Ya va para un mes que el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán , se infectó, por segunda ocasión, de Covid-19 y poco se sabe sobre su evolución, nos hacen ver. La mañana del 23 de febrero, el almirante dio a conocer que había dado positivo a la prueba del virus SARS-Cov-2 y desde entonces está “trabajando en aislamiento desde casa”. El subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámburo, ha sustituido al almirante secretario en la reunión diaria del gabinete de seguridad y en los eventos presidenciales. Sin embargo, nada se ha informado sobre la salud del alto mando naval. Nos comentan que nada se perdería con informar cuál es el estado de salud del almirante, desde luego con respeto a su privacidad, pero bajo el entendido de que se trata de un funcionario clave del gobierno.
¿El tribunal de AMLO sentenciará a otro juez?
Quien debería irse preparando para una ofensiva en su contra, nos dicen, es el juez federal Rodrigo de la Peza López Figueroa , titular del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa. Don Rodrigo, un juzgador especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones hizo su trabajo y otorgó 11 suspensiones a quejosos que se inconformaron con la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador . Según el guión que se utiliza contra todos los que no avalan los designios presidenciales, ahora se sugerirá desde el Poder Ejecutivo que el juez De la Peza defiende los intereses de las empresas nacionales e internacionales cuyos contratos se verán afectados por la ley de AMLO y se pedirá que se le investigue. También se dirá que hay un complot en contra del actual gobierno auspiciado por aquellos empresarios que se beneficiaron de la corrupción y que fueron favorecidos en el “periodo neoliberal”. Además, que en esta confabulación participan medios de comunicación nacionales e internacionales que están molestos porque perdieron los privilegios que les daban los gobiernos del PRI y el PAN. Bienvenido don Rodrigo al tribunal de la mañanera, donde a diferencia de su juzgado, no hay proceso ni defensa posible y la sentencia es inmediata.
Oportunismo sindical
A pesar de que la relación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno de la autollamada Cuarta Transformación es muy distante, los trabajadores liderados por Martín Esparza preparan para este 18 de marzo, en el marco de la conmemoración de la Expropiación Petrolera, una movilización en rechazo a las suspensiones que jueces han otorgado en contra de la Ley Eléctrica que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador . Nos hacen ver que el mandatario prácticamente ha congelado la relación con este sindicato y criticado su democracia interna, sin embargo, del lado de los electricistas aún esperan la reinserción laboral de 15 mil de ellos y quizá sea por eso que ahora buscan ser simpáticos a los ojos del Presidente y por ello mañana saldrán a las calles para defender la reforma de López Obrador. ¿Oportunismo?
Candidaturas priistas a la venta
Si creía que los actos de corrupción al interior del PRI ya se habían acabado con la estrepitosa derrota del 2018, se equivoca. Nos cuentan que en Guanajuato hay acusaciones fuertes contra el secretario general del PRI local, Alejandro Arias Ávila , pues algunos priistas aseguran que está haciendo el negocio de su vida con la venta de candidaturas. Nos describen que Arias Ávila es el encargado de palomear los nombres, y hay quien sostiene que las postulaciones a síndicos, regidores o alcaldías están a la venta al mejor postor. Incluso, uno de los aspirantes más fuertes para la alcaldía de Celaya, el exdiputado local y expresidente del Comité Estatal del PRI, Javier Contreras, no aceptó pagar por la candidatura y decidió retirarse de la contienda. Nos dicen que don Javier prefirió irse y no hacer un escándalo para evitar un daño al partido. Oficialmente, nos dicen, argumentó que no le admitieron su planilla desde el Comité Directivo Estatal, pero el trasfondo fue que le querían pedir dinero para postular a sus cercanos. ¿Será que el PRI no aprendió la lección?