De la clásica y no siempre aceptable “razón de Estado”, ahora el desarrollo de una vacuna preventiva para COVID-19, el principal problema de salud pública mundial, nos sitúa ante “el interés superior de las sociedades”.

El mundo entero vive angustiado por la pandemia, todos quisiéramos recuperar nuestras actividades ordinarias, volver a ser libres y decidir nuestro destino.

Hacerle frente implica no tratar a las sociedades como menores de edad, des movilizar su capacidad de reflexión, acción y participación sinérgica en medio de los estragos económicos, sociales y psicológicos de esta pandemia. Los gobiernos y líderes nacionales tienen una elevada responsabilidad frente a sus conciudadanos para desplegar políticas públicas asertivas.

Los pasos para avanzar en los experimentos hacia la vacuna preventiva siguen siendo controversiales, sobre todo por los riesgos indebidos que han podido representar para las personas que han sido incluidas sin medidas estrictas y bajo criterios éticos cuestionables, ya que debe preservarse en todo momento la dignidad, los intereses y el bienestar de los participantes en los ensayos clínicos de los medicamentos.

Así mismo, es posible cuestionarse por la ausencia de criterios éticos, públicos y democráticos que acompañan las estrategias de vacunación de laboratorios farmacéuticos globales y gobiernos que ya han iniciado procesos de vacunación abiertos y selectivos.

Pero hay tres hilos finos que parecen evidenciar que el aprendizaje político/gubernamental global nos lleva a un momentum de incompetencia compartida entre gobiernos que debemos superar en lo posible para lograr un proceso de inmunidad colectiva real y consensuado, a saber:

Sin planeación social e institucional entre gobierno-personal de salud-ciudadanía, el virus seguirá reproduciéndose y habitándonos, a pesar de la aplicación masiva de las vacunas.

Ante otras epidemias mundiales y en el historial de experiencias de los sistemas de vacunación, el proceso de descentralización en la aplicación de vacunas es la mejor estrategia. El carácter público de los beneficios y riesgos de comunidades elegibles para la vacunación.

Evaluar el carácter científico y ético de las pruebas clínicas / científicas que presentan las empresas farmacéuticas que amparan las vacunas y los bancos de dosis masivas que ofrecen.

¿ Cuáles son? ¿quiénes las producen? ¿qué efectos colaterales nos contrae su aplicación? ¿cuándo estarán a disposición de todos?

El diseño y promoción de una Carta Bioética de Vacunación para la Protección de Comunidades más Vulnerables.

La importancia de prever una eficiente logística para su conservación (Pfizer por ejemplo planteaba que “una vez que la vacuna potencial haya llegado al sitio de vacunación, no se puede almacenar durante más de cinco días a dos a ocho grados”) y por supuesto para la distribución inclusiva de las vacunas a todas las comunidades, lo que supone a su vez contar con el personal profesional calificado para desplegar la aplicación de las vacunas, supone a su vez tener visualizado los desafíos de un proceso local comunitario de gestión pública y acercamiento a las comunidades y espacios sociales, sobre todo los mayormente expuestos al riesgo de contagio y afectación letal por COVID-19, como es el caso de las personas adultas y con comorbilidades, quienes a su vez deben expresar su consentimiento.

Es deseable que en el caso mexicano el Subsecretario Gatell pueda dimensionar estas variables independientes, en el que la impaciencia política sin planeación democrática para implementar la vacunación y detener el contagio masivo por corona, puede resultar contraproducente e implicaría otro nivel de irresponsabilidad política.

Ello permitirá recuperar la confianza ciudadana del Estado en sus instituciones de salud, toda vez que sobre los hombros de éstas pesarán millones de vidas de seres humanos, sobre todo ante el universo de decesos que por COVID-19 nos han conmocionado o enlutado, cuyas pérdidas nunca podrán reducirse a una cifra/estadística o algoritmo para fines instrumentales y cuyos efectos agravan las condiciones de pobreza, violencia y nuevas enfermedades inscritas en las desigualdades sociales que ha padecido nuestro país.

Esta pandemia nos refrenda la enseñanza de preservar el derecho a la vida, y por la aún parcial evidencia científica disponible sobre COVID-19, la importancia de tener certezas sobre la eficacia clínica; la posición pública de los laboratorios farmacéuticos que logren la vacuna demostrando los efectos adversos que puedan ocasionar; la seguridad en las escalas de aplicación; la transparencia en la información científica; los sistemas de monitoreo implícitos en las fases de distribución de las vacunas y sobre personas vacunadas, el preservar la libertad de decidir por sí mismos si nos vacunamos o no.

Esta reflexión nos lleva a un principio bioético universal que no debemos demeritar ante las vacunas inminentes y los poderes globales financieros y geopolíticos que buscan sustentar su adopción: los intereses y derechos de las personas que forman parte de los experimentos y que serán elegibles para la vacunación anti coronavirus, deben estar por encima de la sociedad, la política y la ciencia médica.

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