El viernes 22 de julio del año en curso, el presidente de México declaró en su conferencia matutina “por eso salen de las universidades como licenciados en relaciones internacionales o hacen maestría en política exterior, hasta en el Colegio de México, y son los técnicos que defienden al gobierno de Estados Unidos y de Canadá, mexicanos que defienden los intereses de empresas extranjeras y de gobiernos extranjeros”. El titular del ejecutivo incluso equiparó a quienes supuestamente defienden a Estados Unidos y Canadá con los traidores que trajeron al emperador Maximiliano en el siglo XIX. Hasta donde sé, no hubo respuesta institucional de El Colegio de México ni de ninguno de sus egresados.
Hay una arista del problema que no se ha considerado. Lo que preocupa del actual litigio entre México, Estados Unidos y Canadá no es darle la victoria a las empresas y gobiernos extranjeros, sino que, en el probable caso de que las instancias correspondientes le concedan la razón a ellos y no a México, el daño a la reputación de nuestro país sería mayúsculo. Decía Daniel Cosío Villegas, el fundador de El Colegio de México y de la licenciatura en relaciones internacionales que, en el plano exterior, “México puede ser un país modesto, pero civilizado.”
Parte de esa civilidad, diría don Daniel a sus discípulos, pasaba y pasa por el cumplimiento de sus tratados internacionales. A lo largo del siglo XX, con todo y el sistema autoritario que se impuso en la política doméstica, México fue un gran promotor y garante del cumplimiento del derecho internacional. Es un componente central del interés nacional la fidelidad al derecho internacional por la sencilla razón de que constituye la única defensa de México frente a otros países más poderosos. No disponemos de suficientes recursos militares ni económicos para defendernos, por lo tanto, recurrimos a la ley haciendo de ésta la base de nuestra política exterior. Cuando las grandes potencias se repartieron zonas de influencia durante la guerra fría, se sentían con la capacidad de imponerle todas sus determinaciones a los países más débiles.
México resistió esas imposiciones gracias a su activismo en tribunales internacionales y foros multilaterales, así como una bien ganada reputación en cuanto a cumplimiento del derecho internacional. Si México deja de cumplir las disposiciones del derecho internacional cuando no le convienen a alguno de sus gobernantes, la voz mexicana no tendrá ninguna validez cuando quiera defenderse de imposiciones extranjeras apelando a lo mismo que incumple cuando no le gusta.
La invasión de Ucrania por parte de Rusia vuelve a colocar al mundo en un escenario de zonas de influencia donde las potencias creen que pueden hacer lo que quieran con países menos poderosos. México va a necesitar una inyección de vigor a su tradición de derecho internacional y formar nuevas generaciones de especialistas en el tema para navegar en el orden mundial contemporáneo. México requiere sostener y consolidar su reputación como nación respetuosa del derecho internacional para estar en condiciones de seguir utilizándolo en defensa propia.
No es una noción que vaya contra el pueblo ni traicione a la patria, sino que cuida su reputación en el exterior. En los pueblos y aldeas de México, los hombres y mujeres saben que su recurso de mayor valor es su palabra empeñada. Cuando esa gente da su palabra es porque se compromete plenamente a algo, más aún si firmaron un contrato. Así se ganan el respeto de sus vecinos, aunque sean más ricos que ellos. Lo mismo sucede con los países. La firma de un tratado internacional compromete la palabra de un país entero, más aún si la firma es la del presidente en turno.
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