Ocaso de nuestra Mafia de Estado 

Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes

Con rasgos de tradición de honor, familia y lealtad como valores máximos de la mafia en su versión siciliana, los vínculos estrechos entre política, negocios ilegales y crimen organizado en Italia siempre han sido un ejemplo milenario de asociaciones delictivas sofisticadas y omnipresentes en la vida cotidiana y en la economía, aunque han evolucionado a su expresión menos pública y menos violenta con la decisiva posición anti mafia de profesionales de Estado y la transformación de sus instituciones. 
 
En efecto, la existencia y la mitología sobre la Mafia italiana en sus diversos clanes y familias empoderadas, se fue evidenciando por sus propios beneficiarios, jefes, métodos de silenciamiento y códigos de secrecía, vía confesiones y ejecuciones de presuntos traidores, jueces, capos, empresarios y políticos, pero sobre todo películas afamadas, literatura especializada en procesos ministeriales, Maxi juicios (como los de Falcone y Borsellino) e investigaciones históricas y científicas. 
 
A los estudios más actuales de Diego Gambetta y Salvatore Lupo debemos la problematización de la estrategia, la comunicación y la histórica demostración de que el crimen y la política cada vez se envuelven en múltiples esferas impunes, donde unos y otros alimentan y protegen sus intereses mutuamente. 
   
Justo la realidad mexicana dió un paso más allá de la experiencia/espejo italiano de la dominación de la mafia. 
Si problematizamos una categoría sociopolítica de nuevo cuño Mafia de Estado podremos reconocer un proceso histórico mexicano que operó con el ascenso de Salinas de Gortari hasta y concluye en 2018, con el arribo del Presidente AMLO y el frenesí democrático.   
 
Las variables explicativas de este fenómeno operan como un nudo de poderes  que esclarece la articulación compleja de actores preeminentes de la Presidencia, la política nacional y los negocios del crimen organizado y el narcotráfico para su ciclo de génesis y ocaso 1988-2018: 
 
I) Llega a tener su fuente de poder en la voluntad e institución presidencial mexicana, al  compás de un grupúsculo de hombres de poder que carecen del mínimo sentido del decoro, del honor y de sentido de responsabilidad patriótica. 
 
Depredan los fines de la política y las instituciones del Estado, actúan bajo códigos oligarcas, sellan su voluntad con decisiones patrimonialistas y carecen de un proyecto de nación. 
 
El ejemplo más actual es la gestión de Felipe Calderón, bajo fuego de la justicia estadounidense en estos momentos. 
  
II) Se ejerce astucia sistémica para desvirtuar el proceso democrático. 
 
La transmisión pacífica del ejercicio del poder, de voto efectivo y no reelección, se frustran y se convirtieron en una maquinaria de relojes sincronizados con niveles relativos de eficacia manejada desde las élites que se disputan su ascenso a la cúspide de las pirámides de poder del Estado o imponen su veto selectivo, bajo esquemas de alternancia, exclusión y reelección disfrazada enhebrados por el propio sistema electoral: 

“En la cima de la pirámide, los grupos mafiosos actúan como cuasi gobiernos del inframundo, asegurando que se respeten los contratos ilegales” [Diego Gambetta]. 
III) Indiferencia por el destino de la sociedad y el Estado, carencia de vocación para gobernar. 
 
“(como a los mafiosos) no les importa si se los considera incompetentes en los oficios en los que la gente normal quiere y tiene que triunfar (...) Los mafiosos quieren ser vistos como poderes benevolentes en sus comunidades. La exhibición de una cierta incompetencia, al igual que el desprecio que manifiestan por la riqueza y el lujo (se esfuerzan por demostrar que el dinero les interesa menos que el ´respeto´), su modo de vida modesto y sobrio, destilan una imagen de un buen padre. Mostrar que uno es incapaz de manejar un asunto normal permite relajar el ambiente: el empresario tiene menos miedo de que el mafioso use su poder para despojarlo de su negocio. Puede confiar en ello, si no en su temperamento, al menos en su incompetencia. Desde este punto de vista no es tanto con los actores económicos normales con los que se debe comparar a los mafiosos, sino con todos aquellos que, para desempeñar su papel, necesitan transmitir la idea de que están desapegados y desinteresados, por lo tanto capaces de tomar decisiones justas, como los aristócratas, sacerdotes o jueces”. [Diego Gambetta] 
 
Juzgue usted cómo ex presidentes del periodo 1988-2018 y personajes notables de sus gabinetes han tomado distancia hasta de los códigos de dominio de las apariencias de los mafiosos. 
 
IV) Hombres de poder que preservan la condición de incompetencia para comprender y resolver la violencia narco criminal. 
 
La militarización sin estrategia de Estado ha sido en parte guión estadounidense y convicción presidencialista, matriz de las decisiones para atender problemas de seguridad pública, la narco violencia episódica y frente a la guerra entre las propias organizaciones ilegales del narco. 
 
