Austin y de las grabaciones que dice tener y que documentan sobornos. Ha trascendido que, según fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), el que se ha acercado por esos rumbos es David Penchyna, quien fuera presidente de la Comisión de Energía del Senado cuando fue aprobada la Reforma Energética. Se dice que ha ido a plantear la posibilidad de convertirse en testigo colaborador. De ser así, ¿ya se habrá abierto proceso en su contra? Es duda.  

2. FARMACÉUTICAS. Tras el anuncio de la creación de una empresa estatal que distribuirá los medicamentos del sector salud que se importarán del extranjero por medio de Naciones Unidas, la industria farmacéutica ha establecido comunicación con el organismo internacional para poder participar en los procesos de licitación. Lo hace a partir de la recomendación hecha por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, durante la firma del convenio correspondiente. La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) y su director ejecutivo Juan de Villa establecieron contacto con la oficina de la UNOPS en México por conducto de Fernando Cotrim, a quien se le solicitó una reunión. La respuesta fue positiva y se coordinará con en el gobierno. La AMELAF insiste en que la industria farmacéutica nacional no quiere ser parte de un problema, sino parte de una solución en cuanto al abasto de medicamentos.

3. LAUDO. Fuentes del sector laboral prevén que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita en estos días un laudo, presumiblemente condenatorio, contra el Sindicato Minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. De ser así, le obligaría a pagar a sus afiliados los 55 millones de dólares correspondientes a cinco por ciento de las acciones de Minera Cananea pactados con la empresa en 2005. Parte de ese dinero correspondería a los deudos de los mineros muertos en la explosión de Pasta de Conchos en 2006, toda vez que la mayor parte de ellos fueron contratados por la firma de outsourcing General de Hulla, autorizada para operar en esa mina por el hoy senador de Morena.
 

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