En México, la extorsión suele entenderse como un delito ligado al crimen organizado: una amenaza externa, violenta, que opera al margen del Estado. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa explicación se ha quedado corta. La extorsión adopta muchas formas, no siempre llega con armas ni con llamadas anónimas, y no siempre es evidente dónde empieza y dónde termina. A veces se presenta como una cuota, un permiso informal o una condición impuesta para poder trabajar, producir o simplemente no meterse en problemas.
Hay regiones del país en las que crimen opera una especie de “gobierno paralelo” que cobra extorsiones como si fueran impuestos. No se limita al derecho de piso, sino que regula la vida económica y social de comunidades enteras, quebrando negocios, encareciendo productos y sembrando miedo. La mayoría de las víctimas no denuncia, ya sea por desconfianza en las autoridades o por temor a represalias.
Aun con esa enorme cifra negra, hay datos que muestran que este delito ha crecido mucho en los últimos años. Las denuncias crecieron más de 23 por ciento de 2019 a 2025. Y es que la impunidad permite que extorsionar sea una actividad sencilla, constante, rentable y, en muchos casos, invisible.
¿Qué ocurre cuando quien exige no es un grupo criminal, sino una autoridad con cargo público, sello oficial y facultades legales? ¿En qué punto la extorsión deja de ser únicamente un delito y empieza a confundirse con una forma de ejercer el poder?
Ese cuestionamiento se volvió inevitable en Tequila, Jalisco. El presidente municipal, Diego “N”, fue detenido tras un operativo derivado de denuncias ciudadanas. No cayó solo el alcalde: también fueron detenidos el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento. Las acusaciones señalan que desde el propio Palacio Municipal se ejercía una presión constante contra empresarios, opositores y críticos. Las denuncias y carpetas de investigación se fueron acumulando hasta que su caída se volvió inevitable.
El conflicto con la industria tequilera expuso una frontera particularmente delicada. El alcalde sostenía que las empresas debían millones de pesos en impuestos locales; las compañías denunciaban extorsión y abuso de poder. El episodio más tenso fue el intento de clausura de una fábrica de José Cuervo por presuntos adeudos fiscales. Aunque hubo negociación y un acuerdo de pago, la denuncia penal por extorsión no se retiró. La diferencia entre cobrar impuestos y chantajear quedó poco clara.
Las investigaciones tampoco se limitaron al ámbito económico. La Fiscalía General acusó al alcalde del secuestro y tortura de dos precandidatos de Morena en 2021 para obligarlos a renunciar a la contienda interna. Algo cada vez más habitual en el país lo de usar la violencia para eliminar la competencia política.
Tras la detención del alcalde, trabajadores del sector turístico rompieron y quemaron los chalecos guindas que eran obligados a portar. Lo más grave es que debían cobrar cuotas más altas a los visitantes, así que extorsionar era parte de sus tareas como funcionarios de gobierno.
La extorsión no siempre se impone con violencia explícita. A veces llega con sellos oficiales, clausuras administrativas, impuestos descomunales o cuotas arbitrarias. Lo terrible es que los ciudadanos quedamos en total vulnerabilidad, cuando quien la ejerce es quien manda.
@PaolaRojas