Justo con Ernesto Zedillo y en el cenit del gobierno de Felipe Calderón, se exacerbó este escenario. 
  
IV)  Confianza en la impunidad del Estado: sin espada de la justicia política, fiscal y penal. 
 
La carrera política de los mandatarios y cuadros profesionales allegados al sistema de negocios y protección de sus intereses que llegan a cristalizar, se convierte al paralelo en un exitoso atletismo de Estado para dominar el sistema de reglas, normas, leyes y mecanismos de investigación y sanción fiscal, administrativa y penal del Estado mexicano, evitando ser afectados en sus patrimonios, negocios y libertades. 
 
El costo para el futuro de México de la existencia de una Mafia de Estado está a la vista, porque ha corroído esperanzas sociales, sistemas de gestión pública, recursos e instituciones públicas, escenarios promisorios frustrados para vidas humanas y comunidades, cegadas por la violencia narco criminal, la expansión delictiva, des gobiernos locales, control narco territorial y de gobiernos en diversas zonas del país y la prolongada condena a la precariedad estructural a diversas regiones del país. 
 
La complejidad de desentrañar y desmantelar las madejas de intereses de una Mafia de Estado a la mexicana se sustenta en una especie de vocación política depredadora de negocios de familia y privatización de beneficios y recursos, más que en códigos de lealtad, confianza y secrecía que han caracterizado a las asociaciones delictivas y jefes capos de Italia y EE.UU.: 
 
¿Quiénes pagarán el precio con su libertad o con su estigmatización, quienes están dispuestos a donar su cara y su lealtad al nuevo régimen ante el nuevo valor de la traición al interior de la Mafia de Estado a la que están siendo convocados?. 
 
Asimismo, el crimen organizado y el narcotráfico, por lo tanto, no se ha convertido en realidad en un problema simbólico ni en un problema político real, dado que el Estado y sus instituciones han sido debilitados estructuralmente desde las políticas presidenciales de militarización de la seguridad pública y la de carácter anti narco. 
 
V) El carácter transnacional de los negocios entre política y crimen organizado. 
 
“El fenómeno es peculiar esencialmente por razones históricas. En primer lugar, las raíces seculares en ciertos territorios del oeste de Sicilia, comenzando por Palermo y muchos centros de la provincia. Y, al mismo tiempo, el carácter transoceánico. Tenemos una serie de interconexiones, aquí también en una dimensión casi secular, entre grupos mafiosos ubicados en Sicilia y grupos ubicados en el este de Estados Unidos. Estos grupos gozan de una gran legitimidad social y cultural. Practican el mismo ritual (ya probado en la década de 1870). La pertenencia a la mafia a menudo se transmite a una escala multigeneracional” [Salvatore Lupo]. 
 
En el caso mexicano, la capacidad del narcotráfico mexicano de permear fronteras de América, Europa y Asia, están acreditadas y legitimadas por el vaciamiento de la autoridad y de las capacidades institucionales del Estado mexicano desde gobiernos constituidos, que como el de la Presidencia de Peña Nieto, agudizaron esta calamidad política. 
 
Como bien señala el consultor mexicano Omar Camarillo (New York University) “no es posible construir un Estado de Derecho si el crimen paga la dominación de la corrupción e impunidad en México”. 
 
La presidencia de AMLO ha puesto el dedo en esta llaga de la vida pública nacional, al buscar a su manera a través de connotaciones cercanas a la táctica electoral de campaña y mediática de desacreditación de sus adversarios -su multi llamada mafia del poder-, aunque en realidad, a nuestra juicio, Mafia de Estado apunta a un proceso más sombrío y sujeto a demostración documentada en beneficio de las verdades que nuestro país merece: 
 
Desde hace menos de cuatro décadas, el país ha avanzado hacia un deterioro consistente de relativos niveles de paz social y delincuencia a niveles institucionalizados de impunidad, corrupción, injusticia y violencia extrema cada vez más generalizada. 
 
El laboratorio de decisiones presidenciales 1988-2018 hacia la militarización, la connivencia y el combate selectivos al crimen organizado, ha sido escaparate, marco de simulación y modelo creciente de expansión narco criminal y de políticos depredadores de patrimonios públicos desde la cúspide de la pirámide del Estado: fuente grave de desgobierno y descontrol de homicidios, secuestros, extorsiones y violaciones, un saldo que se ha dado al amparo de la reproducción de un proyecto de poder transgeneracional de reparto de poder y riqueza nacional entre élites mexicanos. 
 
Por ello el empedrado mediático/electoral diario de la Presidencia de AMLO se actualiza con las consecuencias del Macro proceso Lozoya, con lo que busca dar un giro decisivo en 2021  a la ecuación de poder y a las reglas del juego que moldearon la existencia de la Mafia de Estado entreverada en los últimos seis sexenios. 
 
No debe ser nunca más la Presidencia mexicana -por omisión o comisión-, el centro de gravedad de los acuerdos entre política, negocios ilícitos y crimen organizado. 
 

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