El Estado mexicano se erigió desde el miedo, la desconfianza, el hartazgo y la incertidumbre. A la infinita retahíla de reformas a nuestro sistema electoral le antecede una aprehensión latente y sustentada de posibles prácticas fraudulentas. Somos también mártires del punitivismo de nuestro sistema penal, cuyas largas penas no se han traducido en una disminución de la violencia criminal, ni en un modelo efectivo de reinserción social. De igual forma, nuestro sistema político pretendió resolver el terror propio de los cacicazgos y los autoritarismos que caracterizaron al siglo XX, pese a que algunos atisbos permean hasta ahora. Si bien el arreglo federal bajo el cual se organizó políticamente el territorio mexicano pretendió abrazar la diversidad regional del país y fomentar la creación de políticas públicas desde lo local, los conflictos por la distribución de poder, recursos y toma de decisiones, continúan presentes en la realidad nacional.
El eterno debate que oscila entre el centralismo y el federalismo cobra especial relevancia en la actualidad, en donde los contrapesos fundamentales para una democracia funcional se tornan cada vez más imperceptibles. Pese a que la tendencia hacia un centralismo puede rastrearse a diversos momentos de la historia reciente del país, los planes del actual gobierno como la creación de la Guardia Nacional, el establecimiento de los superdelegados o la implementación del INSABI, aunado a la aplastante mayoría de Morena en más de la mitad de los congresos locales, resulta preocupante en lo que al federalismo compete. Si bien los múltiples escándalos de casos de corrupción de gobernadores como Javier Duarte, Roberto Borge o Guillermo Padrés no abonan a remover el estereotipo de estas figuras como equivalentes a señores feudales, caer en la trampa de apostar por el centralismo como solución implica reducir el problema a conjeturas simplistas. Especialmente si se explora la complejidad del impacto diferenciado que tienen diversas problemáticas a nivel estatal y municipal, así como la poca claridad que existe en cuanto a quién es responsable de qué, para un correcto ejercicio de rendición de cuentas. Recientemente, los esfuerzos en torno a la defensa del pacto federal, encabezada por los gobernadores de la Alianza Federalista, se han centrado en exigencias por los recortes presupuestales. Sin embargo, en el contexto actual resulta particularmente apremiante discutir el rol que el federalismo tendrá en la estrategia de seguridad y en la atención a la pandemia de COVID-19 de cara a las elecciones intermedias de junio.
Los mensajes de “vamos bien” del ejecutivo federal contrastan irreparablemente con la muerte y el dolor que millones de mexicanos hemos experimentado en el último año, resultado de políticas desordenadas, contradictorias y desafortunadas. Aunque el hubiera no existe para una estrategia de control de la pandemia entre los tres ámbitos de gobierno, aún hay tiempo de asegurar una fórmula integral que dé respuesta a los estragos presentes y a los venideros. En materia social, económica y laboral será fundamental articular las acciones propias de los gobiernos estatales y municipales, con sus respectivas responsabilidades y recursos, con la coordinación operativa a nivel federal. No debe dejarse de lado que a las consecuencias de la pandemia se le suman las profundas desigualdades estructurales distribuidas de manera heterogénea a lo largo del territorio nacional. Por ende, los estímulos deberán atender dichos rezagos particulares sin dejar de lado la necesidad de un plan coherente y cohesionado en su conjunto. La cooperación, por encima de la demagogia; la recuperación, por encima de los fines electorales y; el servicio público, por encima del oportunismo político. Alrededor del mundo la ciudadanía ha castigado o premiado a sus gobiernos por el manejo de la pandemia y México no será la excepción. Aún queda por ver cómo repercutirán los dos años de fortalecimiento de redes clientelares y el uso de las vacunas con claros fines electorales en los resultados.
Por su parte, la intrínseca relación entre criminalidad y gobernanza vuelve inevitable el incremento de violencia. Los cárteles del narcotráfico han ido consolidando a lo largo de los años su injerencia en los procesos electorales, particularmente, en los espacios locales en donde sus vínculos con figuras relevantes y su interés por mantener las redes que los protegen han desembocado en una ola de violencia imparable. En tan solo unas cuantas semanas de precampañas, ya se han reportado por lo menos ocho ataques o atentados contra candidatos. En este sentido, el arreglo federal cobra importancia no solamente por la apuesta a un proyecto de seguridad carente de matices y autonomía local, como lo es la Guardia Nacional, sino por la visible confrontación entre el gobierno federal y los gobiernos de oposición en esta materia. Tres ejemplos que ilustran esta contraposición son el retiro de las fuerzas federales de las tareas de seguridad del estado de Chihuahua tras el conflicto por el agua; la acusación de la bancada de Morena de corrupción y opacidad a quienes abandonaron la Comisión Nacional de Gobernadores; y el aumento de la violencia criminal en entidades gobernadas por la oposición, como Chihuahua, Michoacán y Guanajuato. Estos tres casos levantan sospechas de una presunta descoordinación deliberada con tintes políticos. Continuar utilizando esta herramienta como castigo a adversarios tendría graves efectos en el combate al crimen organizado y en el bienestar de la población en general.
Finalmente, problemas como los planteados exigen que el pacto federal se rearticule más allá de un proyecto político. El debate público debe volcarse hacia encontrar soluciones respecto a la claridad de competencias, el reparto de recursos, la corrupción, la impunidad, los desequilibrios fiscales y un sinfín de cuestiones que encuentran origen en los desajustes de este arreglo. La historia de nuestro país está plagada de ejemplos de lo peligroso que es concentrar demasiado poder en un presidente, en un partido, en un proyecto único de nación. Porque, finalmente, existe una muy fina línea entre la centralización del poder y el autoritarismo. En este sentido, el federalismo puede fungir como una vía para la solución de los retos presentes. De lo contrario, el futuro de la democracia mexicana continuará regido por el miedo, la desconfianza, el hartazgo y la incertidumbre bajo los cuales se construyó.
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Licenciada en Derechos Humanos y Gestión de Paz por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Se ha desarrollado en los sectores público, privado y de la sociedad civil en temas de seguridad, justicia, igualdad de género y educación. Actualmente, es integrante del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México y asociada del Programa de Jóvenes del COMEXI.