“El presupuesto nos está diciendo que se está preparando a las Fuerzas Armadas para estar mucho más tiempo en la calle haciendo labores de policía, más allá de los discursos”, me dijo Daniel Gómez Tagle al final de una larga entrevista.

Especialista en seguridad, analizó el comportamiento del presupuesto público, los recovecos del dinero oficial. Compartió sus hallazgos en exclusiva para esta columna. Trazan una ruta distinta a las arengas de la campaña obradorista, que prometían un regreso de los militares a sus cuarteles.

Gómez Tagle encontró que, en los primeros dos años de la administración obradorista, el presupuesto para materiales de seguridad pública aumentó de 169 millones de pesos en 2018 a 241 millones en 2020 para la Marina y el Ejército.

Mientras se empodera a los militares, el gobierno abandona a las policías en cuestiones tan básicas como su protección personal. El presupuesto para chalecos y cascos de los militares se incrementó en un 117%, y decreció en un 92% para los policías. En 2019, 476 policías fueron asesinados en México. En 2020, los gastos funerarios que incluyó el gobierno en el presupuesto indican que esperan la muerte de por lo menos 600.

El informe de Gómez-Tagle muestra que buena parte del presupuesto para la Guardia Nacional no se ejerció por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la que oficialmente pertenece la Guardia, sino directamente por el Ejército. Tenemos una Guardia con mandos militares, militares en sus filas y millones de pesos bajo los controles presupuestarios militares.

El gobierno anunció que quienes pasaran a la Guardia, desde otros cuerpos, conformarían la nueva institución. Y con esta llegaron también los millones. “Estas compras, materiales de seguridad pública para Defensa y Marina tienen un incremento desproporcionado”, me dijo Gómez Tagle. Este verano, el gobierno anunció que habían adquirido 50 mil pistolas para la Guardia Nacional. No parece una medida muy pacifista.

La Sedena aumentó también otros gastos sin explicación lógica. En 2018, el Ejército gastó 5.5 millones de pesos en gasto postal, esto es, para enviar documentos, correspondencia oficial e informes. En 2020, ese mismo rubro subió a 205 millones de pesos. ¿Cuántas cartas necesita mandar el Ejército para gastarse más de 200 millones de pesos?

En otros rubros, Gómez-Tagle halló cambios inesperados e inexplicables. Quizá el más simbólico son los gastos del Estado Mayor Presidencial, una institución dentro del Ejército que se eliminaría del organigrama público, según otra promesa de campaña obradorista. En 2019, gastaron 610 millones de pesos y en 2020 bajó a 56 millones y le cambiaron el nombre, de Estado Mayor a “sector central”. Gómez Tagle encontró que esta es una tendencia. Este año, previo a un periodo electoral, la mitad del presupuesto federal de México ya no está disgregado por dependencias, programas y áreas, sino quedó bajo el control directo de los secretarios de Estado, con el membrete de sector central.

Mientras el Ejército ha tenido todo este dinero y cada vez más presencia política, en sus filas se acumulan las acusaciones de mal manejo de recursos. La más reciente es la investigación de Zorayda Gallegos publicada en El País que relata cómo 156 millones de dólares del Ejército fueron gastados en empresas fantasma. Esto pasó en el gobierno anterior, es cierto. En este, ninguno de los altos funcionarios que participó en la estafa fue sancionado ni ha abandonado su puesto.

“Tienes un camino largo, costoso y que luce poco en términos políticos, que es construir instituciones civiles. Tienes una vía rápida, aparentemente más contundente y barata, que es la vía militar”, me dijo Alejandro Jiménez, un abogado que durante años ha defendido a víctimas de la mal llamada guerra contra el narco en México, de la violencia institucional.

En los sexenios anteriores se les encargó a los militares que salieran a las calles a hacer de policías. Ahora salen a las calles, a cuidar migrantes, a vigilar el robo de combustible, a repartir programas sociales, a hacer obra pública, a controlar puertos y aduanas, con un presupuesto cada vez mayor y cada vez más opaco. Los números muestran un gobierno de abrazos pintados de verde olivo.

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