Hoy el gobierno federal quiere presentar como una gran innovación un nuevo plan de apoyo al cine mexicano. Lo anuncian como si se tratara de una conquista histórica, como si antes no hubiera existido política pública para fortalecer la industria cinematográfica. Pero hay que decirlo con claridad, el apoyo al cine no lo inventó Morena.
En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, se creó el FIDECINE. Durante casi dos décadas fue un instrumento que permitió consolidar una etapa de crecimiento sin precedentes para el cine nacional. Entre 2001 y 2019 México produjo casi 300 películas, la cifra más alta en su historia. El 49 por ciento contó con apoyo del IMCINE. Películas como “No se aceptan devoluciones” y “La dictadura perfecta” se realizaron en un contexto donde existían estos mecanismos de respaldo. No era un sistema perfecto, pero funcionaba.
¿Y qué ocurrió en 2020?, el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el FIDECINE junto con otros 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN y el FORTASEG. No fue la oposición, no fue otro partido. Fue la llamada Cuarta Transformación. Primero le quitaron el oxígeno al sector y después crearon en 2022 un programa de Fomento al Cine Mexicano con apenas 110 millones de pesos, 68 por ciento menos recursos de los que recibía el fondo anterior. Desmantelaron el instrumento y ahora regresan con una versión reducida para venderla como rescate cultural.
El nuevo plan establece requisitos como un mínimo de 70 por ciento de proveeduría nacional, topes de hasta 40 millones de pesos por proyecto y montos mínimos de inversión de 40 millones para ficción o series, 20 millones para documentales y 5 millones para animación o postproducción. En el papel suena bien, atraer inversión internacional y generar empleo para talento mexicano. La pregunta legítima es otra, ¿habrá controles reales y transparencia o será un esquema discrecional más?
Existe un antecedente preocupante. En 2022, el gobierno de la Ciudad de México encabezado por Claudia Sheinbaum destinó 14 millones de pesos para un documental sobre su vida, dirigido por su propio hijo. Ese episodio no fortaleció la cultura, evidenció un conflicto de interés. Por eso cuando hoy se anuncian nuevos incentivos la duda es razonable, ¿se trata de política cultural o de promoción personal con recursos públicos?.
El debate no es contra el cine. El cine es identidad, es industria, genera empleos y proyecta a México en el mundo. Figuras como Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón han demostrado el talento que existe en nuestro país. Cuando se extinguió el FIDECINE, ellos y muchos otros manifestaron su desacuerdo. La propia comunidad cinematográfica pidió mejorar mecanismos, no destruirlos.
El problema es de prioridades y de coherencia. En México desaparecen alrededor de 40 personas al día. Más del 50 por ciento de las plantas de tratamiento de agua están inoperantes. El campo perdió más de 18 programas estratégicos y su presupuesto se redujo en más de 30 por ciento. La red de distribución de agua pierde más del 40 por ciento por fugas. La seguridad pública enfrenta recortes mientras crecen la extorsión y el cobro de piso. En ese contexto, el espectáculo no puede sustituir a la responsabilidad.
No se trata de atacar a una actriz como Salma Hayek ni de descalificar el arte. Se trata de cuestionar el uso político de la imagen pública mientras el país enfrenta crisis estructurales profundas. Tampoco se trata de negar incentivos a la industria, sino de exigir reglas claras, transparencia y presupuestos reales, no simulaciones.
Si el gobierno realmente quiere fortalecer el cine mexicano, que restituya recursos al nivel que tenían antes de su recorte, que establezca mecanismos técnicos independientes de evaluación y que garantice rendición de cuentas. La cultura no debe ser propaganda ni cortina de humo. Debe ser política pública seria.
México necesita cine, sí. Pero también necesita hospitales con medicamentos, seguridad para que las familias no vivan con miedo, agua potable, apoyo real al campo y combate frontal a la corrupción. Destruir un sistema que funcionaba para después presentar una versión reducida como si fuera un logro histórico no es transformación, es narrativa.
El problema no es apoyar al arte. El problema es convertirlo en instrumento político. Y eso, en cualquier democracia, debe señalarse con claridad.