La reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad vial, el paso a un nuevo paradigma en el desarrollo de las ciudades

Pilar Lozano Mac Donald

La aprobación de la reforma que eleva a rango constitucional el derecho a la movilidad y a la seguridad social ha sido un paso decisivo para avanzar en la nueva realidad de las ciudades, permitirá impulsar una legislación adecuada a las necesidades presentes y futuras de los habitantes del país y al desarrollo sustentable de las ciudades, teniendo a la movilidad y a la seguridad vial como temas prioritarios.

En la actualidad la expansión territorial deja a la población más vulnerable con acceso limitado a infraestructura y espacios públicos; movilidad ineficiente, insegura, limitada y costosa; baja cobertura de equipamientos urbanos y viviendas precarias.

Por ello, la movilidad habrá de transitar hacia un cambio de paradigma, en el que el objeto central de los desplazamientos sean las personas y los bienes, no los vehículos. Se requiere de una serie de acciones de política pública que permitan atender las problemáticas de 401 ciudades, clasificadas en 74 Zonas Metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos. En estas 401 ciudades del país residen 92.6 millones de personas, lo que representa 74.2 por ciento del total de la población nacional.

El objetivo del nuevo paradigma tiene que mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de las personas mediante una movilidad sustentable, activa, segura, accesible para todos, eficiente e incluyente.

Muestra de la realidad es lo que sucede en la Zona Metropolitana del Valle de México, zona en la que se realizan 34.5 millones de viajes diariamente, de los cuales 15.5 millones se realizan en transporte público; 11 millones, caminando y 6.6 millones son en automóvil (un promedio de 1.5 personas por auto). Tan solo en el caso de la CDMX, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que en los municipios conurbados, el 7.2 por ciento de los viajes emplean más de 2 horas.

La reforma constitucional abre la puerta para construir desde la sociedad una legislación sobre la seguridad vial. Es lamentable que cada año ocurran 1.3 millones de muertes por hechos de tránsito a nivel mundial, que se traducen en más de 3,000 defunciones diarias, con la paradoja que más de la mitad de los fallecidos no viajaban en automóvil.

Los hechos de tránsito son una de las tres causas principales de defunciones de personas de 5 a 44 años a nivel mundial. Lamentablemente el daño paralelo deja entre 20 y 50 millones de personas con traumatismos no mortales, que constituyen una causa importante de discapacidad.

Todos los días los ciudadanos nos enfrentamos al peligro de perder la vida o la salud por el simple hecho de trasladarnos por las calles del país, hechos que vulnera nuestro derecho a la vida, salud y patrimonio. Hoy 44 mexicanos no regresarán con vida a su hogar por accidentes viales que se pudieron prevenir.

En este contexto, el paso siguiente será contar con una Ley General de Seguridad Vial, cuyo objetivo es la protección de la vida y la integridad física de las personas mediante un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y establezca sistemas viales seguros.

El nuevo paradigma nos permitirá construir mejores ciudades que permitan mejorar la calidad de vida de sus habitantes, así como en su productividad. Ciudades que prioricen la movilidad de las personas. La cantidad de vehículos se ha incrementado ocho veces en casi cuatro décadas: Entre 1990 y 2015 los vehículos crecieron 3.5 veces más rápido que la población.

Frente a una realidad que nos presenta a la población que vive en zonas alejadas de los centros urbanos con altos gastos en movilidad y siendo México el país del G20 donde los hogares gastan más en transporte, con la reforma aprobada reconocemos la importancia de la movilidad en el desarrollo de las ciudades, la cual permitirá consolidar, como siguiente paso, el marco legislativo para una mejor movilidad y seguridad vial en el país.

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