Estamos esperando la información del gobierno mexicano. Esto dice, en resumen, la carta que esta semana presentaron los fiscales de Nueva York en el caso de Genaro García Luna. La nueva audiencia del exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, que sería esta semana, se pospuso al 30 de julio. Los fiscales presumieron que han acopiado más de 60 mil pruebas, y aún esperan reunirse con testigos que están presos, además de recibir la contribución mexicana.
México investiga a García Luna al menos por tres vías. La primera, como ya conté en otra columna, es a través de inteligencia financiera, que ha congelado cuentas bancarias de García Luna, familiares y socios.
La segunda es con la Secretaría de la Función Pública. El 18 de marzo, en el sistema de bancos de México recibieron instrucciones para recopilar información patrimonial, de cuentas, tarjetas y transacciones de García Luna, su esposa, y sus dos hijos, de acuerdo con un oficio hasta ahora inédito del que tuve confirmación para esta columna, por una fuente bancaria.
La tercera vía, que más interesa al gobierno de Estados Unidos, es la Fiscalía General de la República. Ni las investigaciones periodísticas ni las financieras, hasta ahora, han conectado directamente el dinero que García Luna habría recibido del narcotráfico, con su lujoso estilo de vida en Miami. Así consta en los documentos judiciales y me dijo, en una entrevista para Univision, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.
¿Cuál es hasta ahora el eslabón perdido del caso? Las investigaciones que la Fiscalía General ha tenido empolvadas bajo capas de favores políticos durante años.
Una de las menos conocidas inició en 2006, unos meses después de que la prensa descubrió que la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta era un montaje. En la Dirección General de Inspección Interna de la AFI, la agrupación policiaca que entonces dirigía Genaro García Luna, se inició una indagatoria para determinar quién era responsable de que los detenidos fueran apresados un día antes, y luego presentados en televisión como secuestradores.
Durante una década la indagatoria avanzó lentamente. Encontró muchos frenos políticos y burocráticos, como documentó Emmanuelle Steels ampliamente en su libro El teatro del engaño, la mejor investigación periodística publicada sobre el caso Cassez-Vallarta. En 2015, iniciaron las pesquisas de nuevo, confirmaron para esta columna tres fuentes de la administración peñista. “Había delitos de abuso de autoridad por parte de los policías”, me contó un exfuncionario de la Fiscalía, que conoció el expediente.
“La indagatoria abría el camino para imputar tortura, había elementos graves de violaciones de derechos humanos”, dijo otro exfuncionario. Después de meses de trabajo, se concretó una acusación, que tocaba a Luis Cárdenas Palomino, ahora también investigado por la UIF, y otros seis exintegrantes de la AFI. Pero corrían las semanas y no había novedades. En Los Pinos, sometieron la investigación a una revisión legal, por la prescripción de los delitos, y luego a un abierto cabildeo. Y la frenaron.
García Luna no estaba implicado directamente, pero era el jefe de quienes sí fueron investigados. Ahora, con los cambios recientes de teoría penal, podrían juzgarlo con el principio de “quien no sabe, debiendo saber, también es responsable”, explica un penalista para esta columna.
Han pasado casi cuatro años y Guadalupe Vallarta, la hermana de Israel, ahora sostiene que una nueva investigación por tortura podría revivir el caso. Dice que en la actual Fiscalía Especializada de Tortura no han dado muestras de que estén investigando, y espera que el juicio en Nueva York avive el tema. “No se movía una hoja sin que lo supieran Genaro y Calderón. Lo teníamos claro desde el principio. García Luna tenía mucho que ver. Ojalá fuera juzgado aquí, pero me conformo con que sea allá. No es solo Israel, hay muchas familias en México que aún esperan tener justicia”.
