La política de Estado de la Presidencia de AMLO contra la corrupción gubernamental en la vida pública, parece cada vez más un escenario necesario y urgente ante la violencia creciente y que no sólo involucra a organizaciones criminales y del narcotráfico mexicano.
Sí, es urgente el control del Estado y la gobernabilidad política anti crimen, y para ser eficaz requiere de los demás poderes de la República, con procesos de gobernabilidad social y pacificación con justicia.
Restablecer el control del Estado de la inseguridad supone resolver el desafío criminal y narco pero también el destejido nacional grave y aun no visibilizado en todas sus consecuencias: sólo en 2018, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, más de 20 millones de mexicanas y mexicanos sufrieron algún tipo de delito, con diversos impactos en sus consecuencias económicas, psicológicas / emocionales así como en su integridad física y su estabilidad laboral (“When Fear of Victimization Is High: Constrained Behaviors and Their Implications on Health and Social Inequities”, Borja / De la Cruz, 2020, inédito).
A un año de la nueva Presidencia, es importante ver la complejidad del problema de la violencia como una “Torre de Babel”, pero no en su sentido clásico bíblico del castigo divino a la sociedad en múltiples idiomas por la arrogancia de sus pobladores, sino como la necesidad del poder y la política presidencial de visualizar la actual multipolaridad de actores sociales, de poder y experiencias sociales de la victimización o de la percepción de la criminalidad como un fenómeno desbordado.
Para que la política de seguridad pública y de seguridad nacional se fortalezcan, al compás de la transformación de la política social, se requiere al menos un sentido de gobernabilidad política y gobernabilidad social, al menos en tres dimensiones:
a) Dimensión estratégico / estructural.
En buena medida, la gobernabilidad política depende de estructuras de poder en funcionamiento, de inteligencia estratégica nacional que delinee con diagnóstico complejo y preciso la visión presidencial como eje de su toma de decisiones, y con ello, se pueda poder transformar en políticas y procesos eficientes y sinérgicos, el campo de actuación del gabinete presidencial, de las instituciones y sistemas de justicia, de seguridad y reclusión.
Si la información estratégica que gobernadores, instituciones y sistema de inteligencia ponen en manos del Ejecutivo federal no es confiable, verídica y prospectiva y se desestima en su necesidad de actuación respecto a eventos / escenarios así como de sus consecuencias políticas, constitucionales y sociales, el Estado se anula a sí mismo en su potencia y su capacidad de gobernabilidad.
Mientras las atrocidades criminales y el manto de victimización se expande con cada vez más víctimas inocentes y de menor edad en episodios trágicos con sevicia impune garantizada, las instituciones no deben quedar ridiculizadas en su inacción ni debe fomentarse la normalización de la violencia como parte de un paisaje destino manifiesto; al contrario, la gente debe estar informada en corto plazo de quiénes fueron los transgresores, de los avances sustanciales en las investigaciones, las motivaciones además de crearse protocolos institucionales y comunitarios innovadores para responder y acompañar a las víctimas / familias directas e indirectas del acoso criminal y la violencia narca de otros sexenios y las que se acumulan con el paso de las semanas.
Ahí están recovecos de actuación institucional y de amnistía a resolverse con víctimas y con comunidades asediadas y agraviadas por el crimen y el narcotráfico, que pueden ser explorados en la política nacional de seguridad cuyo signo de conciliación es matriz aún sujeta a prueba de la realidad, para que la gente visualice los méritos de un proceso de pacificación con justicia, y para que la rueda de los infortunios y el perdón social pueda girar con sentido social y compasión duradera.
b) Dimensión táctica interinstitucional.
La capacidad de articulación entre poderes de la República debe transformarse a fondo en la práctica y en sus resultados. No es sólo un problema de coordinación, profesionalismo y probidad en el desempeño y actuación pública de ministerios públicos, policías y jueces, sino también de una evaluación permanente de casos, expedientes, hábitos de mayor riesgo narco criminales, para ser advertidos por sus pares e instancias superiores y por la ciudadanía a nivel local y federal. Los esfuerzos éticos y la capacidad de defensa de la legalidad en sus esferas de actuación no debe mantenerse aislada y silenciada.
Resulta importante pero lastimosamente insuficiente, el trabajo y esfuerzos que gobiernos estatales y locales desarrollan en sus gestiones públicas para enfrentar la inseguridad y el crimen a escala local.
c) Dimensión sociocomunitaria de la gobernabilidad.
La información presidencial sobre el estado que guarda la penetración del narcotráfico en comunidades, localidades, gobiernos e incluso en organizaciones de autodefensa, constituye sólo uno de los hilos finos de este fenómeno complejo de nuestra “Torre de Babel”, y en tanto las raíces socio comunitarias de la extorsión y el pánico ante la dominación territorial de organizaciones criminales y del narco persistan, las familias, las escuelas, niñez y adolescencia, no podrán generar procesos éticos, educativos y comunitarios que la reviertan.
El flujo de información, de diagnósticos y el nivel de acoso criminal se agudiza y cuestiona los sistemas de acompañamiento, coordinación y comunicación permanente entre policías, organizacionales sociales de atención a víctimas y jueces, cuyo activismo público anti criminal puede ir mostrándose más fuerte, conforme Guardia Nacional, instituciones públicas de seguridad y gobiernos locales, muestren la evidencia de que el timón se está recuperando a favor de la sociedad, las víctimas y el Estado mexicano.
Dado los niveles de indicadores de victimización que implican nuevas enfermedades sociales derivados de las violencias, el Estado mexicano
debe procurarse procesos multidisciplinares para tener sistemas de diagnósticos y atención de trauma individual y trauma colectivo [que suelen manifestarse en reacciones ecológicas y trastornos agravados de depresión, hiper vigilancia, sobre saltos post episodios de violencia / criminalidad], que reproducen continuamente el impacto de los eventos sufridos: afrontarlos supone procesos de acompañamiento social e institucional, una nueva generación de profesionales de lo social y servidores públicos con competencias para diferenciar la complejidad de las causalidades, las consecuencias de la victimización y con vocación para la no revictimización.
Debe encauzarse el tejido nacional con sentido de gobernabilidad política y gobernabilidad socio comunitaria, de lo contrario, los pilares de la pacificación demorarán al menos su edificación y la participación de ciudadanía y víctimas.
@pedroisnardo
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