La capacidad que tiene un Estado soberano para implantar las políticas de protección y de promoción de los ramos industriales más afectados por la apertura de mercados, es una discusión que se ha extendido ya por más de cuatro décadas.
Pasamos de las “ventajas comparativas” a la “apertura comercial” y a la “globalización”, tratando a cada concepto como opciones excluyentes en la política económica y en la economía política. Pero es el momento de revisar a fondo, sus efectos y defectos, para corregir y reencauzar un nuevo modelo económico para México.
La adhesión de México al GATT, después OMC, llevó por lo menos doce años para hacerse realidad, y nuestro país fue el primero en la región que se sumó a un tratado de libre comercio, asociándose con economías cuyo desarrollo era mucho mayor, con grandes expectativas de modernidad y crecimiento económico, cuya derrama compensaría las pérdidas posibles, sobradamente.
Sin embargo, los Tratados de Libre Comercio (TLC) siguen recibiendo un abierto rechazo desde la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones de productores nacionales, etc. por el impacto que la desgravación, es decir la reducción de los aranceles a la importación de los productos del socio comercial, tiene en la pérdida de los mercados de las industrias, la agricultura y el comercio a nivel nacional.
Por parte de quienes impulsan los TLC se promueve que son los instrumentos idóneos para lograr mayor competitividad, tanto en el mercado doméstico como en los mercados internacionales y por tanto, motores de crecimiento y de atracción de la IED.
Sin embargo, es claro, que la receta debe complementarse con programas, políticas sectoriales y toda clase de incentivos y financiamiento altamente competitivo, para que la industria mexicana incorpore tecnología a sus procesos y con ello se fomente la integración de cadenas productivas locales a las cadenas de proveeduría globales.
Esto incluye incentivar y subsidiar la investigación y el desarrollo en sectores estratégicos, la creación de capacidades y la transferencia de tecnologías avanzadas para los procesos productivos de toda clase de bienes y servicios. No solo se trata de aumentar la productividad y la eficiencia, sino que son la clave para generar empleos de calidad, con procesos más respetuosos del medio ambiente que cimientan un desarrollo sostenible.
Recuerdo con claridad las discusiones acaloradas en 1993 y 94 con mis colegas, cuando esgrimían que la desgravación de los granos básicos nos llevaría a importar maíz, frijol, trigo, arroz, etc de los mercados donde éstos son mucho más baratos, para “beneficiarnos” de estos productos al mantener el precio interno bajo control, lo cual acabaría con la inflación y con ello se sostendría la capacidad remuneradora del salario mínimo.
Esta visión se impuso y hoy recogemos los efectos nefastos de esta política completamente equivocada en la que México dejó de ser autosuficiente en la producción de granos básicos, aumentando su vulnerabilidad en términos de la seguridad del abasto, pero también en la depauperización del campo, la expulsión de los trabajadores rurales de sus comunidades, la devastación del suelo, bosques y agua y los efectos en la salud de todos al consumir granos transgénicos y de baja calidad nutricional.
Nuestros socios comerciales subsidian sus productos y sus industrias y su agricultura, y de manera incomprensible, hemos permitido que se nos imponga la prohibición de “exportar” subsidios, como si se tratara de un tremendo delito, nos han arrinconado asustándonos con el “petate del muerto”: los requisitos de desempeño.
En el caso de las industrias tradicionales y de bienes de consumo como calzado, confección, textiles, electrodomésticos, juguetes, etc. Lo que tuvimos a partir del 1 de enero de 1994, fecha de inicio de vigencia del TLCAN, fue la inundación de los mercados nacionales con productos importados desde Estados Unidos pero de origen chino, productos de baja calidad en su mayoría con precios tan bajos, que arrasaron con la competencia local.
Ante la presión de las industrias, se impusieron cuotas compensatorias anti-dumping de hasta 1000%, lo que provocó un incentivo perverso al contrabando y en paralelo a la proliferación del comercio informal.. claramente esto fue aún más pernicioso, pues se dejaron de pagar los impuestos de importación, el impuestos sobre la renta, el IVA, las prestaciones laborales. etc y se dejaron de cumplir todos los requisitos de seguridad e inocuidad para la importación de productos de muy dudosa calidad. Salimos afectados todos, los fabricantes, los consumidores, los comerciantes, los trabajadores, la hacienda pública, la seguridad social, la banca, las ciudades y hasta la libre circulación por la calles de las ciudades.
Solo una parte de la industria nacional sobrevive precariamente y se incorporó a estos mercados con tremenda desventaja, muchos se convirtieron en importadores-comercializadores, pero…. Sí había y hay una alternativa.
En vez de utilizar en exceso un recurso como la imposición de cuotas anti-dumping, debió haberse calibrado bien su monto y sus posibles efectos, para una protección efectiva. Paralelamente debió haberse incentivado la inversión, la productividad y la mayor competitividad, ramo por ramo, industria por industria y región por región, a través una política perfectamente coherente de desarrollo industrial y agrícola de alcance nacional.
Para que estas políticas sean funcionales es necesario un compromiso firme por parte del gobierno, la banca de desarrollo y las empresas paraestatales proveedoras de energía y servicios. Y tampoco será posible avanzar sin las políticas en las materias educativa, laboral, de seguridad, etc, para crear un sistema favorable al desarrollo de las empresas comenzando con las pymes, que incluya aspectos como la reducción de trámites burocráticos, la mejora del acceso al financiamiento y la innovación acompañada de la protección de la propiedad intelectual. Todas estas políticas públicas deberán estar alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible y el respeto a los derechos humanos, laborales y ambientales.
Si es posible, aprendamos de las experiencias de países que tienen altos niveles de vida y de productividad, aprendamos de quienes han abatido la pobreza y acabado con el hambre y la postración, aprendamos de los éxitos que México ha tenido en los mercados de Norteamérica y del mundo y veamos nuestra imagen en el espejo de América Latina, para una mayor colaboración en la creación de UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO. Es claro que sí sabemos cómo lograrlo.
Incluso si revisamos objetivamente las experiencias más exitosas de países en desarrollo por su grado de integración en los mercados globales, sin duda destacan las economías asiáticas y en particular China. Estudiemos y observemos con cuidado nuestras alternativas de subsidios e incentivos, aunados a la complementación y cooperación, para no gravitar sobre los salarios bajos, las preferencias arancelarias, las exenciones de impuestos y la cercanía geográfica como las únicas ventajas que México puede ofrecer. Esa no es nuestra única alternativa, solo es un falso dilema.
Economista especialista en Comercio Exterior.
