Ayer tuvimos en México la elección más grande de la historia. Grande por la cantidad de cargos que estuvieron en juego, no por la grandeza de sus participantes. Muchos de los involucrados fueron más bien mezquinos. Las propuestas escasearon y lo predominante fueron los ataques. No extraña en un país tan polarizado.
La ciudadanía, sin embargo, sí estuvo a la altura. Las casillas se instalaron con la ayuda de muchos mexicanos que le dedicaron tiempo a recibir capacitación primero y a atender a los electores después. A pesar de la pandemia y de la violencia que afectó brutalmente a las campañas, los votantes acudieron a las urnas. Desde muy temprano se pudo ver una gran participación en prácticamente todo el país. Se reportaron incidentes que sí lograron el objetivo de asustar a algunos, pero la mayoría pudo ejercer su voto sin contratiempos.
La nueva conformación de la Cámara de Diputados será muy relevante en un México ávido de contrapesos. Aunque todo indica que la atención en los próximos días se trasladará a las entidades en las que se eligió gobernador y se obtuvieron resultados cerrados. Seguramente vendrán las impugnaciones. Los partidos se prepararon para ello con todo un ejército de abogados.
El pronóstico asusta. Si cuando aún no cerraban las urnas ni se empezaban a contar los votos, ya había candidatos y dirigentes de partidos declarándose ganadores, no es descabellado pensar que el escenario en los próximos días será de aún más descalificaciones y mentiras.
Preocupa el clima del México postelectoral. En un país tan deteriorado por la inseguridad y que aún carga con las afectaciones económicas de la pandemia, un escenario de confrontación es peligroso. La violencia que se vivió durante las campañas fue terrible y, lamentablemente, casi todos los ataques letales en contra de candidatos siguen impunes. Hay que cerrarle el camino a los criminales. La prioridad debe ser evitar que sigan desangrando a México.
Que algunas de las elecciones terminen definiéndose en tribunales no es grave. Lo que sí es delicado es que se siga cuestionando a la autoridad electoral sin sustento. Desacreditar al árbitro primero y no aceptar la derrota después, es una estrategia que ya conocemos. El problema es que esas descalificaciones salgan desde Palacio Nacional . Eso vulnera seriamente a la democracia.