“Yo estuve ahí cuando mataron a mi tío y a mi primo. Estaba terminando mi escuela, segundo de secundaria. Llegaron los policías municipales y cuando salimos vimos a mi tío tirado, se estaba quejando todavía. Había una clínica enfrente, pero los marinos no nos dejaron llevarlo. Decían que ahí los dejáramos, que se murieran”.
Cuando vivió esto, ella tenía 13 años. Ahora tiene 15 y sus padres le dan permiso de contarlo. Pide que no revele su nombre. Dice que en la escuela no saben lo que pasó, que ella creció rápido, que ya no confía en nadie.
Su primo era Edgar Ruiz Garibay. La muerte le alcanzó unos meses antes de que naciera su hija, mientras trabajaba en el negocio de lavado de autos de la familia, en Manzanillo, Colima. “La última vez que hablamos fue el 18 de diciembre de 2017. Me contaba qué harían en Navidad, planeábamos que yo iría cuando naciera su niña”, dice su madre, Margarita Garibay.
El 20, unos hombres sin máscaras ni uniformes lo mataron en pleno auto lavado. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. Luego del asesinato llegaron marinos uniformados. Uno sujetó a la niña. “Me agarró, me apretó del brazo y preguntó de quién era hija, cómo me llamaba, que si conocía al dueño, que si un familiar mío estaba muerto. Le dije que era una menor de edad, que no tenía que estarme interrogando”.
Este caso no comenzó con el asesinato de Edgar, sobrino de Nazario Garibay. Tres meses antes, en octubre de 2017, un grupo de la Marina entró al autolavado e hizo un cateo, sin ninguna orden judicial. En noviembre se llevaron preso a Edgar, junto con la entonces pareja de Nazario. Nunca supieron exactamente de qué los acusaban. Salieron libres unos días más tarde, cuando una juez determinó que no había ninguna causa que perseguir.
Decomisaron varios autos y solo se los devolvieron, dice Nazario, después de que él pagó una extorsión a un coordinador de fiscales de Colima. “Primero me pidió dinero, después me pidieron dos cajas de botellas de whisky, y entonces me devolvieron mis autos que se habían robado”.
Han pasado casi tres años y Nazario asegura que aún él no sabe por qué asesinaron a su sobrino, por qué catearon su negocio. Después de huir de Colima durante un año a Tijuana, Ciudad de México y Cuba, de presentar denuncias y de ser admitido en el mecanismo de Atención a Víctimas del estado y vivir permanentemente con custodia oficial, nadie ha sido detenido por el caso.
Este lunes 24 de febrero, un oficial de alto rango de la Marina y Garibay discutieron y quedó registrado en un video cuya copia fue obtenida para esta columna. El oficial le dijo que sus hombres solo daban “seguridad perimetral”. Garibay le increpó: “si yo soy un delincuente o mi familia somos unos delincuentes, que nos presenten ante un juez y que nos juzguen” y el oficial respondió: “ya lo van a hacer”.
Pocos medios en Colima cubrieron el capítulo más reciente de este caso, que desde 2017 ha estado en la prensa local, nacional y ha sido cubierto por EL UNIVERSAL. Esta semana, Garibay ha puesto nuevas denuncias, después del encuentro con el oficial.
“Me entrevisté con Olga Sánchez Cordero, con Alejandro Encinas, con Alfonso Durazo. Presenté denuncias en todas las dependencias del gobierno y de derechos humanos. Tengo un caso abierto en Suiza, otro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no han hecho nada”, dice Garibay, mientras muestra videos, fotos y documentos de su caso. Las denuncias incluyen los nombres de servidores públicos que habrían participado en los hechos y él asegura que no han sido investigados.
En uno de esos videos se ve a Garibay hablando con Durazo frente al Palacio Nacional, en 2019. El secretario de Seguridad le dice que “le duele” verlos allí en la madrugada, que revisará su tema y le dirá “si puedo o no puedo ayudarlo”. Hasta ahora, nada cambió después de ese encuentro. Garibay siente que está solo, que no tiene a qué otra instancia acudir, qué otra puerta del Estado tocar. “Miedo traía antes. No quiero morirme, pero me hicieron tanto que ya les perdí hasta el miedo”.
