¿Nueva política migratoria?

Patricia Pozos Rivera

Debemos preguntarnos si Estados Unidos estará dispuesto a convertir a los trabajadores inmigrantes en ciudadanos con derechos civiles y laborales

Nuestro vecino del norte, principal país de destino de migrantes internacionales, reconoció su demanda de trabajadores mexicanos en sus tierras de cultivo. El Programa Bracero (Mexican Farm Labor Program) dio cuenta de ello. Éste fue cancelado de manera unilateral en 1962 por el gobierno estadounidense. Desde entonces, no admite oficialmente su interés por contar con trabajadores mexicanos en sus mercados laborales, a pesar de que juegan un papel estratégico en su economía.

Tan solo en la pandemia de Covid-19, trabajadores inmigrantes, entre ellos mexicanos y latinos, estuvieron realizando actividades catalogadas como esenciales, permitiendo, entre otras cosas, que la producción y distribución de alimentos no se interrumpiera. De acuerdo con datos del CEMLA de este año, la tasa de desempleo de los inmigrantes mexicanos resultó más baja que la de la población hispana, de mayo a noviembre del año pasado. Cabe mencionar, que los trabajadores estuvieron expuestos a contagios, y su esencialidad no se tradujo en mejores condiciones laborales, ni siquiera se les reconoció su derecho a servicios médicos, importantísimos en la contingencia sanitaria.

Pareciera que, el hecho de que los mexicanos y centroamericanos contratados en el mercado laboral norteamericano para realizar trabajos de alto riesgo y de bajos salarios, no tiene nada que ver con la dinámica migratoria. Las causas de la migración aceptadas por los gobiernos y los organismos internacionales, son las condiciones de pobreza y violencia que se desarrollan en los países de origen, pero nunca es parte del fenómeno el beneficio que tiene dicha economía con una fuerza laboral muy barata. Incluso en su campaña Biden mencionó que las causas fundamentales que hay que atender son: “la violencia e inseguridad, falta de oportunidades económicas y gobiernos corruptos” (joebiden.com). Partiendo de dicho diagnóstico, las propuestas para frenarla, justifican la intervención de Estados Unidos, en los países de origen de migrantes.

Joe Biden manejó un discurso en su campaña electoral que mostraba empatía e interés por los migrantes al declarar que rescatará los valores de los Estados Unidos dañados por Trump, entre ellos ver a la Unión Americana como país de inmigrantes. En general, prometió revertir las acciones promovidas por su antecesor. Una de las promesas que fue muy bien recibida por la población inmigrante, es el otorgamiento de la ciudadanía a 11 millones de trabajadores indocumentados.

Ahora como presidente, implementa la misma estrategia que su país ha mantenido desde inicios del siglo XXI, la militarización de las fronteras, pues la migración es parte de su estrategia de Seguridad Nacional. Recordemos la Iniciativa Mérida. En 2018 Trump amenazó a México con imponerle aranceles si no contenía las Caravanas de migrantes centroamericanos, lo que llevó al presidente de México a desplegar 12 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur. Pero a pesar de dichas estrategias, los migrantes siguen llegando a territorio norteamericano y siguen siendo contratados.

Todavía es muy pronto para saber si Biden logrará los acuerdos necesarios en el Congreso para que se puedan llevar adelante sus promesas de campaña, pero lo que vemos ahora no da una buena señal. Debemos preguntarnos si Estados Unidos estará dispuesto a convertir a los trabajadores inmigrantes en ciudadanos con derechos civiles y laborales.

 

Profesora de la Facultad de Economía de la UNAM e Integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, CACEPS.
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