Por Fluvio Ruiz Alarcón
Los recientes cambios en Petróleos Mexicanos, incluido el de su Director General, exhiben la tentación recurrente de que, cuando una empresa nacional pierde capacidad técnica, financiera o gerencial, se intenta compensar reforzando la presencia gubernamental a través de la Secretaría responsable del sector. Esto produce una apariencia de control, pero no sustituye al operador, sino que solo termina por asfixiarlo. Sin una empresa fuerte, con autonomía técnica, presupuestal y de gestión, el gobierno queda sin contraparte real en la ejecución de sus proyectos y termina administrando un declive operativo ineluctable y no, como pudiera ser la intención, manejando una estrategia de recuperación de capacidades.
La relación entre la Secretaría de Energía y Pemex esboza una confusión entre la gobernanza sectorial y la administración de la empresa. La gobernanza, recordemos, tiene que ver con quién define las políticas públicas, fija sus objetivos, distribuye las responsabilidades y establece los contrapesos. Mientras tanto, la administración de la empresa ejecuta las directrices, toma las decisiones operativas y responde por los resultados. Cuando cualquier empresa pública se convierte en mera prolongación administrativa del gobierno, no solo pierde eficiencia, sino también la capacidad de corregir, con argumentos técnicos, las malas decisiones del Estado. Así, más allá de quien la dirija, se ponen las bases para el colapso mismo de la capacidad operativa y de gestión del organismo.
En la relación entre el Estado y Pemex, juega un papel muy relevante el Consejo de Administración, instancia en la que, por su composición, responsabilidades y facultades, se manifiesta de manera concreta la forma en que el gobierno actúa como representante de la nación, dueña de la riqueza petrolera por disposición constitucional. Aquí llama la atención que, tras la reforma del año pasado, se haya mantenido la exclusión de la representación de los trabajadores en el Consejo, se debilite el peso específico de los consejeros independientes y, ya en la práctica, ni siquiera se haya designado aún, al tercer consejero independiente. Todos estos no son detalles menores, sino síntomas de una gobernanza corporativa diseñada para apuntalar la subordinación política y la disciplina administrativa, antes que la autonomía de gestión y la eficiencia técnica de la petrolera. El enorme riesgo de este diseño institucional, es que el Consejo y la administración de la empresa, terminen siendo una simple caja de resonancia y formalización de decisiones tomadas en instancias en las que Pemex, o no participa o lo hace en posición de debilidad o inferioridad frente a otros actores gubernamentales. Pemex no debe establecer la política petrolera ni sus objetivos pero, insistimos, requiere contar con la autonomía necesaria para definir la mejor estrategia para cumplir con las políticas públicas y alcanzar las metas trazadas.
Ante la posibilidad de un acuerdo entre Pemex y Petrobras, el ejemplo de Brasil debiera ser aleccionador: un Estado con visión de largo plazo, una empresa con autonomía de gestión y un mandato de servir a la seguridad energética nacional, una política industrial basada en el desarrollo de capacidades tecnológicas propias y una dirección corporativa con objetivos claros. Así fue como -para Petrobras- llegaron los descubrimientos geológicos, el escalamiento volumétrico de la producción y la sofisticación tecnológica.
Desafortunadamente, los cambios en Pemex apuntan en el sentido contrario a la separación de papeles y responsabilidades en el sector. La toma de facto de Pemex, por parte de la Secretaría de Energía, muestra cómo una empresa petrolera puede ser símbolo de soberanía nacional y, al mismo tiempo, convertirse en un espacio de total confusión institucional. Al quedar atrapada entre dificultades financieras, efectismo político, control administrativo y dependencia operativa, Petróleos Mexicanos no fortalece a la soberanía, sino que la debilita.
Miembro de PorMexicoHoy.