La semana pasada se inició el pago del adeudo que el SAT atribuyó a Ricardo Salinas Pliego. El Grupo Salinas pagará 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, de los cuales ya se pagaron en una primera exhibición 10 400 millones. El resto se irán cubriendo en 18 exhibiciones. A esto se suman los 300 mil millones en impuestos que el grupo empresarial ha pagado en los últimos años, por lo que debería quedar sellado este conflicto.
La duda que sobrevuela el ambiente es si esto zanjará definitivamente el enfrentamiento público (y evidentemente político) entre el grupo empresarial y el gobierno mexicano. Dicen algunos insidiosos que, a cambio del descuento en el adeudo, TV Azteca estaría dispuesta a cambiar su línea editorial para disminuir sus críticas al gobierno. No obstante, fue la propia Presidencia de la República la que reconoció en una mañanera que el descuento fiscal forma parte de los derechos de todo contribuyente en una coyuntura similar. Además, éste gobierno y el anterior han reiterado más de una vez su compromiso con la libertad de expresión de todos los mexicanos. Por su parte, el Grupo Salinas ha manifestado su disposición a dar vuelta a la página y dedicar sus esfuerzos a la creación de valor para sus clientes y colaboradores.
El país atraviesa una circunstancia francamente adversa en los ámbitos doméstico e internacional. Por una parte, el Presidente Trump coquetea un día sí y otro también con afectar las condiciones de renegociación del TMEC. De parte de México, las finanzas públicas sufren un boquete gigantesco con la sangría continua de una empresa tan mal administrada como Pemex. La inseguridad, la extorsión y el cobro de derecho de piso siguen afectando al mundo de los negocios. La economía no crece, la inversión no llega. Las señales de un choque entre gobierno y empresarios no son favorables a los propósitos enunciados en el Plan México. Históricamente, los sexenios marcados por encontronazos del sector público con la iniciativa privada no han sido bien recordados por los mexicanos. Ahí están las evocaciones de Echeverría en su pleito con Grupo Monterrey. Las elites económicas y políticas tienen la responsabilidad de conducirse con madurez para establecer una alianza que fomente la prosperidad nacional. Del Grupo Salinas depende el empleo de más de 180 mil familias, ¿hay alguna justificación para poner en peligro el patrimonio de tanta gente?
Dicen las plumas simpatizantes del gobierno que existe el problema del activismo político del Grupo Salinas y su presidente. Con todo, uno supondría que las encuestas de popularidad presentadas todos los días en la mañanera disipan cualquier preocupación del oficialismo a ese respecto. Si la actual administración y su partido gozan de una predilección masiva entre los votantes, ¿en qué pueden afectarles los posicionamientos públicos de un grupo empresarial? Más aún, si la reforma electoral venidera cancelará toda posibilidad de que la oposición vuelva a ser competitiva frente a los partidos de la coalición gubernamental ¿tiene sentido preocuparse por un activismo legal y legítimo en favor de causas como el combate a la delincuencia y la corrupción? Entiendo que éstas también son banderas del régimen. Algo no cuadra. Ricardo Salinas ha demostrado capacidad de acercamiento con la administración de Donald Trump. Esa cercanía podría ser provechosa para México y para su gobierno. El país atraviesa un momento crítico en su relación bilateral más importante con el exterior. Los llamados a la unidad nacional deberían incluir la capacidad de reconciliación del estado con los empresarios. Con todos.