El derecho a votar y ser votado: un derecho inaplazable para los migrantes 

Pilar Lozano Mac Donald

En anhelo de superación, cargado de coraje, motivó a millones de mexicanos, hombres y mujeres valientes, a salir del país en la búsqueda de mejores oportunidades. Con los años, se han convertido en apoyo importante para sus familias y en motor que mantiene la marcha de la economía del país. El amor a su familia y a su patria les ha permitido superar retos y tener historias de éxito. 

Ese coraje ha motivado que las comunidades de migrantes mexicanos en el extranjero formen organizaciones sociales, culturales y políticas con las cuales tejen redes de solidaridad, mantienen y promueven su cultura originaria y son activos actores en la dimensión política con la que construyen nuevas formas de organización política. 

La presencia de la comunidad mexicana migrante ha trascendido por su aportación con millones de dólares en remesas y por la cantidad de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, no obstante, su lucha les permite ya, avanzar hacia un estado superior que demanda superar limitaciones establecidas en las leyes que los discriminan de forma parcial o total en relación con sus derechos electorales. 

En tiempos de globalización, con el dinamismo de los procesos de movilidad humana, ya no es posible circunscribir la ciudadanía a la nacionalidad o al lugar de residencia. 

El escenario político actual, construido en gran parte por nuestros connacionales que viven fuera del país, exige entender al migrante como un actor político que debe participar en la vida pública del país. 

Las sociedades modernas deben enfrentar una realidad que las coloca, ante el dinamismo de los flujos migratorios, en la dicotomía de los nuevos desafíos que presenta la ciudadanía, por una parte, respecto a la nacionalidad para los extranjeros y, por otra, la residencia para los nacionales, a fin de superar la discriminación de que son objeto en materia de representación política. 

Es tiempo de entender que la incorporación política de la comunidad mexicana migrante residente en el extranjero debe comprender el derecho a votar y ser votado, el derecho a asociarse, el derecho a reunirse con propósitos políticos y el derecho a acceder a cargos públicos. 

La participación política de los migrantes ha tenido lentos avances con la incorporación del derecho a votar a distancia. En los últimos años el Instituto Nacional Electoral (INE), ha desplegado esfuerzos en el proceso de credencialización de los mexicanos residentes fuera del país, con la construcción de una lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero que han podido votar a distancia. Sin embrago, el establecimiento de la credencial para votar con fotografía y el voto por correo certificado, como requisitos para el ejercicio de ese derecho, se han convertido en una limitante. Ahora, con la posibilidad del voto electrónico se abre una alternativa rápida y de bajo costo, más el voto por correo postal y ante las embajadas y consulados. 

En cuanto a la representación política de la comunidad mexicana migrante, los avances han permitido que, a través de la figura del diputado migrante, puedan votar para elegir a quien represente sus intereses a nivel local. Es un paso importante pero tenemos que ubicar esta representación en el ámbito nacional. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pese a la oposición del grupo mayoritario en el Congreso local, por resolución del tribunal Federal Electoral, en la elección de 2021, se podrá elegir al diputado migrante. 

En este objetivo, en otros países, se han establecido distritos o circunscripciones extraterritoriales o se han reservado diputaciones a través de listas plurinominales. 

México puede saldar la deuda histórica que tiene con sus migrantes, atendiendo este doble derecho sobre el voto de los mexicanos que viven en el extranjero y su representación en el Congreso de la Unión, además de la correspondiente en los Congresos Locales, reconociendo un derecho político de millones de mexicanos a quienes ya pueden votar por Presidente de la República y Senadores, además, cuando la Constitución local lo permite, por Gobernador y Jefe de Gobierno, en el caso de la Ciudad de México. 

La Constitución es clara cuando establece, en su artículo 1º, que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse. 

La comunidad mexicana migrante le ha cumplido a México. Es tiempo que tengan la representación política que les corresponde por su peso poblacional y por su elevada aportación al país. 

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