El morenista que los panistas llevan dentro

Periodistas EL UNIVERSAL

Bajo Reserva

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Este jueves la bancada del PAN en la Cámara de Diputados pondrá en marcha una idea muy, pero muy original, algo que a nadie antes se le había ocurrido. Nos dicen que los panistas lanzarán una consulta ciudadana para preguntarle a la sociedad si está de acuerdo, o no, con que sean canceladas las obras del Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y redirigir esos recursos a la compra de material médico para atender a las personas contagiadas de Covid-19. Los diputados panistas: Adriana Dávila Fernández, Annia Gómez Cárdenas, Absalón García Ochoa y Hernán Salinas Wolberg también sugieren que dichos recursos se vayan a adquirir insumos para proteger al personal de salud que labora en clínicas y hospitales, así como dar estímulos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, a fin de proteger el empleo de millones de mexicanas y mexicanos. ¿Había usted escuchado en algún lugar esa idea de realizar consultas ciudadanas? ¿Será que ahora resulta que el gobierno y la oposición se van a agarrar a consultazos?

Los opositores ninguneados

El ninguneo que se había vivido de la autodenominada Cuarta Transformación hacia las fuerzas políticas de la oposición, nos dicen, se acentuó en marzo, abril y en lo que va de mayo, a pesar de que el gobierno federal de otro signo político quizá hubiera tendido puentes para fortalecer unidad contra los problemas sanitarios y económicos. Protagonistas del Senado, ahora sellado por los riesgos del coronavirus, nos comentan que hay órdenes en las secretarías para no atender a diputados y senadores de oposición. Algo parecido, nos aseguran, ocurrió a Xóchitl Gálvez, panista, quien fue a la Función Pública a denunciar presuntos actos de corrupción en el IMSS, y nadie la atendió. La queja por el ninguneo, nos comentan, es generalizada entre los opositores.

No hay vencedor ni vencido

Nos comentan que en el Tribunal Electoral Federal los magistrados no suelen hablar de vencedores o vencidos y esa es la postura en el caso de ayer cuando aprobó las medidas cautelares adoptadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), por la promoción personalizada del presidente de la República. El INE consideró promoción la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador en las cartas para dar a conocer el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con motivo de la contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19. El INE ordenó que el IMSS detuviera el envío de cartas con la firma presidencial, luego de analizar una queja interpuesta por el PAN, PRI y PRD. El Seguro Social se inconformó y el caso llegó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, que ayer avaló las medidas impuestas por el INE. Entre los magistrados aseguran que este fallo los tiene satisfechos, pues da muestra que la máxima autoridad en materia electoral trabaja apegada a la línea del derecho y la legalidad y demuestra independencia, y no considera que alguno haya sido el vencedor, o que otro resultara vencido, sino que se aplicó la ley, y que cuando esos sucede, el país es el ganador.

Caso Bonilla, las horas cruciales

En cuestión de días, la Suprema Corte decidirá sobre un tema de trascendencia para los habitantes de Baja California. Deberá determinar si el mandato del actual gobernador Jaime Bonilla será de dos años o de cinco. De acuerdo con el proyecto del ministro José Fernando Franco Salas, que está agendado para su discusión y votación este lunes, el mandato de don Jaime deber ser de dos años. Sin embargo, la defensa de Bonilla asegura que la decisión de la Corte no solo tiene un impacto estatal, sino nacional. Nos aseguran que el Congreso estatal, con mayoría se oposición, fue quien emitió el decreto para ajustar el mandato del gobernador de cinco a dos años, pues cuando Bonilla se registró la convocatoria era para un periodo de gobierno de 5 años. Los defensores del gobernador aseguran que de aprobarse el proyecto se abre la puerta a que cualquier Congreso pueda modificar el periodo de mandato de un representante electo y en funciones. Este lunes se verá cuántos de los 11 ministros piensan en el mismo sentido del ponente y si algunos consideran válidos los argumentos de la defensa.

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