El esfuerzo primordial de la transición mexicana —después del escandaloso fraude de 1988— se orientó hacia la legalidad y veracidad de las elecciones, que hemos alcanzado en lo esencial. Hemos probado, como en su tiempo lo hizo Madero, que nuestro país puede imponerse la voluntad del pueblo, por la vía del sufragio, en la elección de sus gobernantes. Se trata obviamente de un fenómeno progresivo, que también puede descarrilarse como quisieran algunos generales notoriamente coordinados con reflexiones y lemas de la derecha dura, que en pocas semanas han cambiado el tono y la orientación de los medios de comunicación.
Algo semejante está ocurriendo en otros países de América Latina que habían logrado instaurar en épocas recientes gobiernos progresistas y hoy se ven socavados por movimientos subterráneos o desafíos abiertos de las corrientes conservadoras. La respuesta no podría ser autoritaria ni tampoco el desenfreno populista. La democracia se defiende con más democracia. Esa es la inspiración y el sentido de las reformas promovidas por el presidente López Obrador, a las que se han añadido la revocación de mandato no sólo para el Ejecutivo Federal sino también para los ejecutivos locales, así como la posibilidad de realizar consultas populares para temas de trascendencia nacional y su ampliación a lo regional.
Es necesario fortalecer y multiplicar las distintas formas del ejercicio de la soberanía popular. Como solía decir el maestro Arnaldo Córdova: “existen en México cuando menos 32 soberanías”. La tendencia contemporánea es además el reconocimiento de la soberanía municipal, que sería indispensable consagrar en el artículo 41 de la Constitución. Dicho precepto se refiere exclusivamente a los Poderes de la Unión, los de los Estados y la Ciudad de México. Circunstancia que limita el ejercicio de la soberanía a los poderes representativos o “delegativos” como los llamaba el maestro O´Donnell.
Están ausentes de ese canon las muy diversas formas a través de las cuales se expresa la voluntad popular. En primer término la más antigua que es la democracia directa según la cual el ciudadano debe expresarse en forma de electorado sobre cuestiones fundamentales de la vida pública. Una variable es el referéndum que teóricamente significa la expresión de la voluntad ciudadana para avalar o rechazar una ley que ya ha sido aprobada por el congreso o un acto administrativo para su ratificación; otra es el plebiscito por el cual se entiende la pregunta a la población sobre una decisión política que no se ha tomado aún y que es de trascendencia para el electorado.
La creciente democratización de la ciudadanía en distintas regiones del mundo ha alcanzado el viejo anhelo de empatar la sociedad civil con la sociedad política (Gramsci), con lo cual todo acto de convivencia civilizada expresa una forma de ejercicio democrático y a la inversa. La Ciencia Política contemporánea ha definido además la democracia participativa que consiste en el involucramiento de las comunidades en la discusión, diseño, gestión y evaluación de políticas públicas. Al respecto el “Presupuesto Participativo”, generalmente vinculado a otras decisiones económicas, se ha extendido a diversos tipos de sociedades desde las nórdicas hasta las amazónicas. No puede olvidarse, por último, la influencia del Convenio 169 de la OIT que determina las consultas libres, obligatorias e informadas con las comunidades indígenas y tribales en países independientes, respecto al uso de la tierra, el territorio y los recursos naturales en donde se asientan los pueblos originales.
Diputado federal
