La postura de México ante la crisis en Bolivia: ¿un mensaje de autocomplacencia?

Pedro A. Reyes Flores

La renuncia de Evo a la presidencia de Bolivia no es resultado de un golpe de Estado stricto sensu. En Latinoamérica sabemos lo que significa como para comparar lo sucedido en Bolivia con los acontecimientos de 1973 en Chile o de 1966 y 1976 Argentina

El gobierno de México, a través del canciller Marcelo Ebrard condenó la actual crisis política en Bolivia, calificándola enérgicamente de “golpe de Estado”. Dicha reacción no debe sorprendernos. Evo Morales es una figura política cercana ideológicamente al presidente de México. De inspiración socialista, ambos son políticos cercanos al “pueblo”, indigenistas y confrontados explícitamente a las élites. No es casualidad que Morales fuese invitado de honor durante la investidura del presidente López Obrador.

Pero pese a estos estrechos lazos, la categórica postura del gobierno mexicano me parece un error, más motivado por pulsiones ideológicas que por una visión geopolítica lúcida.
La renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia no es el resultado de un golpe de Estado stricto sensu. En Latinoamérica sabemos exactamente lo que un putsch significa como para comparar lo sucedido ayer en Bolivia con los acontecimientos de 1973 en Chile, de 1966 y 1976 Argentina, de 1971 en Bolivia, de 1992 en Perú, por citar algunos ejemplos.

Un golpe de Estado es una movilización ilegal y violenta de las fuerzas armadas de un país con la finalidad de tomar el poder político. Lo que ocurrió en Bolivia no responde a estas características. Aunque presionado, Morales dimitió voluntariamente a la presidencia “por el bien del país” y para evitar que la crisis sociopolítica se agravase. Crisis que, dicho sea de paso, fue originada por las flagrantes irregularidades en las últimas elecciones presidenciales que dieron la victoria a Morales después de que el sistema informático de transmisión de resultados se “cayera”.

Sí que es cierto que la fuerte presión de las fuerzas armadas fue determinante: “Después de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra Bolivia”, dijo el jefe del ejército Williams Kaliman. Pero no perdamos de vista que la Central Obrera Boliviana (COB), fue la primera en pedir su dimisión horas después de que convocara a nuevas elecciones. La pérdida de este aliado clave fue también decisiva.

La intervención del ejército y de la policía es por supuesto censurable, de la misma forma que la irrupción en la escena política de la extrema derecha abanderada por el fanático católico Luis Fernando Camacho. Es evidente que las facciones conservadoras de Bolivia han aprovechado la coyuntura de crisis para tramar su regreso al poder tras más de una década en el ostracismo. La rápida proclamación de la opositora Jeanine Áñez como presidenta interina dan razón a este argumento.

¿Pero es esto suficiente como para hablar de golpe de Estado?

La tensa situación de Bolivia no sólo fue propiciada por los (irregulares) comicios de octubre. Se fue gestando desde hace años a causa de la actitud cada vez más autoritaria de Morales, de su voluntad por perpetuarse en el cargo, de la corrupción de su gobierno, de la desatención de ciertas demandas ecologistas de los propios indígenas. Evo Morales decidió lanzarse a una cuarta reelección contraviniendo la Constitución boliviana (recordemos que los votantes de la consulta pública de 2016 rechazaron una nueva modificación a la Constitución que permitiera un cuarto periodo). Las acusaciones de fraude electoral fueron sólo la gota que derramó el vaso.

La enérgica postura de México ante tal crisis se puede también interpretar como una extrapolación a la coyuntura mexicana. Hace días el presidente López Obrador dijo durante su conferencia matutina: “que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado”. Un mensaje sorprendente porque nadie (¡absolutamente nadie!) en las fuerzas armadas había siquiera sugerido una situación tal en México. Deslizar que habría ciertas voces tramando un golpe militar suena más a paranoia que a información real. Cuando en un país como Bolivia gobernado por la izquierda y por un presidente afín a López Obrador ocurre algo como lo del domingo pasado, el mensaje que hay detrás de la postura del gobierno mexicano es algo así como “¡ya ven cómo no es exagerado hablar de golpe de Estado. Es un riesgo latente, las fuerzas conservadoras harán siempre lo posible por regresar al poder!”. En fin, demagogia pura.

Sorprende además que un gobierno cuyo presidente bloqueó durante cuarenta y siete días una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, Paseo de la Reforma, en protesta contra el fraude electoral, tenga la osadía de ofrecer asilo político a un expresidente acusado precisamente de haber viciado los últimos comicios para mantenerse en el poder. Así como el “sistema se cayó” durante las elecciones federales de México en 1988, sucedió lo mismo treinta y un años después en la Bolivia de Morales. Tenemos, ciertamente, poca memoria.

Sorprende asimismo que el presidente López Obrador condene el “silencio” de la OEA en torno a la situación boliviana cuando no hace tanto su propio gobierno guardó silencio (¡y mintió deliberadamente!) durante días sobre el fallido operativo de Culiacán. Que lejos queda su afirmación según la cual “la mejor política exterior es la interior” …

Sorprende aún más que nuestro canciller Marcelo Ebrard salga a dar al mundo lecciones de moral y legalidad, cuando el dossier de la moderna e impoluta línea 12 del Metro queda todavía por esclarecerse.

Evo Morales llegó a México y fue recibido como héroe nacional y nombrado “huésped distinguido” de la Ciudad de México. Es claro que, desde ahora, el expresidente será presentado como un símbolo del “progresismo” de la 4T. Aunque no lo diga explícitamente, el presidente mexicano desea ser visto como el líder de la izquierda latinoamericana. Y es evidente que el asilo político a Morales le refuerza a ojos de su base política y de sus colegas del continente.

Nadie niega que Morales haya sido el responsable del reciente desarrollo de Bolivia. Desde su llegada al poder en 2002, sus políticas públicas permitieron el aumento del PIB, la reducción de la pobreza, la mejora de los servicios y de la infraestructura del país. Se podría decir que su doctrina socialista tuvo éxito, algo que a la derecha le cuesta mucho aceptar. El problema no es que su propuesta sea “socialista”, el problema es que se crea que para asegurar los éxitos futuros se tenga que recurrir a un “líder máximo”, a un guía. Evo Morales creyó ser ese guía que el pueblo boliviano necesitaba, aunque eso significase concentrar el poder en su figura, una contradicción manifiesta en una democracia.

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